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Institucionalidad “chacra”

por 5 octubre, 2016

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Insólito. Seis años de estudio, seis meses de práctica profesional, meses de cursos en la Academia Judicial, para terminar inhabilitándose por actitudes hostiles de los defensores.

Se trata de la jueza de garantía de Temuco, María Teresa Villagrán, que se inhabilitó del caso Luchsinger porque “la hostilidad o resentimiento manifestado por los abogados defensores hacia mi persona pueden hacer presumir que no me encuentro revestida de la debida imparcialidad”. Esto, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Temuco había desestimado la recusación amistosa que los mismos defensores habían presentado en su contra.

En efecto, Manuela Royo –de la Defensoría Penal Mapuche– ha acusado al fiscal del caso Luchsinger, ¡vía YouTube!, de “racista” y “discriminador”; advirtiendo, ¿amenazando?, que se realizaría una “acción” en Santiago para difundir lo que “está pasando”. La susodicha es abogada, Magíster en Derecho Penal, ha sido contratada por el Estado y destacada dentro de los 100 jóvenes líderes de La Araucanía.

Por su parte, el Fiscal Regional, Cristián Paredes, afirma que los miembros de la Defensoría Penal Mapuche han asumido una “estrategia de denostación” en contra de la Fiscalía y de los Jueces. Y tanto él como su familia se encuentran, en la actualidad, con protección policial.

Para colmo y a modo de solución, el diputado Becker y el senador Espina sugieren trasladar los juicios por ataques incendiarios a regiones distintas de aquellas donde se cometen los delitos. Para eso es necesaria, adivine qué, ¡una ley! En la vereda opuesta, el diputado Boric acaba de visitar a la machi Linconao (imputada por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay), criticando el proceso judicial que se sigue contra los 11 imputados del caso, y ha concluido el rito declarando a la Comunidad Autónoma Temucuicui como “territorio liberado”.

¿Qué significa que los fiscales necesiten de protección policial para hacer su trabajo? ¿O que otros sugieran el traslado de los juicios del lugar de la comisión de los delitos? ¿Y que el Intendente de la zona afirme que se trata de un “delito común”? Simple. Significa que las instituciones no funcionan.
  

En respuesta a esta seguidilla de abdicaciones, la idea de tomar la justicia por cuenta propia va tomando fuerza, al punto de que una de cada cinco viviendas de las zonas afectadas posee un arma legalmente inscrita.

Esas mismas armas eran las que buscaba el movimiento Lof Lleupeko-Catrileo, que se atribuyó hace pocos días el ataque en el cual murió el hijo de un comerciante (el peritaje indica que fue acribillado por la espalda, después de ser puesto de rodillas). Cabe aclarar que el joven asesinado era de origen mapuche y que el grupo en cuestión afirmó textualmente que “recurrir a métodos clandestinos y armados sigue teniendo el respaldo y la convicción de nuestra gente”.

“Dejemos que las instituciones funcionen”, diría Lagos. Pero ¿funcionan? ¿Funcionan si una jueza de Garantía se siente tan presionada como para no querer conocer de un asunto que la ley sitúa dentro de su competencia? ¿O si, en lugar de iniciar las acciones legales pertinentes frente a actitudes supuestamente discriminatorias o racistas, una abogada sube un video a YouTube? ¿Qué significa que los fiscales necesiten de protección policial para hacer su trabajo? ¿O que otros sugieran el traslado de los juicios del lugar de la comisión de los delitos? ¿Y que el Intendente de la zona afirme que se trata de un “delito común?

Simple. Significa que las instituciones no funcionan. Y lo peor, que no funcionan por temor. Significa, en definitiva, que quizá estemos más cerca del fenómeno habitualmente conocido como terrorismo de lo que muchos quieren reconocer.

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