En el libro publicado por CIEPLAN en mayo de 1990 con el nombre Transición a la democracia: marco político y económico hay un artículo de Edgardo Boeninger titulado “El marco político general y el marco institucional del próximo gobierno” que da clara cuenta de lo que sería el espíritu de la transición. Ese espíritu sería el entendimiento de que la política es el arte de la negociación y la búsqueda de grandes consensos.
Por razones que ya explicaremos, nosotros no compartimos dicha concepción de la política. Con todo, hay un elemento decisivo de nuestra transición democrática que hizo que ese espíritu adquiriera un carácter radicalmente pernicioso. Nos referimos a la circunstancia de que la política de la negociación y de los grandes consensos no operó sobre el vacío, sino que operó sobre la marcha de la administración de un modelo de sociedad que Chile nunca habría adoptado bajo un régimen democrático. Un modelo de sociedad cuya institucionalidad estatal no satisface los estándares democráticos del mundo occidental y que mercantilizó exhaustivamente la vida a todo nivel. En momentos de grave crisis de representatividad resulta entre irrisorio y espeluznante tener a la vista lo escrito por Boeninger:
“Sin embargo la Concertación siempre entendió que, finalmente, la Constitución debía reunir el consenso de todos. Por eso aceptamos que las futuras reformas constitucionales, algunas de las cuales son indispensables para la efectiva democratización del sistema, se resuelvan con un quorum especial de mayoría, de modo que el propio gobierno de la Concertación, por sí solo, no sea capaz de implementarlas”.
[cita tipo=»destaque»]Creemos que corresponde que nos hagamos la siguiente pregunta ¿Por qué se aceptó sin suficiente protesta y, por consiguiente, se dotó de cierta legitimidad un marco institucional que extrajo del juego democrático un modelo de sociedad que hoy nos tiene convertidos en uno de los países más desiguales del mundo?[/cita]
Mirado en retrospectiva, creemos que corresponde que nos hagamos la siguiente pregunta ¿Por qué se aceptó sin suficiente protesta y, por consiguiente, se dotó de cierta legitimidad un marco institucional que extrajo del juego democrático un modelo de sociedad que hoy nos tiene convertidos en uno de los países más desiguales del mundo?
Boeninger deja de manifiesto que en el ADN del proyecto de la transición está la renuncia a que la Concertación empujara sus convicciones en abierto antagonismo y oposición con la derecha. Dicho de otro modo, Boeninger despeja dudas de que el proyecto de la transición asumió la posición de que un gobierno responsable era aquel que gobernaba con la derecha, antes que buscar hacerse de una correlación de fuerzas favorable para empujar sus convicciones democráticas. Así las cosas, el juicio político que le hacemos al proyecto de la transición es la intencionalidad de haberse sometido a un marco institucional que de antemano impedía la posibilidad de hacer transformaciones estructurales. Juzgamos la intencionalidad de promover acuerdos con la derecha con el fin de asegurar un cierto marco de gobernabilidad, antes que empujar – sin temor a la lucha política y en alianza con el mundo social – hacia una mayor democratización y mayor igualdad.
Por cierto que en la transición democrática no faltaron las voces que protestaron ante cómo se estaban haciendo las cosas, pero esas voces fueron silenciadas. Tal fue el caso del constitucionalista Manuel Sanhueza, ex ministro de justicia de Allende y presidente del Grupo de los 24. En una entrevista de noviembre de 1988 Sanhueza afirmó que no se podría edificar un régimen democrático a partir de la Constitución del 80, porque el texto no era más que un “estatuto de coerción”, cuya “ilicitud no se restringía a su origen, sino que también estaba dado por el autoritarismo plutocrático en honor a los privilegios de ciertos estamentos económicos”.
En sintonía con lo planteado por Sanhueza, y ante la circunstancia de que la política moderna ha sido una constante lucha – no sin retrocesos – por ir desmontando privilegios, por ir constituyendo poder democrático que, por definición, es antagónico al poder que de hecho tienen en la sociedad las posiciones privilegiadas; nosotros afirmamos que la política no es un espacio neutro de deliberación sin conflicto.
La política democrática no puede entenderse sin el lugar protagónico que tiene en ella el conflicto político, mejor dicho, sin el lugar fundante que tiene en ella el conflicto político. Porque es precisamente un espacio de contraposición de intereses. Como demócratas, por tanto, tenemos que reivindicar el conflicto, y afirmar, sin resquemores, que no se puede ser demócrata sin entablar conflictiva oposición frente a la desigualdad y al poder del dinero.
La democracia no es sinónimo de calma, la democracia no es sinónimo de tranquilidad. Los demócratas entendemos que la gobernabilidad implica tensión constante por incluir a quienes están en los márgenes, a quienes están fuera del poder. Nuestro proyecto político pretende hacer esto con alegría, con disfrute, con irreverencia y con métodos democráticos; porque no es más ni menos que la apuesta por tomar en nuestras manos el destino de nuestras vidas. No es más ni menos que la apuesta de que la gente común se apropie de la política, desde nuestros barrios, desde nuestros territorios. Cuando sentimos que el país nos incluye y nos pertenece, entonces lo cuidamos y valoramos; porque se abre la posibilidad de vincular afectivamente el destino individual al destino colectivo. Pero en circunstancias en que el país se siente como algo ajeno y extraño, no podemos sino esperar desafección. Y categóricamente decimos: la actual desafección política es responsabilidad del proyecto de la transición.
Los actuales Boeningers son aquellos que hoy están exacerbando la desafección política. Son aquellos que no están por eliminar las AFPs; que se niegan a reconocer los derechos reproductivos de las mujeres; que creen que la gratuidad en materia educacional equivale a entregar becas, que no están por eliminar y condonar el CAE; son aquellos que permitieron que existan aportes reservados en el financiamiento de la política; son aquellos que creen que promover una asamblea constituyente equivale a fumar opio, que creen que para tener una nueva Constitución nos tenemos que ajustar a los quórums contramayoritarios del texto del 80; son aquellos que se atemorizan con las amenazas del empresariado cuando decimos que queremos subir los impuestos y que el 1% más rico debe pagar más; son aquellos que no creen que en salud debemos tener un único sistema colectivo y solidario; son aquellos que sienten temor cuando decimos que queremos negociación colectiva ramal; son aquellos que creen que la planificación industrial es inconstitucional; son aquellos que piensan que el trabajo doméstico no es trabajo; son aquellos que no quieren reconocer que Chile es plurinacional; son aquellos que frenan la descentralización al aplazar la elección de intendentes. Frente a ellos, estamos construyendo nuestra propia alternativa de gobierno, que cuente con una bancada frenteamplista.
