Señor Director:
Llama profundamente la atención, cómo estudios como el Nacional de Transparencia (2016), no tengan el suficiente podio, dado que su foco principal es la confianza en las instituciones. Dicho esto, para el estudio realizado el año 2016 (ya disponible en la página del Consejo), la percepción de transparencia de funcionarios públicos -en una escala de 1 a 10- es un 3,8; en tanto, la confianza en el sector público obtiene un 4,1 en el mismo tipo de escala. En otros resultados, el 76% dice desconocer el Portal de Trasparencia del Estado (desde donde se pueden hacer solicitudes en el marco de la Ley de Transparencia) y sólo el 20% menciona conocer el Consejo para la Transparencia, no obstante sólo un 8% identifica al Consejo como una Institución de “defensa ciudadana”. La Ley es conocida sólo por un 25% de la población nacional y un 21% declara conocer lo que se denomina “transparencia activa”.
Cabe recordar que el Consejo si bien goza de autonomía, no goza de un patrimonio propio, y los recursos destinados a campañas “para dar a conocer el Consejo y la Ley de Transparencia” son escasos, el año 2016 correspondió a un 3,6% (M$202.913) de su presupuesto total (M$ 5.668.977). Mientras el presupuesto del Consejo siga dependiendo de la política gubernamental, y del “muñequeo” parlamentario, es poco probable que los porcentajes de conocimiento y uso de la Ley se vean incrementados. Tanto la Ley de Transparencia como el Consejo son buenas iniciativas, pero lo eran el 2010. En el actual 2016, se debe seguir avanzando e incluso, el Consejo, dejar de ser decidido por cuotas políticas como lo es en la actualidad.
