Señor Director:
Un niño de 13 años muere en medio de torturas producto de la acción de familiares de una niña de 5 que habría sido, a su entender, abusada por él y que sin embargo, los primeros peritajes descartan en ella huellas de agresión sexual.
El caso sin duda presenta varias aristas que nos golpean con fuerza.
Nuevamente la infancia termina pagando brutalmente el costo de distintos sistemas que colapsan a la hora de protegerla. Un Sistema que no ha sido eficiente en disminuir factores de riesgo y en revincular a los niños en contextos familiares positivos, ni de garantizar su acceso a la salud mental.
Con cerca de la mitad de las causas que se archivan (llegando en algunos tipos de delito a cifras cercanas al 80%) existe en la población la convicción que la Justicia no repara ni es oportuna.
Hoy bajo la Ley Penal Adolescente hay niveles altos de quebrantamiento y la reincidencia a 2 años supera el 50%. En el sistema penitenciario adulto más de un 60% reincide antes del tercer año, tasa que es más baja y de menor costo en el sistema de penas alternativas.
Analizando estos aspectos se puede concluir que, no obstante los marginales descensos en los niveles de delincuencia de este último año, persistirá en la ciudadanía la creencia que la Justicia no está cumpliendo su rol.
Finalmente quienes pagan las consecuencias de políticas públicas ineficientes, no articuladas, de programas sin evidencia, de la falta de especialización, de presupuestos insuficientes y tantas otras debilidades de nuestro sistema de justicia, protección y reinserción, son precisamente los más débiles, nuestros niños en mayor vulneración, a quienes además como sociedad estigmatizamos, culpamos, perseguimos, discriminamos.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
