Es común advertir tanto en la ciudadanía como en la opinión pública en general, el argumento de que para terminar con la delincuencia hay que “tener mano dura”, es decir, meter a los delincuentes presos, y para ello, construir más cárceles. Esa sería la única forma para que los delincuentes aprendan, si es que como sociedad nos interesa que aprendan algo, pues para muchos el que se “sequen en la cárcel” sigue siendo la mejor solución a este problema, aunque sea políticamente incorrecto reconocerlo.
Esta reacción cultural, alimentada por algunos medios de comunicación, apela a elementos emotivos y es muy propia de nuestra naturaleza humana. En los inicios de la vida en comunidad, las personas reaccionaban frente a los delitos de las formas más salvajes, aplicando fuertes represalias a quienes los cometían, no guardando proporcionalidad alguna con el daño causado. Ante esto, las sociedades reaccionaron incorporando la ley del talión, que contrario a lo que muchos piensan, constituyó un importante progreso, entendiéndose las penas desde una óptica de justicia retributiva y no de venganza, como se aplicaba hasta entonces.
Tras varios siglos de evolución, la humanidad ha transitado hacia concepciones en donde el delito es entendido cada vez más como un fenómeno complejo, por ende multicausal y pluridimensional, siendo absurdo creer en soluciones que se basan en enfoques o en respuestas parciales.
En lo que respecta a Chile, actualmente tenemos 41.981 personas adultas privadas de libertad, cifra que incluye condenados, imputados, procesados y detenidos, siendo el tercer país con más personas en esta condición por cada 100 mil habitantes (238) de entre los países miembros de la OCDE, después de Estados Unidos (693) e Israel (265).
A esto sumémosle que el 40% de las personas que están cumpliendo condenas son reincidentes, de lo que se desprende que el sistema carcelario no está cumpliendo satisfactoriamente con unos de sus propósitos más importantes, el rehabilitador, reproduciendo los hábitos delictuales, lo que aumenta a su vez la percepción ciudadana de que la justicia en Chile es ineficaz.
Esta realidad es preocupante, por cuanto si a lo que se aspira es a disminuir los índices de victimización, la reincidencia es un factor importante a abordar, y para ello se requieren dos cosas: i) políticas públicas que apunten hacia la adecuada reinserción social de quienes están cumpliendo condenas, y; ii) que éstas se aborden desde una óptica de Política de Estado, es decir, con perspectiva de largo plazo y sin caer en demagogia o electoralismo político.
[cita tipo=»destaque»]El presupuesto del año 2017 da cuenta de ello, la inversión de cerca de 11 mil millones de pesos en reinserción social, destina recursos para continuar desarrollando la oferta programática que Gendarmería de Chile entrega en sus tres sub sistemas penitenciarios.[/cita]
El Gobierno anterior, dando respuesta a una atmósfera particular tras el incendio de la cárcel de San Miguel, concretó una serie de iniciativas legales conducentes a disminuir la población penal de nuestras cárceles, fortaleciendo medidas de cumplimiento alternativo. Fue así como en el año 2012 se promulgó la Ley N.° 20.588 de indulto general, que significó la liberación de 4.000 personas privadas de libertad, la Ley N.° 20.587 para eliminar la figura de los SEREMIS en la decisión sobre libertad condicional, y la Ley N.° 20.603 sobre penas sustitutivas que ha significado un incremento paulatino del total de personas condenadas en sistema abiertos, incorporando el monitoreo telemático (grillete electrónico) como un instrumento tecnológico innovador de control. Estas iniciativas han significado un avance importante, pero aún falta camino por recorrer.
Es por ello que en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha puesto un énfasis especial en la reinserción social, en el entendido de que no hay nada más eficiente y eficaz para disminuir la reincidencia, y como consecuencia de ello la victimización, que invertir recursos en ésta.
El presupuesto del año 2017 da cuenta de ello, la inversión de cerca de 11 mil millones de pesos en reinserción social, destina recursos para continuar desarrollando la oferta programática que Gendarmería de Chile entrega en sus tres sub sistemas penitenciarios.
Asimismo, se está trabajando de manera colaborativa con diversos Ministerios y Servicios Públicos para fortalecer los programas y proyectos que permitan entregar capacitación, formación y desarrollo de competencias para la reinserción laboral, así como también con instituciones privadas y las Iglesias Católica y Evangélicas, que a través de los Espacios Mandela y los APAC (Amando al Preso Amarás a Cristo) prestan una colaboración muy valiosa al interior de los recintos carcelarios.
A su vez, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos elaborando un programa que apunta a la formación valórica de los privados de libertad, así como a la generación de alianzas público privadas que promuevan la contratación de personas que hayan cumplido condena, en el entendido que la reinserción laboral es indispensable para el éxito de la reinserción social.
De esta forma, como Gobierno estamos fuertemente abocados para que esta temática se aborde de manera seria e integral, dándole continuidad desde una óptica de Política de Estado, inspirados en la convicción de que la delincuencia se reduce en la medida de que se desarrollen políticas que garanticen la justicia social y medidas sustentables de reinserción, y para ello, es fundamental que sigamos avanzando bajo una mirada que sea capaz de anteponer grandes propósitos por sobre consideraciones de corto plazo.
