Señor Director:
Celebradas las elecciones municipales, llama la atención que el abstencionismo electoral sea un fenómeno que crece incrementalmente respecto de los procesos anteriores. Según datos del SERVEL, la participación cayó 10 puntos porcentuales respecto de las elecciones municipales de 2012, la primera con voto voluntario. Es decir, en la jornada del pasado domingo 23 de octubre, sufragó apenas un tercio de los electores habilitados. Es evidente que se trata de un problema grave. Ninguna democracia puede funcionar sin el respaldo de sus ciudadanos. La baja participación produce irremediablemente un problema de legitimidad, consistente en que pocos terminan decidiendo el destino de muchos, escenario en el que estos últimos profundizan su alejamiento con las instituciones del Estado.
Este panorama ha revivido la discusión sobre el restablecimiento del sufragio obligatorio. No es necesario un análisis muy profundo, para concluir que el voto obligatorio es una medida idónea para recudir los niveles de apatía electoral: es obvio que la amenaza de una sanción, será un estímulo suficiente para que mucha más gente concurra a los locales de votación. De forma coadyuvante se puede pensar en otras medidas que faciliten la participación, por ejemplo, el voto electrónico a distancia. Probablemente, ante este escenario, avanzar en este sentido sea lo más sensato. Pero no hay que perder de vista, que se trata de medidas que únicamente se hacen cargo de los síntomas y no de la raíz del problema.
Una manera frecuente de presentar un diagnóstico al respecto, es vincular la causa a prácticas enquistadas transversalmente en lo más profundo de nuestra clase política. Caudillismo, elitismo, conflictos de intereses, financiamiento irregular, son solo algunas de las patologías que han contaminado nuestras instituciones. Desde esta perspectiva, son bienvenidas varias de las reformas recientes al sistema político, en materias como: partidos políticos, financiamiento electoral y transparencia. Sin embargo, más reglas, prohibiciones y exigencias para la política profesional, son solo una parte de la solución. Pensar que todo esto es culpa exclusiva del otro es una forma reduccionista de ver las cosas. Después de todo, en una sociedad libre cualquiera podría llegar a ocupar un cargo de elección popular.
A mi juicio, esto no es más que una manifestación de lo mucho que nos cuesta vivir en una democracia. Ello explica por qué, no pocos funcionarios públicos se sirven de su cargo para satisfacer intereses particulares, pero también por qué muchas manifestaciones organizadas por movimientos sociales terminan violentando los derechos de otras personas, y desde luego, por qué tanta gente se queda en casa haciendo cualquier cosa sin importancia el día de las elecciones. Es que probablemente aún estamos padeciendo las consecuencias de la que fue la dictadura más cruel de nuestra historia. Según Hannah Arendt, una de las estrategias de los gobiernos tiránicos fue la de reducir a los seres humanos a la condición de aislamiento propia del animal laborans, a través de la disolución de los lazos que se forman entre las personas. Salir de esta situación exige una refundación de lo público, cuestión que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.
En una democracia, las libertades políticas como el sufragio, se relacionan con uno de los aspectos esenciales de la condición humana: la posibilidad de decidir nuestro propio destino, en conjunto con los demás. Ello es así porque esa empresa solamente se puede llevar a cabo en compañía de los otros, fuera de la comunidad, la idea de libertad pierde todo sentido. Esta idea republicana se opone a otra concepción sobre la libertad, tan defendida por la dictadura, que precisamente invoca la libertad con el objeto de romper los lazos con la comunidad, bajo la promesa de la absolutización de los derechos de propiedad y privacidad.
Desgraciadamente, parece que la manera más usual de relacionarnos hoy en Chile, es invocando nuestros derechos de propiedad, del consumidor, del estudiante, etc., lo que equivale a dar un golpe en la mesa, frente a lo cual nuestro interlocutor no tiene más remedio que claudicar. Evidentemente, esa lógica puede tener sentido en determinados contextos, pero cuando se trata de asuntos de interés general, es claramente un error, dado que el derecho a quedarnos un domingo frente al televisor con una botella de gaseosa y un paquete de papas fritas se decide, en última instancia, en las urnas. En definitiva, es también nuestro propio egoísmo, falsa e interesadamente alimentado por la ilusión de lo absoluto, lo que explica la trivialización de la política creyendo que ésta es inservible. La verdad de las cosas, nada más equivocado. Como decía Arendt sobre esto último: “el derecho más importante es el derecho a tener derechos, lo que solo es posible dentro de los muros de la Polis, fuera de la cual existe únicamente el desierto”.
Felipe Ignacio Paredes Paredes, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile
