El proyecto de reforma del capítulo XV de la Constitución, presentado el día de hoy por la presidenta Michelle Bachelet, abre una nueva etapa del proceso de cambio constitucional, una de las principales promesas de campaña de la actual mandataria. Habiendo decidido que serían los actuales mecanismos institucionales los que abrirían las puertas a este cambio, el proyecto de reforma permitirá introducir, en la actual Constitución, los procedimientos para su reemplazo por el próximo Congreso, a elegirse en noviembre de este año.
La demanda por reemplazar un texto constitucional establecido a través del miedo, la fuerza y el fraude en plena dictadura militar, fue un resultado directo de la movilización social y ciudadana que, al menos desde 2011, contribuyó a hacer visible el malestar y la desigualdad de la sociedad chilena. Es, por ende, responsabilidad de estos sectores críticos al actual régimen político y modelo económico, muchos de ellos (como nosotros) parte del Frente Amplio, sostener y defender la importancia del cambio constitucional.
El proceso constituyente iniciado por el actual gobierno, en octubre de 2015, ha estado lejos de los requerimientos que un verdadero ejercicio democrático habría exigido. En su primera etapa, el proceso de “educación cívica y constitucional” y los “diálogos ciudadanos” no lograron convocar la participación de las grandes mayorías. Las “bases ciudadanas” resultantes de ellos no garantizan tampoco el carácter vinculante de las opiniones ciudadanas allí vertidas dentro un nuevo texto constitucional. Incluso la declaración de hoy, al hablar de una “convención constituyente”, tampoco deja en claro cuál será la real participación de la población chilena en la elaboración de una nueva Constitución.
[cita tipo=»destaque»] La demanda por reemplazar un texto constitucional establecido a través del miedo, la fuerza y el fraude en plena dictadura militar, fue un resultado directo de la movilización social y ciudadana que, al menos desde 2011, contribuyó a hacer visible el malestar y la desigualdad de la sociedad chilena[/cita]
Dentro de los actuales mecanismos institucionales, un proceso constituyente exige que dos tercios del actual Congreso -80 diputados y 25 senadores- den su aprobación a la reforma, otorgando un poder de veto a los parlamentarios de la derecha. Así ya lo planteó Jaime Guzmán en el momento de elaborar la Constitución de 1980: “Si llegan a gobernar los adversarios, [que] se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. No tenemos ninguna duda, por ende, que desde la Derecha y desde los sectores conservadores de la Nueva Mayoría harán lo imposible para evitar que la opción más democrática –la Asamblea Constituyente– sea incluida dentro de los potenciales mecanismos de cambio constitucional.
Asumimos, en consecuencia, la defensa de la Asamblea Constituyente como el único mecanismo que asegura un reemplazo efectivo y participativo de esta herencia dictatorial. Lucharemos para que sea una opción real y la defenderemos en el Congreso si es que la ciudadanía decide que nosotros y nosotras, precandidatos y precandidatas de Nueva Democracia, seamos parte de él. Si los sectores reacios al cambio impiden que la opción de la Asamblea Constituyente forme parte del actual proceso, la defenderemos en las calles, junto a los movimientos sociales y la ciudadanía, con la más absoluta convicción de que la negación de la soberanía popular, de una efectiva participación democrática en la elaboración de una nueva Constitución, es un escenario inaceptable en el nuevo país que buscamos construir.
