En las próximas semanas es posible que la Cámara de Diputados apruebe, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que crea la Región de Ñuble. Es probable que, para el reducido número de ciudadanos que conoce la existencia de esta iniciativa legal, ésta no resulta de interés. Es más, les resulta derechamente indiferente que se divida una región y se creen una o más nuevas. Nada significativo pareciera estar en juego. Y es probable que esta percepción sea correcta.
En efecto, con la creación de nuevas regiones no pareciera que vaya a cambiar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de la actual provincia de Ñuble ni se vaya a afectar significativamente lo propio de los habitantes de las demás provincias que componen la actual Región del Bio Bio y, para qué decir, del resto del país.
Decimos que esta apatía generalizada tiene una explicación razonable, pues la iniciativa de ley en comento no es otra cosa que una mera reestructuración del aparato del Estado. Es probable que los partidarios de esta iniciativa consideren que con la creación de nuevos empleos públicos en la provincia de Ñuble y la posibilidad de elegir directamente a los consejeros regionales, con prescindencia de los habitantes de las restantes provincias de la actual Región del Bio Bio, se generen mejores condiciones de desarrollo.
[cita tipo=»destaque»] Probablemente, la actual Región del Bio Bio es, por diversas razones, una de las unidades territoriales más preparadas para asumir un estatuto de autonomía pleno. Pero, ¿acontecerá lo mismo con la futura Región del Ñuble que se pretende crear? ¿Estará esta última unidad territorial preparada para asumir los desafíos de la autonomía política?[/cita]
Pero, ni partidarios ni detractores de la creación de la Región de Ñuble ignoramos que este proyecto de ley reviste escasa e indirecta relación con el tema de fondo, el cual sí debiera ser un asunto de amplio debate ciudadano. Me refiero al Estatuto de las Regiones y, en particular, en lo que concierne a la elección de los futuros Gobernadores Regionales y a la transferencia de relevantes potestades públicas (y recursos) desde las Autoridades Centrales a las autoridades que la ciudadanía regional elija por medio del sufragio popular. Hablemos de una descentralización política en serio. Sólo en este contexto la división de una región y la creación de una nueva cobra sentido.
De allí la importancia de concebir a la descentralización política como un proceso que parte de una voluntad política plasmada en la Constitución y que se implementa por el legislador por medio de etapas sucesivas.
En este sentido, no existe descentralización política sin una comunidad territorial que formal y voluntariamente asuma esa condición. En este sentido, existe un alto riesgo de que la descentralización política sea una experiencia fallida si la comunidad –a la que supuestamente se le concedería autonomía política- no se reconoce a sí misma como una comunidad. La fragmentación territorial de las regiones derivada de rivalidades entre ciudades que dio lugar a nuevas regiones (Arica e Iquique, Valdivia y Puerto Montt) o que puedan surgir en estos días (quizás, entre Concepción y Chillán) o más adelante, se debe a que la regionalización diseñada por burócratas entre los años 1974 y 1975 “obligó” a constituir comunidades regionales al inicio de la Dictadura, al margen de una deliberación democrática y sin que mediara una affectio societatis previa.
Por eso es que la descentralización política, con prescindencia de la mayor o menor extensión que revista, debiera contemplar la existencia de un acto democrático constitutivo de la región que desee gozar un estatuto de autonomía. En este sentido, el último acto de despotismo ilustrado del Estado central debe ser permitir a las personas que habitan un territorio determinado que libremente elijan constituirse como región. Y una vez que un territorio se asuma a sí mismo como una comunidad regional, recién entonces puede tener lugar el autogobierno.
Es un hecho que a nivel territorial existen realidades muy distintas y parece prudente que el proceso de descentralización política tenga velocidades e, incluso, extensiones distintas, según sea las capacidades y la voluntad que manifiesten las distintas comunidades regionales. Probablemente, la actual Región del Bio Bio es, por diversas razones, una de las unidades territoriales más preparadas para asumir un estatuto de autonomía pleno. Pero, ¿acontecerá lo mismo con la futura Región del Ñuble que se pretende crear? ¿Estará esta última unidad territorial preparada para asumir los desafíos de la autonomía política? Es evidente que el proceso de transferencia de competencias y de recursos a una región recién creada (como lo sería Ñuble), que -por lo mismo- cuenta con escasa historia en materia de gestión financiera y administrativa, será indefectiblemente más lento respecto de aquellas otras regiones que estén más preparadas para dar un salto cualitativo.
Es por lo expuesto que consideramos que el Ejecutivo debiera modificar la agenda legislativa y poner de relieve que primero es menester aprobar el proyecto de ley que regule la elección de los Gobernadores Regionales y, a su vez, el proyecto de ley de transferencia de competencias a las autoridades regionales; para, luego, si así se estima pertinente, proceder a modificar los territorios de las actuales regiones, a través de un proceso deliberativo abierto y en el cual se consideren mecanismo de consultas y de participación ciudadana efectivos. Es en este último evento que estaremos hablando de una descentralización política en serio.
