Entre quienes nos dedicamos a estudiar la delincuencia o a trabajar en las instituciones vinculadas al crimen es común enfrentarse con el discurso de que los esfuerzos públicos deben centrarse en generar programas de rehabilitación para infractores de ley. Este discurso, de que los presos necesitan programas psicológicos, educacionales y vocacionales, fue hegemónico durante el apogeo del estado social norteamericano en los años sesenta. Las críticas contra esta forma de enfrentar la delincuencia son variadas. Algunos han dicho que los programas son altamente ineficientes y que significan un costo altísimo para los presupuestos estatales. Otros han sostenido que las intervenciones psicológicas vulneran el libre albedrío de las personas que delinquen.
Frente a este debate que oscila entre la legítima preocupación tanto por los presupuestos fiscales como por la agencia y decisiones de vida de las personas en una comunidad, ha surgido una nueva ola de investigaciones que sostiene que la pregunta por la eficacia de la rehabilitación debe ser planteada en términos distintos. La pregunta ahora es: ¿Qué es lo que debemos intervenir y cuán efectivas pueden ser estas intervenciones? Para responder a esta pregunta, las nuevas voces sostienen que no basta con “rehabilitar delincuentes” –con trabajo y educación– sino que también es necesario intervenir las comunidades y condiciones sociales y políticas que dan origen inmediato a la delincuencia.
En este contexto, el fallo de la Corte Suprema que ordena al Servicio Electoral garantizar las medidas administrativas necesarias para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto, resulta un paso extremadamente valioso. La participación cívica de la población penal ha demostrado tener un impacto simbólico significativo en el compromiso de los internos con la sociedad. Por otra parte, la reciente decisión del SERVEL de reinscribir a los militantes de los partidos «por secretaría» manifiesta la debilidad de la conexión entre los partidos políticos tradicionales chilenos y sus bases.
[cita tipo=»destaque»]La participación cívica de la población penal ha demostrado tener un impacto simbólico significativo en el compromiso de los internos con la sociedad. Por otra parte, la reciente decisión del SERVEL de reinscribir a los militantes de los partidos «por secretaría» manifiesta la debilidad de la conexión entre los partidos políticos tradicionales chilenos y sus bases.[/cita]
El involucramiento y compromiso activo de los políticos en sus distritos electorales y su conexión con las bases han probado ser factores cruciales para permitir que los miembros de la comunidad canalicen sus preocupaciones con mayor agilidad y precisión. En vez de reclamar ciegamente “por luchar contra la delincuencia”, las comunidades en contacto con sus líderes locales pueden exigir a sus concejales, alcaldes y parlamentarios la implementación de luminarias, parques, programas laborales o centros comunitarios. A esto se le ha denominado organización social sistémica. La presencia política efectiva en las organizaciones comunitarias es una vía crucial para adoptar medidas para prevenir la delincuencia de acuerdo a las necesidades de cada contexto local.
Si consideramos la importancia de la capacidad de las comunidades para lograr articulación política para enfrentar la delincuencia nuestra pregunta inicial se responde fácilmente. Por supuesto que la rehabilitación sirve: cuando los representantes políticos rehabilitan sus relaciones con las bases que los eligen y cuando los programas de prevención atienden a las necesidades precisas de sus comunidades, la posibilidad de invertir eficientemente los recursos públicos y prevenir la delincuencia ha probado ser extremadamente efectiva.
