Nuestra Universidad de Concepción está próxima a cumplir 100 años de vida (2019). Surgida producto de la visión e impulso de la comunidad penquista, la tercera Universidad del país y la principal casa de estudios del sur de Chile, ha tenido que sortear un sinnúmero de barreras desde su nacimiento. Desde la reticencia del poder central y las autoridades de la época para su puesta en marcha, pasando por el tema del financiamiento, hasta los oscuros días de la intervención militar. Sin embargo, el trabajo mancomunado de su comunidad, ha permitido salir adelante, especialmente en aquellos momentos en los cuales las vicisitudes la han acechado. Acontecimientos que en muchos casos han tenido relación con el trato que el propio Estado le ha dado a la Universidad.
Si bien la Universidad es una corporación de derecho privado, son dos los elementos que no se pueden obviar a la hora de situar a nuestra casa de estudios como una institución que cumple con todos los estándares de calidad, ser una Universidad completa y compleja y de innegable compromiso público. En primer lugar cabe señalar el contexto en el cual surgió. Ya habíamos señalado la burocracia política de la época que tuvo que enfrentar el proyecto de crear una Universidad. Ante ese escenario Virginio Gómez, decidió no seguir esperando el “beneplácito” del Estado y en una decisión sin lugar a dudas atrevida, desafiante, pero sobre todo visionaria, tomo la decisión de iniciar sus actividades. De ahí en adelante, el camino fue sin retorno. Antes ese escenario, al Estado no le quedó otra alternativa que reconocer legalmente la constitución de la casa de estudios.
En segundo lugar, no se trataba simplemente crear una Universidad centrada en la docencia. No pasaron muchos años cuando se dio inicio a la labor de extensión, investigación y perfeccionamiento académicos que luego se transformaría en el postgrado. En otras palabras, la Universidad asumía en plenitud una función pública. Este punto no es menor, especialmente cuando en los últimos años y meses se ha puesto en discusión el rol público de las instituciones de educación superior o bien si lo público es lo mismo que estatal. Para los más “puristas”, lo público se reduce simplemente a aquello que dice, se relaciona o pertenece al Estado. En palabras sencillas, las únicas Universidades públicas serían aquellas que han sido fundadas por el Estado. Lo anterior, constituye un reduccionismo o bien una mirada binaria de las casas de estudios de educación superior. En ese sentido habría que precisar algunos aspectos. En primer lugar, no se puede desconocer la historia e importante función que han cumplido instituciones como la Universidad de Chile, Valparaíso, Usach o Bio-Bío por señalar algunas. En segundo lugar, existen instituciones que producto de un determinado contexto, han nacido producto del impulso de la comunidad local, es el caso de la Universidad de Concepción. En otras palabras, quienes dieron vida a nuestra Universidad, no fue ninguna empresa, industria, congregación religiosa o particular, fue el trabajo de ciudadanos comprometidos con los valores republicanos, cívicos y públicos del país, asimismo impulsores de los valores de la libertad, pluralismo y la tolerancia. Por lo tanto en esencia, la Universidad no tiene nada que envidiar a las otras casas de estudios instituidas por el Estado.
Y en tercer lugar, si bien la institución tiene legalmente el carácter de Corporación de Derecho Privado, no es homologable o comparable con aquellas Universidades fundadas con posterioridad a 1981. Es más, decir que nuestra Universidad es privada o similar a la Universidad del Desarrollo, Los Andes, Santo Tomás o Andrés Bello por ejemplo, es simplemente una ignorancia supina o una grosera falta de respeto.
De ahí entonces que la noticia de la reciente acreditación institucional por 7 años, no sólo viene a poner justicia y las cosas en su justa dimensión en cuanto reconocer por parte del Estado la labor y función histórica/pública de nuestra Universidad, sino también constituye un acto de la más alto reconocimiento sobre lo que hemos realizado durante estos casi 100 años de vida.
No se trata de hacer comparaciones odiosas, pero resultaba extraño o llamativo (por decirlo de alguna manera) que en el primer informe se nos asignara 6 años de acreditación, mientras que a la Universidad de Chile y Universidad Católica le dieran 7. Tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿en qué aspectos o variables somos menos que dichas instituciones? Quizá lo único que desequilibra la balanza sea que nosotros estamos fuera de Santiago, con lo cual la “competencia” se hace aún más adversa y desfavorable. Sin embargo y por eso mismo, es que la acreditación (luego del recurso de reposición) que hoy día se entrega por 7 años, tiene un mérito aun mayor, como es hacer academia desde regiones (donde siempre cuesta un poco más) y pertenecer a una de las tres principales Universidades del país. Si eso no es tener un compromiso histórico con lo público, entonces que alguien nos explique lo contrario.
Si bien la acreditación por 7 años constituye una gran noticia para toda la comunidad universitaria, al mismo tiempo nos plantea nuevos desafío en cuánto gestión, docencia, investigación y extensión. Tarea que no solo compete a las autoridades, léase rector y su equipo directivo, sino también a todos aquellos organismos y espacios que de una u otra manera bregan y trabajan desde sus particulares espacios por mejorar el quehacer universitarios. La Federación de Estudiantes, centros de alumnos, asociaciones de académicos, sindicatos, agrupaciones que han surgido en el último tiempo con el objetivo de pensar la Universidad, así como los académicos/as, estudiantes y funcionarios tenemos el compromiso y responsabilidad de hacernos cargos de este proceso, pero sobre todo mantenerlo y fortalecerlo con el tiempo.
En consecuencia, universitarios arriba, arriba de pie!!!
