Señor Director:
Producto de las renuncias de los periodistas Abraham Santibáñez y Patricia Politzer al Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS), el organismo que reúne a la ANP, Archi y Anatel replicó en una carta publicada por El Mostrador, señalando que en todo momento apoyaron la gestión del Consejo.
Sin entrar a debatir el fondo de lo expresado por la entidad colegiada, queremos referirnos a uno de los planteamientos públicos: “Sólo nos resta agradecer a todos y cada uno de los profesionales y académicos que han integrado el Consejo de Ética en estos 25 años, contribuyendo a la fecha con 206 resoluciones doctrinarias a orientar el quehacer de medios y periodistas en nuestro país».
Como la principal organización que reúne a los periodistas del país, queremos aclarar que son los órganos éticos del Colegio de periodistas de Chile los que, tras décadas de pronunciamientos y fallos emitidos luego de la promulgación de la Carta Ética en 1963, los que han dado orientaciones a los profesionales del área. Más aún, cuando como bien ha quedado demostrado en el caso de la revista Qué Pasa, es muy difícil que la Federación de Medios de Comunicación obvie los intereses de sus propios asociados, que son las empresas periodísticas, con la especificidad económica que tal figura conlleva.
Sobre lo planteado por Patricia Politzer y Abraham Santibáñez, queremos complementar en el sentido que, con los actuales niveles de concentración mediática de Chile y la participación de sus principales propietarios en otros sectores productivos, es extremadamente compleja la autorregulación de las propias empresas. Ante esto, es un imperativo fortalecer el rol social del periodismo y de los tribunales de ética periodística.
Como orden profesional insistimos en la necesidad de que el Ejecutivo restablezca la suma urgencia a la tramitación del proyecto de Ley de Colegios Profesionales, que devuelve a éstos el carácter de corporaciones de derecho público a cargo de la tuición ética sobre quienes ejercen determinada profesión.
Y, como tarea mayor, es imprescindible instituir el derecho a la comunicación en la Constitución, en sus componentes de libertades de expresión y prensa, y garantía de acceso a la información. Tal acción, estimamos, abrirá el camino para fortalecer el rol de los medios de comunicación en Chile y, así, tener una sociedad más pluralista, diversa y democrática.