En septiembre de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba el envío al Congreso, “con suma urgencia”, de un proyecto para derogar la Ley de Amnistía de 1978. Un año después, en octubre de 2015, y en cadena nacional, la Mandataria comunicaba al país que se iniciaba el proceso constituyente para cambiar la Constitución. ¿Qué tienen en común ambos anuncios? Que no son ciertos, solo se trataba de marketing político, ese modo tan particular que tiene la elite de hacer política y de hablarles a la ciudadanos. Populismo, podríamos decir.
En cuanto a la Ley de Amnistía de 1978, el proyecto de ley ingresó el 10 de diciembre de 2014 al Senado, desde donde algún día debería pasar a la Cámara. El Ejecutivo le ha quitado más de una decena de veces la urgencia. La última vez lo hizo justamente en el simbólico mes de septiembre (de 2016), cuando le retiró toda urgencia. Así las cosas, al día de hoy ni siquiera tiene urgencia simple y podría permanecer de ese modo otros cuantos años más.
[cita tipo=»destaque»] Por supuesto, nada de lo anterior ha ocurrido. Ni tiene suma urgencia el proyecto para derogar la Ley de Amnistía (de hecho, no tiene urgencia alguna, ni simple), ni ha ingresado al Congreso el prometido proyecto de reforma constitucional. Además, como no ha ingresado, la promesa de que “la decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017” tampoco se cumplirá.[/cita]
Respecto a la promesa de cambiar la Constitución, la Presidenta señaló el 2015 en cadena nacional que “a fines del 2016 enviaremos al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental”. Agregó que «propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución». Las 4 alternativas de aprobación de la nueva Constitución podrían ser: Comisión Bicameral, Comisión Constituyente Mixta (ciudadanos y parlamentarios), convocar a AC o convocar a plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie acerca de las 3 anteriores.
Por supuesto, nada de lo anterior ha ocurrido. Ni tiene suma urgencia el proyecto para derogar la Ley de Amnistía (de hecho, no tiene urgencia alguna, ni simple), ni ha ingresado al Congreso el prometido proyecto de reforma constitucional. Además, como no ha ingresado, la promesa de que “la decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017” tampoco se cumplirá.
Respecto de la reforma constitucional, vale la pena recordar que tanto la Encuesta de Desarrollo Humano de 2013, la Adimark de 2014 (junio) como el Informe del PNUD 2015 demuestran que se trata de la más valorada y demandada reforma entre la ciudadanía, con persistencia en el tiempo. De hecho, fue una de las principales promesas de campaña de Bachelet. Pero –siguiendo la definición que la propia elite le da a ese término– era solo populismo .
La persistente demanda ciudadana por cambios profundos desafía a la elite. Sabe, la elite, que debe responder, pero no sabe cómo hacerlo, pues no está dispuesta a romper huevos y tocar poderosos intereses. Así las cosas, cree que la mejor manera de reaccionar es acudiendo al marketing político, apostando por la videopolítica y la telerrealidad. Por lo mismo, no logran ejercer ninguna conducción de los procesos sociales en curso, pues hace rato que la ciudadanía le cree más a la experiencia social concreta y cotidiana que a la tele y a la comunicación estratégica. O, dicho de otro modo, hace rato que los ciudadanos operamos con estructuras de pensamiento y de clasificación de la realidad distintas a las de la elite. Que no se cumpla lo que se ofrece solo aumenta esa brecha de sintonías.
