La muerte de Lissette en un hogar del Sename ha sido suficientemente impactante para impedir que pasara pronto al olvido, como ocurrió en tantas otras oportunidades. Hemos ganado sin duda en sensibilidad. Y tanto el Parlamento, como el Sistema Judicial y los Medios de comunicación han mantenido el tema como un problema de alta gravedad, que permanece vigente. Cabe preguntarnos, sin embargo, si estamos reaccionando adecuadamente, como Estado y como sociedad; si sabemos escuchar la dolorosa demanda que nos hace Lissette con su muerte y respondemos bien a ella. Lamentablemente abundan las señales que nos indican que no ocurre así.
Esta vez, como resulta ser bastante habitual en nuestro país, el eje no está puesto en la búsqueda de las causas sino en el identificar y castigar a los y las culpables. Es así que luego que el Parlamento agotó los enjuiciamientos políticos, olvidándose del que debió hacerse a sí mismo por la pasividad mostrada ante hechos igualmente dolorosos ocurridos a lo largo de la historia del Sename, pasó a primer plano el camino preferencial de nuestra cultura política y ciudadana: entregar el problema a los tribunales de Justicia.
Y en eso nos encontramos. Enjuiciando a quienes obraron al final. Con toda el rigor del quehacer jurídico, el foco está puesto en el acto y en quienes lo cometieron, desconociendo así el largo proceso y los múltiples actores y responsables sociales e institucionales que antecedieron y explican cómo se enlazaron las graves carencias y vulneraciones de derechos sin ser corregidos hasta que llegaron a producir la trágica muerte de Lisette. Cayendo, además, en la injusticia y el clasismo de “cortar el hilo por lo más delgado”.
Es que identificar a uno o más culpables es lo que mejor permite evitar las dificultades del análisis, la gestión y el financiamiento de lo complejo y multifactorial. Es lo que nos exime de reflexionar sobre el grado de responsabilidad que debemos asumir, en todos los niveles del estado y la ciudadanía. Es lo que permite acallar la revuelta moral que nos genera la muerte de una pequeña que solo supo de lo más feo y doloroso de nuestra sociedad.
[cita tipo=»destaque»]La muerte de Lissette en un hogar del Sename ha sido suficientemente impactante para impedir que pasara pronto al olvido, como ocurrió en tantas otras oportunidades. Hemos ganado sin duda en sensibilidad. Y tanto el Parlamento, como el Sistema Judicial y los Medios de comunicación han mantenido el tema como un problema de alta gravedad, que permanece vigente. Cabe preguntarnos, sin embargo, si estamos reaccionando adecuadamente, como Estado y como sociedad; si sabemos escuchar la dolorosa demanda que nos hace Lissette con su muerte y respondemos bien a ella. Lamentablemente abundan las señales que nos indican que no ocurre así.[/cita]
Es cierto que el responsable fundamental de hacer cumplir los derechos exigidos por la Convención es el Estado de Chile en todos sus niveles, sin embargo, si hablamos de las condiciones para un sano e integral desarrollo infantoadolescente, somos todos y todas corresponsables. Es en la vida cotidiana de y en todos sus contextos: hogar, escuela y barrios, donde estos niños, niñas y adolescentes viven una historia de desprotección y modelaje de violencia y drogas.
Porque sabemos bien que la muerte de Lissette no fue la torpeza de funcionarias mal capacitadas. Sabemos que respondió a un grave e histórico déficit de la institucionalidad que no logra impedir los efectos a las gravísimas desigualdades y exclusiones sociales existentes y no da las adecuadas y suficientes respuestas. Que el daño psicosocial que se fue desarrollando en ella, que aún no está adecuadamente estudiado y gestionado por el área de salud, no tuvo la respuesta médica y psicosocial que se necesitaba. Que faltan muchos saberes y especialización en este complejo tema, el que aparece cuando el daño experimentado durante tanto tiempo lleva a un severo descontrol emocional, con conductas de extrema violencia e intolerancia a sentirse encerrado. Son casos de alta complejidad, en los cuales la respuesta requiere ser tripartita médica – psicosocial -territorial, con una intervención muy bien articulada entre todos los actores y todos los contextos, que intenta no privar de libertad, lograr que se mantenga en la escuela y en el medio familiar.
Lo notable es que hoy día existe la oportunidad de avanzar en este cambio profundo y necesario. Porque esta forma integral, articulada y sistémica de llevar a cabo la política social de infancia y juventud, respondiendo al derecho al desarrollo que nos mandata la Convención, constituye ni más ni menos que la gran reforma a la política de infancia comprometida por la presidenta en su programa de gobierno. Ella es la que aparece como la gran enseñanza que nos deja Lisette. Que abarquemos la totalidad de las causales que llevaron a su muerte. Que no nos quedemos en respuestas facilistas como, por ejemplo, conformarnos con la separación del Sename, que nada muy nuevo puede producir, o que no sepamos asegurar los recursos que se necesitan. Asumir la oportunidad de realizar esta gran reforma, resolviendo las necesidades y los cambios, muchos de ellos culturales, que ella requiere, es tanto la enseñanza que deja como el desafío al que nos confronta, la dramática muerte de la pequeña Lisette.
