Quien no participa en una elección porque es crítico de la institucionalidad tiene mayor conciencia política que quien vota por motivos clientelares, para mantener la pega o porque desde arriba así se lo ordenan. Y más aún que quien cree que su deber solo se relaciona con votar cada puñado de años.
Pasado el tráfago que significa todo proceso electoral, con sus triunfadores, perdedores y cálculos ecuánimes y antojadizos, se reinstala la discusión sobre el voto como garantía o carga cívica. A los llamados de gran parte de la clase política y de quienes consideran que solo mediante la institucionalidad formal es posible actuar políticamente, se sumaron periodistas de todos los medios convocando a participar en lo que clásicamente se califica de “gran fiesta de la democracia”.
En un error conceptual grave, tanto candidatos como rostros y ciudadanos aludían indistintamente al voto como derecho y como deber colectivo. No comprender (o dimensionar) el abismo de diferencia entre una y otra figura es, también, un déficit grave de educación cívica. Tanto o más del que se imputa desde el establishment a ese 65 % que este domingo no concurrió a las urnas. En concreto: hicieron la pega 4,9 millones de chilenos y chilenas de un universo de 14 millones.
Preciso aclarar un punto, como una forma de evitar el manido recurso de disparar al mensajero antes que al argumento: he votado desde que me inscribí en los registros electorales y el 23 de octubre viajé expresamente desde el sur de Aysén a Coyhaique para ejercer lo que entiendo como un derecho. Uno que puede pasar a deber solo bajo determinadas condiciones. Que no son las actuales, por cierto. Y ese es el punto central de esta discusión, porque hoy por hoy no creo corresponda obligar a votar a quien no quiere hacerlo.
En esas “determinadas condiciones” que no son las vigentes se incluye un entramado no inclusivo ni democrático. Las leyes que sustentan nuestro sistema político institucional carecen profundamente de credenciales democráticas, pasando por el ínfimo financiamiento para las fuerzas emergentes que logran inscribirse, la posibilidad de realizar campañas por parte de los incumbentes (en Aysén un 70 % de los alcaldes fue reelecto), lo ausencia de límites a la reelección y que determinadas divisiones político-administrativas no tengan la posibilidad de formar sus propias entidades políticas: gracias al ex ministro Jorge Burgos la existencia de partidos eminentemente regionales acordada como condición para aprobar el fin al binominal fue borrada de un plumazo en abril de este año.
Y, por cierto, la falta de legitimación ciudadana del sistema político al estar amarrado a la sobre representación de ciertos sectores. Aunque más de alguno dirá que en las municipales no existe la binominalización al operar bajo el sistema D’Hondt (o de cifra repartidora), la verdad es que Chile sigue siendo un país binominal por la importancia que los legisladores tienen tanto para la dictación de leyes como para la conformación de fundamentales instituciones (Corte Suprema, directorio de TVN, consejeros del Banco Central, Fiscal Nacional, miembros del Tribunal Constitucional) y para la designación de los principales cargos en el aparato gubernamental a todo nivel.
Más aún, la influencia del llamado duopolio (cada vez más parecido a monopolio, gracias a su constante convergencia economicista y antropocéntrica) trasciende el Parlamento y se instala en las campañas. Tal es lo que se ha ido intentando quebrar desde fuera de esta jaula política. Tarea difícil claro está, pero el impresionante salto cuantitativo de los candidatos a alcaldes independientes muestra que la vía paralela tiene posibilidades de ser enrielada en un movimiento político peso. De 35.791 votos (0,62 %) en 2012 pasaron a 824.178 (17,36 %) en 2016.
Aunque habría que realizar un estudio exhaustivo para saber los motivos de la alta abstención electoral (incluido los problemas del padrón), claro es que no es posible generalizar para alzarse con un discurso cívico de corte moralista al respecto. Así como no es posible encasillar a todo el y la no votante bajo mote de homo politicus, tampoco corresponde acusarlos a todos y todas de flojos e irresponsables.
Quien no participa en una elección porque es crítico de la institucionalidad tiene mayor conciencia política que quien vota por motivos clientelares, para mantener la pega o porque desde arriba así se lo ordenan. Y más aún que quien cree que su deber solo se relaciona con votar cada puñado de años.
Claro está que existe un tropel que no vota por modorra o desinterés en lo público, pero hay muchos otros que lo hacen porque están en desacuerdo con el sistema político/electoral vigente en Chile y participan en otros espacios colectivos. Votar en una elección es importante, pero no la única forma de hacer política. Por algo existen las democracias representativas, directas y participativas.
Por eso al escuchar a algunos actores políticos recordar que cuando aprobaron el voto voluntario creían que existía mayor conciencia cívica, da la impresión que los responsables de la crisis de representatividad actual no hubieran entendido nada. Lo mismo cuando un consejero regional extiende como argumento su respeto por el abuelito que sí fue a votar, sin hacer un alto para dilucidar si el ciudadano lo hace porque quiere algo mejor para su comuna, solo por costumbre o porque estima que con su voto paga la canasta familiar que el concejal o candidato le entregó en buena onda. Es tal un ejemplo del típico del populismo institucional clientelar que nos tiene como estamos.
Es tal el vacío de contenido en esos coros generalizados a votar «porque hay que hacerlo». Más aún cuando en la práctica no votar, votar en blanco y nulo también aporta por omisión a que salga uno de los que va en la papeleta. Sea quien sea. Y, a estas alturas, con la desfachatez rampante que vemos no estoy tan claro que si ese 65 % de abstención fuera un 65 % de nulos y blancos la elite acusaría el golpe. Tendría menos argumentos, claro está, pero aún podríamos escuchar frases del tipo “bueno, salieron los que la gente eligió, el que no escogió a alguno no tiene derecho a reclamar”.
Solo cuando el sistema sea realmente inclusivo y democrático, además de legitimado luego de una Asamblea Constituyente, el voto debiera ser una carga cívica. Porque será parte de un acuerdo nacional y no de una imposición.
Y como expresé en un posteo –bosquejo de este artículo- esta no es una queja catártica. Es una opinión política. Quien no lo comprenda que siga votando solo porque hay que hacerlo o porque es una linda tradición. Cambiar ahora del voto voluntario al obligatorio responsabilizando solo a los ciudadanos y no haciéndose cargo del edificio en el ojo propio, es simplemente cambiar de sillón.
