Los resultados de la IV Encuesta Auditoría a la Democracia, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran una situación paradójica. Por un lado, la democracia sigue siendo el régimen de gobierno preferido por los chilenos (6 de cada 10 encuestados), a la vez que aumentan al doble quienes consideran que funciona mal o muy mal (de un 20% el 2012 a un 40% el 2016).
Esta paradoja se da en un contexto en el que el distanciamiento entre las elites políticas y la ciudadanía continúa acrecentándose y la identificación política baja abruptamente, alcanzando sus mínimos históricos en la serie de encuestas que se ha realizado desde 2008. Adicionalmente, los ciudadanos manifiestan que los partidos y el Congreso no los representan. Todo en un contexto en el que disminuyen los niveles de confianza, y aumenta la percepción de corrupción en todas las instituciones, tanto públicas como privadas.
Esta no es una situación nueva, es un problema que se arrastra desde fines de los 90. Como señala el Informe Auditoría a la Democracia (2014), una de las fortalezas que ha caracterizado a la democracia chilena durante las últimas décadas es su estabilidad institucional y su capacidad para entregar gobernabilidad al país. Sin embargo, esta estabilidad se ha logrado a la par de un creciente distanciamiento entre las elites y la ciudadanía. En este contexto, ¿cómo es posible encarar esta paradoja? Los resultados de la encuesta nos dan algunas pistas.
[cita tipo= «destaque»]Esta no es una situación nueva, es un problema que se arrastra desde fines de los 90. Como señala el Informe Auditoría a la Democracia (2014), una de las fortalezas que ha caracterizado a la democracia chilena durante las últimas décadas es su estabilidad institucional y su capacidad para entregar gobernabilidad al país. Sin embargo, esta estabilidad se ha logrado a la par de un creciente distanciamiento entre las elites y la ciudadanía. En este contexto, ¿cómo es posible encarar esta paradoja? Los resultados de la encuesta nos dan algunas pistas.[/cita]
Por un lado, la ciudadanía apoya cambios institucionales profundos que mejoren sustancialmente la forma como la democracia funciona. Existe amplio apoyo para una serie de reformas políticas que apuntan a mejorar la calidad de la democracia chilena. En el caso del Congreso, por ejemplo, 9 de cada 10 personas están de acuerdo con que se debería sancionar con la pérdida del cargo cuando un parlamentario se involucra en actos de corrupción. En el caso de los partidos políticos, la ciudadanía pide más democracia interna y renovación de rostros: la mayoría de los encuestados prefiere a un candidato de la zona (61%) y un porcentaje relevante prefiere a candidatos que no hayan sido electos antes (48%). En esta línea, un 76% está de acuerdo con que se debería limitar el número de veces que los parlamentarios pueden ser reelectos.
Por otro lado, apoya aumentar la participación en la toma de decisiones y la introducción de mecanismos de democracia directa. Un 65% considera muy importante que los políticos tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones. Asimismo, existe un aumento sistemático entre quienes están de acuerdo con que los plebiscitos son una buena forma de decidir asuntos políticos importantes, pasando de 56% el 2012 al 71% el 2016. Igualmente, un 81% de los encuestados está de acuerdo con que los intendentes sean electos directamente por los ciudadanos. Finalmente, 8 de cada 10 chilenos prefieren que el mecanismo para definir el cambio constitucional sea dirimido por la ciudadanía a través de un plebiscito.
El diagnóstico que se viene configurando muestra que los desafíos que enfrenta la democracia son más estructurales que coyunturales y no exclusivos de la política. En tal sentido, revertir el panorama actual requiere abordar directamente los problemas de representación, participación y legitimidad; de manera transversal y desde la sociedad en su conjunto.
