En diciembre pasado, la empresa Sonacol presentó un proyecto de Oleoducto que cruzaría Maipú y Pudahuel y que busca abastecer de combustible al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. El trazado de 27 kilómetros propuesto pasa, en parte importante de su recorrido, por zonas densamente urbanas, alcanzando villas, plazas y parques. Un ejemplo icónico es el Parque Ésdras, al costado de la villa El Abrazo, que es una de las pocas áreas verdes y lugar de esparcimiento para los niños y adultos de ese sector de Maipú. La razón dada por la empresa para elegir ese trazado es pragmática, pero a nuestro juicio equivocada. Dice Sonacol que al existir allí dos ductos anteriores (un oleoducto y un gasoducto) instalar debajo de ellos un tercero ahorraría realizar obras -y sus molestias asociadas- en otros lugares no intervenidos. El problema del que no se hace cargo la empresa es, sin embargo, evidente. Un tercer oleoducto multiplicaría el riesgo y la peligrosidad de eventuales accidentes en instalaciones que hoy se encuentran a metros de villas densamente habitadas. Lo mismo pasa con la Plaza El Campanario, al costado de la Villa Pehuén 3 de Maipú, y por todo el costado poniente de la Autopista del Sol y en la Villa Los Robles. En todos esos lugares, la construcción de este Oleoducto es una amenaza para las familias que allí habitan.
Como establece el sistema de evaluación ambiental, el proyecto del Oleoducto requirió una etapa de participación ciudadana. Durante varios meses las vecinas y vecinos del sector se organizaron y se opusieron enérgicamente al proyecto. En particular, la coordinadora ciudadana “no al Oleoducto”, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y el concejal ecologista Gonzalo Ponce, lideraron el proceso de impugnación y condujeron acertadamente la voz de los vecinos que objetan el hecho de que el Oleoducto recorra sus barrios. Así, cerca de 800 observaciones ciudadanas fueron presentadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la región metropolitana. Estas observaciones ciudadanas son comentarios hechos por la comunidad que se preguntan por las forma en que la empresa Sonacol se hará cargo de las diversas amenazas que traería la construcción de este Oleoducto en términos de daños socio-medioambientales, tales como el deterioro de la calidad del aire, la contaminación acústica, la alteración de riberas y canales, las crecidas y angostamientos bruscos de los flujos de agua, el deterioro del agua subterránea y superficial, la pérdida de flora y fauna silvestre, entre otros. Y quizá el punto más importante: que el proyecto no contempla planes para abordar contingencias o emergencias que surjan. Un punto extremadamente delicado cuando se trata de un Oleoducto, porque de haber un desperfecto, las consecuencias podrían ser fatales y catastróficas.
Sin embargo, debido a las deficiencias que hoy existen en la ley 19.300, la participación ciudadana que se contempla en los estudios de impacto ambiental no es de carácter vinculante ni mayoritaria. A raíz de esto, se ha generado mucha incertidumbre respecto a si efectivamente se dará real acogida a las oposiciones presentadas por los vecinos -respuesta que debieran ser entregada de manera definitiva a fines de septiembre de este año. Si la resolución es aprobatoria y se rechazan las observaciones de los vecinos, habrá que apelar al Consejo de Ministros y luego eventualmente al Tribunal Ambiental de Santiago. De hecho, lo último que nos informó personalmente el Servicio de Evaluación Ambiental es que debido al gran número de observaciones ciudadanas presentada (cerca de 800), estas serán consolidadas y respondidas por temas. Un procedimiento que habrá que fiscalizar con cuidado, pues se corre el riesgo de que el contenido específico de alguna de ellas se pierda. Es por esto que en reuniones con vecinos hemos insistido que es muy importante seguir informados y atentos a este proceso.
Pero ¿qué hay de fondo en el intento de instalar un Oleoducto por zonas densamente urbanas en Maipú y Pudahuel? En países desarrollados ello sería impensable. De hecho, hace mucho tiempo que se acepta que frente a situaciones conocidas como “No por mi patio trasero” (o “NIMBY” en sus siglas en inglés, esto es, inversiones de infraestructura que, siendo necesarias para el desarrollo, enfrentan oposiciones de la población local que rechazan compartir el territorio con ellas), las soluciones están puestas no solo en mejorar compensaciones, sino en repensar marcos regulatorios más compatibles con concepciones del desarrollo que sean más exigente del punto de vista medioambiental. Que estemos discutiendo sobre un Oleoducto que pasaría por zonas densamente pobladas en Chile, habla con claridad de una mala política de “desarrollo”, totalmente arcaica, predatoria y hostil con las personas y el medio ambiente. Una política que además refuerza la estructura social y urbana desigual que existe en nuestro país y que siempre termina perjudicando a las comunas llamadas “dormitorio” como Maipú y Pudahuel (¿o acaso alguien cree que este Oleoducto pudiera siquiera ser sugerido que se construyese cerca de plazas o casas de Vitacura o Las Condes? – donde, por lo demás, está domiciliada la empresa SONACOL).
[cita tipo=»destaque»]Sin embargo, debido a las deficiencias que hoy existen en la ley 19.300, la participación ciudadana que se contempla en los estudios de impacto ambiental no es de carácter vinculante ni mayoritaria. A raíz de esto, se ha generado mucha incertidumbre respecto a si efectivamente se dará real acogida a las oposiciones presentadas por los vecinos -respuesta que debieran ser entregada de manera definitiva a fines de septiembre de este año.[/cita]
Como precandidatura a Diputado del Frente Amplio en Distrito 8, que incluye Maipú y Pudahuel, y en conjunto con Beatriz Sánchez, buscamos establecer un nuevo modelo de desarrollo ciudadano y medioambientalmente sustentable. Para ello empujaremos dos medidas concretas en lo inmediato. Primero, establecer una indicación al actual proyecto de ley que establece los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y que duerme en el Congreso desde 2011. Consideramos que los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial son instrumentos clave para repensar las regiones que habitamos y que bien usados pueden permitir dar lugar a modelos de desarrollo más sustentable con las personas y el medioambiente. Pero para que ello ocurra, se debe considerar en la discusión y aprobación de los PROTS -cuestión que el actual proyecto de ley no considera- mecanismos de participación ciudadana vinculante y obligatoria.
En el mismo sentido, urge modificar la Ley 19300 que regula la participación ciudadana de los estudios de impacto ambiental. Hoy en muchas ocasiones son una burla y fuente de corrupción, pues quedan en manos de consultoras inescrupulosas, pagadas por las empresas interesadas, que a través de mecanismos poco transparente logran “actas de participación” irregulares o derechamente fraudulentas. Es clave que se consulte a los vecinos respecto a la manera que se quiere regular el territorio en que se habita para evitar así que nos encontremos con situaciones absurdas, como lo es el Oleoducto que se pretende construir a metros de las casas y plazas de vecinos de Maipú y Pudahuel. En proyectos de alto impacto medioambiental, se requiere una participación ciudadana verdadera: vinculante, obligatoria y general, incluyendo instrumentos ratificatorios finales como son los plebiscitos comunales.
De lo que se trata, en definitiva, es de inaugurar una nueva relación entre los ciudadanos, las instituciones, y las empresas, haciendo que nuestras comunidades sean protagonistas de las decisiones que se toman y que afectan su vida y las de sus familias. Solo así construimos democracia, extendiéndola desde las esferas tradicionales de la política a aquellas de la vida cotidiana de las personas. Solo así politizamos en un buen sentido nuestra sociedad. A esa lucha disponemos nuestro esfuerzo.
