El proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para la ciencia (cabe recordar que no se limita solo a crear el comentado ministerio) ha provocado reacciones dispares entre diversos actores, desde frases valorando el proyecto y calificándolo como necesario, a reparos como los formulados en una carta publicada hace algunos días, en la que incluso se cataloga la eventual concreción del proyecto como un posible “error político de proporciones”, en caso de “no incorporarse indicaciones sustanciales”. Sin embargo, algunas de las críticas que se han formulado confunden el propósito del proyecto, o bien hacen interpretaciones debatibles de ciertos aspectos del mismo.
Estas confusiones se articulan en torno a tres ejes. El primero de ellos es respecto al objetivo del proyecto. Por ejemplo, Matías Ayala (de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades) se refirió hace pocos días en este medio acerca del riesgo de que el futuro consejo de ciencia, tecnología e innovación (CTI) no sea resolutivo, criticando el carácter “presidencialista” del proyecto. Al respecto, cabe recordar que no es misión del proyecto modificar la naturaleza presidencialista del país. Por cierto, la discusión sobre el carácter resolutivo de los consejos no se ha dado únicamente en el marco de este proyecto. Seguramente muchos desean (deseamos) que las orientaciones estratégicas del consejo sean escuchadas y que logremos avanzar hacia una mirada de largo plazo en los temas de CTI. Pero el proyecto en discusión no es una reforma al Estado ni es su función modificar la naturaleza actual de los consejos de este tipo. Más aún, un proyecto que limite las atribuciones del gobierno para definir sus propias políticas probablemente no tenga un buen futuro.
La legitimidad de las orientaciones, así como el incentivo para el gobierno de turno para considerar la estrategia de CTI emanada del consejo, no pasa necesaria o únicamente por una naturaleza resolutiva garantizada en la ley. También se requiere que el consejo tenga una composición diversa y -al menos levemente- más amplia que la actualmente propuesta, con el fin de garantizar suficientes espacios para la amplia gama de actores que participan de todas las manifestaciones de la CTI. Esto es esencial para que las estrategias que sean elaboradas cuenten con un amplio respaldo, avanzando de esta manera hacia la construcción de acuerdos más participativos que los que actualmente se logran en estas materias. En este sentido, diversas organizaciones han manifestado sugerencias e indicaciones al Ejecutivo, y queda por verse si estas serán consideradas. Pero una preocupación por la composición del consejo (asegurando flexibilidad para considerar diversos actores y experticias, incluso algunas no existentes o no vistas como relevantes hoy) probablemente sea más fructífera que la crítica a su carácter presidencialista, un aspecto que requiere de otro tipo de avances.
Cabe también destacar la preocupación por los mecanismos de funcionamiento y resolución de acuerdos que adoptará la futura institucionalidad, en particular del consejo de CTI. Matías Ayala hace algunas propuestas en su artículo, aunque algunas de estas ideas han sido mencionadas anteriormente (discuto algunas de ellas, como por ejemplo la transparencia en el funcionamiento y grados de acuerdo del consejo de CTI, o las consultas públicas sobre las estrategias y políticas, en un ensayo que escribí recientemente). Pero la pregunta nuevamente es cuánto de esto puede establecerse por ley, y cuánto se debe dejar a las normativas y decretos que regulen el funcionamiento de la futura institucionalidad. Después de todo, existen quienes también abogan -justificadamente- por una institucionalidad flexible y ágil.
[cita tipo=»destaque»]Seguramente muchos actores perciben que esta es una oportunidad única para avanzar, motivándolos a trabajar por mejorar el proyecto. Pero desperdiciar la oportunidad de crear una nueva institucionalidad para la ciencia, persistiendo en la que tenemos actualmente, sí podría llegar a ser un “error político de proporciones”, uno que tras dos comisiones asesoras y dos proyectos de ley en dos gobiernos distintos, difícilmente podremos corregir.[/cita]
El segundo eje en torno al cual existen ciertas dudas y confusiones es respecto a las “definiciones”, las que según algunas críticas están ausentes en el actual proyecto. Sobre este punto, Chile ya mide su gasto, personal y otros indicadores, siguiendo ciertas definiciones internacionales de amplio uso, lo que es de vital importancia para establecer comparaciones que nos ayuden a dimensionar nuestros desafíos en el área. Si queremos mantener una cierta coherencia en los diagnósticos y metas, tal vez debemos ceñirnos -al menos temporalmente- a estas definiciones, dejando como una primera tarea a la futura institucionalidad la responsabilidad -en el marco de la elaboración de la futura política de CTI- de definir si necesitamos otras definiciones o si basta con enriquecer las actualmente en uso. Respecto a la definición de “desarrollo”, cabe recordar que este tampoco es el objetivo del proyecto. Esta discusión, además de no ser de injerencia exclusiva de la ciencia (siendo por ende cuestionable que dicha discusión ocurra solamente en el contexto de este proyecto), nos lleva a olvidar que las formas institucionales deben obedecer también a ciertas consideraciones prácticas y administrativas. Por otro lado, debemos tener cuidado de que la legítima preocupación por el “modelo de desarrollo” nos lleve a supeditar nuestra ciencia predominantemente a criterios de “pertinencia” o “utilidad”. La ciencia es, ante todo, una forma de generar conocimiento sobre nuestro mundo, y si bien nuestro país debe fortalecer la investigación en áreas que se consideren prioritarias, tampoco puede descuidar la investigación básica, y su fomento no solo es necesario, sino que tiene un valor propio que no puede ni debe ser ignorado. Además, difícilmente podremos tomar ciertas decisiones sobre el rumbo que deseamos dar a nuestro país, si no contamos previamente con conocimiento sobre los desafíos que enfrenta nuestro mundo y nuestra sociedad, cómo es posible enfrentarlos, y de cuáles alternativas disponemos. Para “orientar”, primero necesitamos conocimiento.
Existe otro riesgo en la crítica a la ausencia de “definiciones”. Si se termina impulsando (o aprobando) una ley que comprometa definiciones de política científica, llevando a que ciertos actores o sectores consideren que atribuciones propias de cada administración están siendo limitadas, existe la posibilidad de que el proyecto no avance o que, de aprobarse, un futuro gobierno se vea motivado a cambiar rápidamente la nueva institucionalidad por una que sí le permita adoptar “sus” definiciones y políticas. Sería un retroceso impulsar un proyecto que lleve al siguiente gobierno a sentirse atado de manos y, por ende, a cambiar inmediatamente el ministerio para crear una nueva institucionalidad que defina políticas de su preferencia. Pero esto no nos puede llevar a un proyecto que no establezca responsabilidades mínimas para la futura institucionalidad, o al menos contenidos mínimos de la política de CTI. Una cosa es decirle a la futura institucionalidad qué preocupaciones deben estar necesariamente presentes en la política de CTI (para que la futura institucionalidad pueda rendir cuentas acerca de su labor, por ejemplo), y otra distinta es decirle qué debe hacer en cada materia, qué definiciones debe seguir y bajo qué “modelo”.
El tercer eje en torno al cual existen ciertas críticas y confusiones es sobre la participación a nivel institucional para ciertos actores o sectores. El argumento suele ser que existen ciertas “cadenas” de desarrollo, y que el no incorporar a ciertos actores produciría un quiebre. Al respecto, cabe recordar que uno de los objetivos del proyecto es resolver los enormes desafíos que el país tiene en materia de fomento de la investigación científica, y resolver dichos desafíos implica que en la futura institucionalidad la ciencia debe tener un lugar protagónico. Incorporar a la educación superior, por ejemplo, implica que todos los desafíos y problemas de dicho sector serán ámbito de responsabilidad del futuro ministerio, lo que conlleva el riesgo de que la ciencia quede relegada a un segundo plano. Al respecto, cabe recordar que el informe económico de la OECD para Chile del año 2013 sugirió revisar la propuesta de incluir el sector educación superior en el ministerio propuesto por el gobierno anterior (un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación). Por otro lado, la ciencia, la tecnología y la innovación son pertinentes a los ámbitos de acción en materias como salud, energía, medio ambiente, desarrollo social y otros, conectándose con una multiplicidad de actores, y probablemente no se pueden unir todos estos actores en un solo ministerio, o el hacerlo implicaría desarmar otras “cadenas”. La exclusión de la innovación es probablemente la más controversial, y es por ello que diversos actores han solicitado que este sea un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De concretarse finalmente este cambio, el proyecto tendrá que velar por la adecuada conversación con otros actores a nivel interministerial o en el futuro consejo.
También han surgido otros reparos, por ejemplo en cuanto a los recursos, a problemas normativos de instrumentos, etc. Esperemos que el gobierno atienda estas preocupaciones, pero debemos evitar caer en errores que amenacen la viabilidad de la futura institucionalidad. Seguramente muchos actores perciben que esta es una oportunidad única para avanzar, motivándolos a trabajar por mejorar el proyecto. Pero desperdiciar la oportunidad de crear una nueva institucionalidad para la ciencia, persistiendo en la que tenemos actualmente, sí podría llegar a ser un “error político de proporciones”, uno que tras dos comisiones asesoras y dos proyectos de ley en dos gobiernos distintos, difícilmente podremos corregir.
