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La Corfo del mal en el barrio alto: a propósito de los tormentos de Ceballos contra Larraín

por 18 mayo, 2017

La Corfo del mal en el barrio alto: a propósito de los tormentos de Ceballos contra Larraín
Consumado el golpe de Estado, los principales recintos clandestinos de los servicios represivos –entre los que incluyo a Colonia Dignidad–, se domiciliaron en las comunas del este de Santiago o en las inmediaciones al barrio alto. Salvo excepciones, todos esos municipios registraban sectores convenientemente urbanizados, exclusivamente residenciales, con media o baja densidad y desprovistos, salvo en algunos ejes viales y polígonos muy seleccionados, de edificación en altura.

La adquisición de un bien inmueble en el mercado del suelo, es una operación cualificada. La compraventa, desde hace cientos de años, está regida por múltiples estipulaciones y es por eso que su estela deja toda clase de rastros. La existencia de registros sobre las transacciones es indicativa de otra característica usual en economías formales, pero con zonas de informalidad: la actividad fundiaria convencional suele apalancar los precios de la tierra en dirección generalmente ascendente.

Cuando el juez Adolfo Bañados pesquisó a los titulares de una propiedad en lo que La Segunda suele llamar los “barrios acomodados de Santiago”, un contrato permitió identificar que integrantes de la jefatura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) figuraban entre los tenedores del solar. En una de sus pocas confesiones creíbles, Manuel Contreras reconoció haber firmado un cheque que con fondos fiscales empleó para adquirir un predio suburbano en los faldeos semiboscosos del oriente capitalino. Ni la casa de Vía Naranja 4275 fue excepcional ni tampoco la decisión militar por fijar sobre el este de Santiago la base intelectual y también operativa del terrorismo de Estado.

El relato autobiográfico que hace días confeccionara Rodrigo Larraín sobre la sevicia diaria en la Academia de Guerra Aérea –La Cabaña 711, Las Condes–, brinda una oportunidad para volver a preguntarnos si los servicios represivos de la dictadura, actuando en red más que como destacamentos autónomos, adoptaron un comportamiento que confirmaría la existencia material de una “Corfo del mal". Pero ¿por qué los perpetradores escogieron como sedes operativas predios institucionales o privados en las circunscripciones más valorizadas de la ciudad? La pregunta, afín a la idea de que en el espacio es posible leer el tiempo, confirma la preferencia uniformada por fijar domicilio en aquellas áreas donde, entre otros “recursos”, había existido una mayoría residencial opositora alrégimen” de la Unidad Popular.

Si no fuera por las descripciones de Pablo Hunneus, poco y nada sabríamos de las tensiones y disputas que tuvieron lugar en sectores del este de Santiago durante 1972 y parte de 1973. Entre otras expresiones, aunque la siguiente no figura en aquel tiempo, la convocatoria a una protesta antigubernamental en plena Plaza Ñuñoa. Que la manifestación estuviera asilada en agrupaciones de autodefensa vecinal entusiasmó, incluso, a Ercilla. A mediados de 1973, los alcaldes de Providencia, Ñuñoa, Las Condes y La Reina no solo simpatizaban explícitamente con la Confederación de la Democracia (CODE), parecían exhibir una convergencia metodológica con los que galvanizaban el proyecto desestabilizador.

Consumado el golpe de Estado, los principales recintos clandestinos de los servicios represivos –entre los que incluyo a Colonia Dignidad– se domiciliaron en las comunas del este de Santiago o en las inmediaciones al barrio alto. Salvo excepciones, todos esos municipios registraban sectores convenientemente urbanizados, exclusivamente residenciales, con media o baja densidad y desprovistos, salvo en algunos ejes viales y polígonos muy seleccionados, de edificación en altura. Adicionalmente y por efecto de las expectativas de valorización, la mayoría de esas comunas contaban y cuentan con establecimientos castrenses de carácter formativo y sanitario. En todos los casos, grandes instalaciones.

El relato autobiográfico que hace días confeccionara Rodrigo Larraín sobre la sevicia diaria en la Academia de Guerra Aérea –La Cabaña 711, Las Condes–, brinda una oportunidad para volver a preguntarnos si los servicios represivos de la dictadura, actuando en red más que como destacamentos autónomos, adoptaron un comportamiento que confirmaría la existencia material de una “Corfo del mal". Pero ¿por qué los perpetradores escogieron como sedes operativas predios institucionales o privados en las circunscripciones más valorizadas de la ciudad?

En términos intercomunales, parte importante de los cuarteles represivos, si seguimos ocupando la jerga de los perpetradores, se ubicaron sobre o en proximidad a vías de la mayor jerarquía. La nómina es más extensa de lo que se cree e incluye recintos de detención, tortura y exterminio en las avenidas Las Condes, Pedro de Valdivia, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, José Arrieta, Campo de Deportes y José Domingo Cañas, pero también en calle Irán y la misma Vía Naranja. Aunque su funcionamiento buscaba ser subrepticio, cualquier oyente de Radio Moscú, suscriptor de Chile-América o lector de Mensaje o Solidaridad, sabía, hacia 1977, de la existencia de algunos de ellos por causa de su evidente exposición.

Más allá del negacionismo oportunista, el desplante de los perpetradores fue buscadamente performativo y, por lo tanto, ostensible. Al menos en el extranjero, la información sobre los lugares clandestinos de detención y tormento, fue lo suficientemente extendida como para que un parlamentario norteamericano pisara, sin ninguna autorización militar, los adoquines de Villa Grimaldi –Arrieta 8401, Peñalolén–. Nos referimos al mismo predio que, algunos años después, altos funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y sus familiares directos, estuvieron a punto de vender bajo el formato inmobiliario de barrio cerrado.

En términos intracomunales, la proximidad a instalaciones militares, como, por ejemplo, la Academia de Guerra del Ejército, tuvo una importancia mayor que lo que hasta ahora se ha consignado. ¿Por qué? La confesión de Jorgelino Vergara permite inferir la importancia que para los agentes ubicados en el Cuartel Terranova (Villa Grimaldi), en la residencia particular de Manuel Contreras (en la Avenida Príncipe de Gales) o en el Cuartel Simón Bolívar (con frente a la calle homónima), tenía desplazarse desde y hacia las instalaciones del Comando de Aviación del Ejército, emplazado en el aeródromo Tobalaba. Piezas, todas las anteriores, de un ajedrez que los recintos consignados articularon de un modo que todavía resta por comprender mejor.

Así como sería un error subestimar la racionalidad espacial con que la “Corfo del mal” se enseñoreó en Santiago, de ninguna manera deberíamos imaginar un desempeño desorganizado. Contreras, especialista de la rama de ingenieros sin ir más lejos, no solo lideró una institución estatal provista de recursos ingentes, regimentó también a uniformados de diferentes ramas y graduaciones, civiles paramilitarizados, uniformados extranjeros y, como colaboradores generalmente obligados, a algunos militantes de formaciones izquierdistas. Si tan solo pudiéramos cuantificar las distancias recorridas por agentes e informantes adscritos a las diferentes estructuras operativas, comprobaríamos que no hubo otra repartición fiscal con una flota de vehículos equivalente ni con un kilometraje par, con la única salvedad de Carabineros. Pero no eran solo patrullajes y móviles, también debemos incluir las telecomunicaciones y el procesamiento masivo de informaciones.

Tal y como Heller y Basso lo han confirmado, Contreras confió en los líderes de Colonia Dignidad la instalación de un sistema independiente, pero interconectado, de telecomunicaciones. La ubicuidad derivada de tal colaboración le brindó a la DINA –cabecera sudamericana de la Operación Cóndor– un papel que ni la meridionalidad de Chile pareció menguarle. Por otra parte, si el Servicio o Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) fue uno de los gérmenes de la DINA, es casi seguro pensar que las máquinas de cómputo, algunas de ellas facilitadas por una institución universitaria, como ha sugerido Pascale Bonnefoy, jugaron un papel fundamental en toda clase de operaciones de “inteligencia”.

A juzgar por “Mi torturador favorito se enfermó”, la Fuerza Aérea de Leigh no se quedó atrás en el despliegue de mandos y medios. Utilizar un recinto finalmente educacional para fines represivos es suficientemente probatorio de la importancia que la tarea tenía. En lo que a Ceballos concierne, la columna permite dudar respecto a las desavenencias “metodológicas” que habría exhibido el “comandante Cabezas”, si lo comparamos con otros perpetradores actuando en unidades equivalentes. Forzando el escrutinio, el testimonio de Larraín también permite conjeturar a favor de la hipótesis central del artículo: la Corfo del mal tuvo existencia espacial y su base de operaciones, pese al silencio que existe al respecto, fue el barrio alto.

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