Señor Director:
Recientemente la ministra Secretaria General de Gobierno se refirió a los objetivos que persigue el Ejecutivo con las indicaciones al proyecto sobre Televisión Nacional de Chile, actualmente en el Congreso. Bien le haría al país conversar sobre el rol público de TVN y el alcance de esta iniciativa, que le traspasa importantes recursos para subsanar una gestión deficitaria. Pero hay varias cosas que se entrecruzan al analizar la situación y el futuro de esta estación televisiva.
Desde luego, no es del todo evidente que la gran mayoría de los chilenos reconozcan los principios sobre los cuales descansa TVN, en el concepto de la autoridad. Las mediciones de audiencia, baremo crítico que el canal ha adoptado alineándose sin más con la industria, parecen insinuar que ese sentimiento no se encuentra tan arraigado en el público como suponen las autoridades.
Ha dicho también que TVN se distingue por la “… confluencia y convivencia de distintas visiones que existen en nuestra sociedad, asegurando un espacio de pluralismo, diversidad, independencia y respeto a su autonomía”, asegurando que las indicaciones mencionadas persiguen el “… resguardo de aquella diversidad, independencia, pluralismo y fomento de nuestra identidad regional y local que debe siempre reconocerse en nuestra televisión pública”.
Es así como, para dar un tono de plausibilidad a la entrega de recursos frescos al canal, se mezclan y tratan sin las aconsejables distinciones dos situaciones de naturaleza enteramente diversa: por una parte, el déficit millonario que muestran los resultados de la gestión en los últimos ejercicios; y por otra, las inversiones que TVN debe realizar para adaptarse a la tecnología de la televisión digital terrestre, de acuerdo a la ley respectiva. Son cosas diferentes y debieran abordarse de manera separada; la primera apunta a corregir y superar las consecuencias negativas de malas decisiones, inadecuada selección de formatos y contenidos y, finalmente, falta de sintonía con las audiencias; mientras que la segunda fluye de una exigencia impuesta por la ley no sólo a TVN, sino a todos los canales de libre recepción de la industria. Desde el punto de vista metodológico, sería prudente que en la tramitación y debate de las indicaciones se hicieran estas distinciones, y se analizara cada uno de los asuntos en su propio mérito, naturaleza y alcances.
Queda por escrutar y ponderar aún, la efectiva significación del pretendido rol público de TVN. Hasta ahora, esa definición no ha tenido más sustento que la conformación de su directorio, que desde que se instauró el modelo de gobierno vigente ha sido otra instancia corporativa reproductora del empate político-partidista que ha tensionado a las instituciones. Sobre este aspecto habría que intentar una mirada comprensiva y reflexiva, que allanara el espacio para preguntarse si, de verdad, la actual definición de gobierno y configuración del cuerpo colegiado superior de TVN, cumplen bien con la definición de misión asignada al canal, y si, además, esa estructura responde a las exigencias que dimanan de esos profundos valores sociales y morales que, en más de una ocasión, ha enunciado la ministra.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Comunicador Social
Licenciado en Ciencias Jurídicas
