Señor Director:
Recientemente, ante la subcomisión mixta de Presupuesto, el ministro de Justicia descartó la posibilidad de aumentar el Presupuesto destinado a la subvención de las residencias colaboradoras de Sename.
El Senador Patricio Walker ha insistido en la necesidad de aumentar en un 30% el reajuste de la subvención para el próximo año, recurriendo eventualmente a una reasignación de recursos. Existen numerosos diagnósticos que han dado cuenta de la situación crítica en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que han sufrido una vulneración de derechos y se encuentran en cuidado residencial. Si bien hemos expuesto por ya varios años las debilidades del sistema de protección, hoy más que nunca conocemos en mayor profundidad sus efectos con serias negligencias.
Durante estos meses hemos sostenido un intenso debate en torno a la necesidad de mejorar los estándares de desempeño de las residencias, la calificación del personal, la implementación de programas de re vinculación familiar, así como también los elementos básicos de infraestructura, disminución de las condiciones de hacinamiento, un adecuado espacio terapéutico y la defensa jurídica de los niños y de sus familias frente incluso el mismo Estado vulnerador. También se ha relevado que la protección efectiva implica la participación de otros ministerios como Interior, Salud y Educación, cuya falta de coordinación deriva en la mantención de importantes brechas que hacen imposible cualquier esfuerzo serio por la reinserción o la rehabilitación.
Cuando vemos en las dos áreas de Sename: en Protección la persistencia de graves negligencia y, en Justicia: bajo la Ley Penal Adolescente, los altos niveles de reincidencia y quebrantamiento, no cabe sino cuestionarnos si queremos cambiar esta realidad o el frágil sistema es una caricatura instalada en nuestra conciencia para creer que hacemos lo mejor posible. Permítame decirle que no es así. No estamos haciendo lo mejor, ni siquiera el mínimo posible.
Un presupuesto 2017 que responde con prioridades equivocadas no es coherente al mayor esfuerzo. Año tras año, cientos de millones de dólares van a programas que han sido evaluados insatisfactoriamente, dando cuenta que el Estado no necesita un presupuesto expansivo para cumplir, sino ser más eficiente, actuar con evidencia, midiendo resultados y poniendo los incentivos correctos para que se logre el máximo bienestar posible para nuestros niños.
Demandamos de mayor compromiso intersectorial con nuestra infancia, no solo de ministerios y de servicios, sino también de los tribunales y jueces, necesitamos programas de reunificación familiar, estructuras de apoyo en las comunas, de reparación y rehabilitación familiar, especialistas para el trabajo con los niños y sus familias. ¿Proyectos de Ley?, por cierto, pero bien hechos, que se hagan cargo de dar el marco institucional para estas y otras necesidades, y mientras tanto no podemos seguir diciendo que No a los Niños, no podemos dejarlos – una vez más- en los márgenes de la política pública. Ya no es posible, conocemos esta realidad como probablemente nunca antes y somos responsable del futuro de generaciones.
