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Cuatro mitos que derribar para debatir sobre la nueva educación pública

Ariel Ramos
Por : Ariel Ramos Investigador de política educativa
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La semana pasada, la comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de Nueva Educación Pública. ¡Enhorabuena! Después de seis meses durmiendo en el Congreso, podemos retomar la discusión sobre la educación pública que el país necesita.

La educación pública es el lugar para privilegiar intereses colectivos, locales e integradores. Por excelencia, es el espacio para el encuentro y la mezcla, en el que se garantiza a cada niño, niña y adolescente el derecho a educarse. Es la manera en la que es posible anclar nuevas formas de convivir con otros. Por eso necesitamos un debate serio y con alturas de miras. Aquí nos jugamos un nuevo Chile.

Contrario a lo que han planteado algunos sectores, el proyecto que crea una nueva institucionalidad para la Educación Pública (compuesta de una Dirección Nacional de Educación Pública, Servicios y Consejos Locales de Educación con participación de la comunidad) promueve que los actores y organismos locales decidan qué tipo de educación quieren para su territorio.

Además, entrega recursos adicionales, dota al sistema de una estructura para hacerse cargo de la administración y otorga apoyos técnico-pedagógicos, que permitirán mejorar la calidad de la educación con pertinencia territorial.

[cita tipo=»destaque»]Ad portas de la discusión del proyecto en la Sala del Senado, nos preocupa cómo algunos sectores intentan instalar en el debate mitos para confundir respecto de la discusión de fondo del proyecto.[/cita]

Es importante que en contextos democráticos el debate sea con transparencia y honestidad. En tiempos donde reinan la desconfianza y la desafección política, es fundamental opinar de manera constructiva. Ad portas de la discusión del proyecto en la Sala del Senado, nos preocupa cómo algunos sectores intentan instalar en el debate mitos para confundir respecto de la discusión de fondo del proyecto. Ante esto, creemos fundamental reforzar cuatro puntos:

1.- El proyecto sí contribuye a una educación pública descentralizada: recordemos que la unidad elemental de este proyecto son los Servicios Locales de Educación (SLE), 68 en todo Chile. Estos servicios contarán con un consejo local (compuesto de diversos actores locales, entre ellos alcaldes) y su misión será proveer el sentido de pertinencia local y pronunciarse sobre los enfoques y la oferta de educación que el servicio promoverá en función de las necesidades locales. El rol de la Dirección Nacional será más bien de carácter coordinador.

2.- La actual administración municipal no resiste más: ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, quienes defienden la municipalización plantean que este es el modelo en los países en que hay mejores resultados en educación. Sin embargo, no se reconoce que ejemplos como Canadá o Finlandia poseen características muy diferentes a Chile: son contextos más igualitarios, descentralizados y con administraciones altamente profesionalizadas. Al mismo tiempo, en esos países existe una alta valoración de la educación pública y su matrícula es superior al 85%. En Chile, la matrícula pública apenas alcanza el 35%.

3.- No basta con aumentar recursos: el argumento de que “para que algo mejore, se requieren más recursos” es viejo y trata con liviandad a la educación pública. Una nueva institucionalidad asegurará un “giro único en educación”, orientando todos los esfuerzos hacia la provisión de un servicio de educación de calidad con equipos de trabajo especializados. Nadie discute que aumentar los recursos ayuda, pero si vamos a tocar este tema, hablemos en serio. De nada sirve poner más plata en este saco roto que es el actual sistema de voucher, se requiere de un cambio en el sistema de financiamiento, implementando fondos basales que garanticen el funcionamiento de las escuelas y modifiquen la lógica de competencia en que viven.

4.- Los alcaldes mantendrán el rol educativo en sus comunas: Los municipios y jefes comunales seguirán teniendo un rol clave en el devenir de la calidad de la educación de sus comunas. Si bien cambia su responsabilidad jurídica de provisión y de administración de recursos, toda acción que quieran seguir aportando para la educación comunal será requerida, ya que participarán directamente en los Consejos, podrán apoyar con recursos e incluso podrán potenciar redes con otros actores que enriquezcan el proyecto educacional.

Reiteramos el llamado a las autoridades y representantes a seguir el debate con la importancia que requiere, pensando en las necesidades de nuestro sistema escolar, haciéndose cargo, de una vez por todas, de la responsabilidad histórica de garantizar la educación pública que Chile merece.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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