Señor Director:
Las identidades trans han venido a tensionar el molde binario con que en muchas sociedades se ha “estandarizado” y “normalizado” a las personas desde su corporalidad.
Chile no está ajeno de ello. La visibilidad de las personas trans, lograda por el esfuerzo de la sociedad civil por mostrar su realidad de exclusión y discriminación, hoy es un tema que tensiona a quienes en este país sienten que les corresponde el “deber” de normalizar, corregir o hasta castigar a otros, desde sus propias visiones o creencias las que, debiendo ser respetadas en el marco de un estado de derecho, no tienen porqué ser compartidas por todos los integrantes de una sociedad libre y democrática.
En el caso de las identidades trans infantiles y adolescentes el tema es aún más complejo por el adultocentrismo con que estamos acostumbrados a movernos en la vida cotidiana y en la vida pública. No hemos asumido como sociedad que niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, que el rol de los padres o adultos responsables es darles dirección y orientación, en consonancia con la evolución de sus facultades para que ejerzan los derechos que le corresponden (lo cual el Estado debe respetar) ni hemos entendido que la vivencia de la propia sexualidad se construye día a día, desde la primera infancia, sin que existan reglas predeterminadas sobre cómo se expresa ella en cada niño o niña.
Algunos hechos del último tiempo en Chile han puesto en evidencia esta tensión y su complejidad mayor en el caso de la infancia.
A fin de 2016, y en el marco de la tramitación del proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género (que pasa ya de 4 años y reporta más de 13 períodos de indicaciones), primó la posición de excluir a los niños, niñas y adolescentes. Luego de que se hubiera votado en su momento favorablemente la indicación que los incluyó, bajo la estrategia de los nuevos períodos de indicaciones, hoy todo menor de 18 años en este país tendrá que esperar para que pueda ser reconocido como quien es realmente. Se trata, sin lugar a dudas, de un error que puede tener graves consecuencias para la vida concreta de niñas y niños. Con todo, este error puede ser superado ahora, en segundo trámite constitucional, por la Cámara de Diputados.
Otras iniciativas estatales, enhorabuena, marchan por camino diverso: el del reconocimiento y extensión de derechos a niños, niñas y adolescentes. Así, en el marco de la discusión del proyecto de ley de Sistema de Garantías de la Niñez, se ha aprobado la indicación que apuntaba a reconocer el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. En consonancia con las observaciones del Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas, se trata de una forma de satisfacer el interés superior del niño que protege su identidad y que abarca características como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad. Es de esperar que el Senado mantenga esta norma, evitando caer en los mismos errores exhibidos en la tramitación de la ley de identidad de género.
Más recientemente, en abril de 2017, la Superintendencia de Educación ha contribuido a vigorizar los derechos de los niños y niñas trans en el contexto de la educación, anotando, adecuadamente, que este es uno de los contextos más hostiles para estos niños y niñas. Como sabemos de la evidencia comparada, el bullying homofóbico y otras formas de exclusión, discriminación y violencia en la escuela tienen un impacto directo en los niveles de suicidio adolescente. A su vez, un proyecto escolar de calidad no sólo debe apuntar al logro del conocimiento científico, sino también, a la consolidación de valores democráticos esenciales, tales como la convivencia, la inclusión, el respeto y el igual valor de cada vida humana.
Existen principios constitucionales y de derecho internacional que nos exigen evitar la exclusión y discriminación de niños y niñas trans, reconocerles sus derechos, protegerlos de las severas consecuencias que la falta de ley en la materia produce y, finalmente, avanzar en el ideal de “contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización posible”, como exige el artículo 1º de la Constitución.
La sentencia civil que reconoce la identidad de género de una persona menor de 18 años dictada recientemente es un ejemplo más del futuro que queremos construir para los niños y niñas de Chile. Un futuro en el que sus derechos se desarrollan y respetan, en consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (que es «ley» promulgada por el Congreso Nacional) y no un horizonte de falta de humanidad e instrumentalización de la vida de los niños, para el logro de las agendas ideológicas conservadoras.
La equívoca querella por prevaricación interpuesta recientemente en contra del juez de la República que dictó esa sentencia es una muestra de esa instrumentalización y de un uso torcido del derecho y la ley penal para intentar imponer tales agendas.
Ese, no es el Chile que queremos construir.
Firman los siguientes académicos y académicas de Universidades chilenas:
Nicolás Espejo, Ximena Gauché, Fabiola Lathrop, Domingo Lovera, Flavio Quezada, Tomás Vial, Matías Guiloff, Rodolfo Figueroa, Liliana Galdamez, Judith Schonsteiner, Luis Villavicencio, Isaac Ravetllat, Yanira Zuñiga, Pablo Marshall, Rocío Lorca, Jaime Bassa, Amaya Alvez, Gabriel Hernández, Lidia Casas, Alejandra Zuñiga, Mauricio Tapia, Enrique Letelier, Eduardo Chia, Sergio Fuenzalida, Christian Viera, Verónica Undurraga, Fernando Muñoz, Leonor Etcheberry, Daniela Accatino, Constanza Salgado, Jorge Contesse.
