Sobre los dramáticos incendios, que en estos días han afectado la zona centro sur de Chile, poco hay que decir o reprochar a las instituciones como bomberos, CONAF y otras que deben lidiar con la emergencia. Sin duda han hecho sus mejores esfuerzos para detener esta lamentable catástrofe, pero como hemos visto, no es suficiente. No es suficiente tener personas dispuestas a dar la vida por salvar otras, o evitar que se quemen miles de hectáreas de vegetación nativa. El problema es más de fondo y poco digno de un país de ingreso alto y miembro de la OCDE. Porque nos guste o no a la hora de la emergencia seguimos siendo un país tremendamente desigual y lleno de precariedades.
En mi opinión, el problema fundamental que nos lleva una y otra vez a afrontar situaciones catastróficas, que tienen altos costos económicos, humanos y en biodiversidad para el país, es la ausencia de políticas públicas, realmente financiadas, que sean capaces de atender la complejidad de los fenómenos que Chile recurrentemente enfrenta ( incendios, terremotos, tsunamis, aluviones, sequias, nevazones, etc). Pero no estoy solamente hablando que debemos tener recursos para hacer frente a la emergencia, nuestras autoridades y en especial los Ministerios de Interior y Hacienda deben aprender que es importante invertir en prevención, fiscalización y diseño de infraestructura adecuada.
Si analizamos la problemática asociada a incendios forestales podemos identificar un conjunto de factores que deberían ser considerados para el diseño de políticas públicas adecuadas. Por una parte está el fenómeno del calentamiento global, el cual tiene directa relación con las condiciones climáticas que afrontamos, es decir periodos largos de sequía, aumento de temperaturas, temporadas estivales más prolongadas. Este debería ser entendido como el telón de fondo sobre el cual hay que trabajar. Y para ello contar con planes y acciones de adaptación al cambio climático, que cuenten con financiamiento para su implementación, resulta ser un elemento clave en un país como el nuestro. No podemos seguir pensando que el próximo año o el siguiente todo va a volver a la normalidad. Los cambios en el clima están ocurriendo y no desarrollar o implementar acciones que nos permitan enfrentar de mejor manera escenarios cambiantes, es francamente no entender nada. Debemos tener presente que los cambios en el clima que está teniendo el plantea y nuestro país son impredecibles en su recurrencia, velocidad y magnitud. Pero sin duda si nos preparamos se pueden afrontar de mejor manera.
[cita tipo=»destaque»]Por ello resulta evidente que si queremos disminuir al menos la magnitud de los incendios forestales, sean estos en el radio periurbano, en zonas rurales o en áreas protegidas, no solo se debe tener más dotación de personal y equipamiento, también hay que tener instituciones fiscalizadoras con capacidades reales de realizar su labor, pues está visto que algunos no van a cumplir lo que les exige la ley o las regulaciones vigentes.[/cita]
Esto no quiere decir que cada vez que hay un incendio responsabilicemos al cambio climático, este es solo el marco a considerar para diseñar e implementar acciones. Tan importante como esto es revisar cuáles son y qué pasa con las instituciones encargadas del combate de incendios. Por una parte está bomberos que como todos sabemos es una entidad con mucho profesionalismo pero con personal voluntario, ellos se encargan básicamente de lo que ocurre al interior de las ciudades o zonas urbanas, aunque como hemos visto en estos días han debido lidiar con incendios en zonas periurbanas y rurales. Por otra parte esta CONAF (corporación de derecho privado que administra fondos públicos) que es la encargada del combate de incendios forestales, la cual para el año 2017 en su programa “manejo del fuego” cuenta con un presupuesto del orden de 26 mil millones de pesos, lo que dada las situaciones probablemente es totalmente insuficiente.
Para quienes nos preocupamos por estos temas, resulta evidente que CONAF vive en una continua situación de precariedad de la cual son parte los brigadistas encargados de combatir incendios, así como el personal técnico. Si bien en los últimos años se ha mejorado la capacidad de respuesta, ha aumentado la dotación de aviones y el equipamiento en general, esto claramente no es suficiente, como tampoco lo es la dotación de personal y las condiciones en que estos deben desempeñar sus labores. Y es que el problema tiene otras aristas, la duración de la temporada de incendios, las olas de calor que afectan al país, pero también la nula inversión en prevención. Esto queda más que claro, cuando vemos la glosa presupuestaria para “manejo de fuego” además sabemos que Chile no cuenta con una ley de prevención y combate incendios.
Sabemos que, varios de los incendios de los cuales que hemos sido testigos en los últimos años, probablemente hubiesen tenido una magnitud menor si hubiese existido algún grado de acciones de prevención por parte de diversas autoridades. Por ejemplo, si no hubiese existido una gran cantidad de basura acumulada en las quebradas de Valparaíso, o como pareciera ser con el reciente incendio de Pumanque si las empresas eléctricas cumplieran con la normativa que les obliga a mantener franjas de resguardo libres de vegetación bajo los tendidos eléctricos, o como en el caso del relleno Santa Marta que recibió más basura de la autorizada por su permiso ambiental. Entonces cabe preguntarnos ¿Cuál es la autoridad que debe velar porque las quebradas estén libres de basura, o debe ocuparse que se cumplan las normativas ambientales y eléctricas? De verdad la respuesta es confusa, pues para unos casos debe ser la Superintendencia del Medio Ambiente, en otros la Superintendencia de electricidad y combustibles, también aparece la autoridad sanitaria, pero en el caso de las quebradas la situación es menos clara aun ¿El municipio, la gobernación, la intendencia?
Por ello resulta evidente que si queremos disminuir al menos la magnitud de los incendios forestales, sean estos en el radio periurbano, en zonas rurales o en áreas protegidas, no solo se debe tener más dotación de personal y equipamiento, también hay que tener instituciones fiscalizadoras con capacidades reales de realizar su labor, pues está visto que algunos no van a cumplir lo que les exige la ley o las regulaciones vigentes. Pero no basta con fiscalizar adecuadamente, también hay que prevenir, y esto es invertir en educar a la población, a las autoridades locales, invertir en infraestructura adecuada, invertir en forestación nativa, frenar el avance de la desertificación, evaluar cuál es el ancho que deben tener los cortafuegos en distintos lugares, en fin… Muchas, pero muchas acciones que el país no está realizando.
Sin duda, las reflexiones sobre estos devastadores incendios darán para mucho, desde el aprovechamiento de algunos políticos o técnicos para salir en la prensa, hasta sinceros aportes. Pero en mi opinión debemos ser modestos y enfocarnos en una sola cosa, lograr que las instituciones, que tiene que hacer “la pega” cuenten con los recursos humanos y financieros para hacerlo. Es hora que el Ministerio de Hacienda entienda que es más barato prevenir, contar con equipamiento y más dotación de personal capacitado, que actuar en estado de emergencia.
