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Ética y función pública

Por: Gustavo Adolfo Cárdenas, Licenciado en Ciencias Jurídicas


Señor Director:

Me permito discrepar de lo planteado por doña Loreto Silva en columna publicada en El Mostrador.

Sostiene la columnista que “en la vida pública el único estándar exigible es la ley”, para luego aludir a fases históricas en que impulsados por “… iluminados, censores y jacobinos” “… se procesaron, torturaron y condenaron personas por el solo hecho de ser percibidas y apuntadas como pecadoras”. El foco de este análisis no es correcto, dado que está circunscrito sólo a los alcances jurídicos de la conducta de las personas que desempeñan cargos públicos. Quizá desde ese limitado punto de vista la columnista pudiese tener un atisbo de razón. Pero la realidad no es tan escueta. Sucede que la conducta de las personas, y de manera muy especial la de las autoridades públicas, tanto las que ocupan cargos en la administración del Estado como quienes lo hacen en instancias del sector privado con alta externalidad e impacto social, tiene que sujetarse a una ética mínima socialmente compartida, intersubjetiva, que tiene un substrato de valores más fundamental, estructurante y permanente que una determinada legislación o norma positiva.

Ese substrato ético se encuentra en la base misma de lo que constituye a la sociedad y orienta la convivencia; lo que inspira a la comunidad nacional, lo que permite que un pueblo tenga sentido de pertenencia y sienta que comparte la herencia de un pasado, un presente ingente y desafiante, y un cierto destino.

Entonces, una autoridad pública debiera intentar interpretar estos elementos que configuran la identidad de la sociedad, y ordenar su conducta pública y el desempeño de sus funciones a las exigencias que de ellos se derivan. En este sentido, la ley, aun siendo la manifestación de la voluntad soberana, como acertadamente apunta la columnista, cuyo imperio representa una fase civilizatoria avanzada en el fatigoso decurso histórico de la humanidad, viene a ser un baremo estrecho e insuficiente como estándar para quienes desempeñan funciones en la vida pública.

Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Licenciado en Ciencias Jurídicas

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