Opinión
La implantación y desarrollo de un nuevo y potente sistema público de servicios sociales en Chile, su diseño y propuesta organizacional, no suele aparecer en el discurso político ni técnico de nuestro país, ni siquiera parece estar en el imaginario político chileno. Pero, como ocurre casi siempre en el análisis social, esta dificultad puede transformarse en una oportunidad si se aborda el reto de diseñar, a partir de cero, un moderno y poderoso sistema de servicios sociales en Chile, ya que se tendrá la oportunidad tanto de innovar como de aprender de la experiencia de otras sociedades con sistemas de protección social avanzados y consolidados.
La protección social en Chile está basada en dos principios clásicos: el asistencialismo en las políticas micro (las dirigidas directamente a los beneficiarios) y la elección de la población beneficiaria según características intrínsecas y, por tanto, prácticamente invariables. Ambos resultan tan obsoletos como ineficaces e ineficientes. Y, con seguridad, la población chilena siente la falta de amparo y defensa de derechos que esto representa.
El asistencialismo, genera dependencia de los beneficiarios del sistema, aumenta su número y encarece los recursos; además, estos beneficiarios deben conocer y demandar las ayudas, lo que obliga a crear/mantener dispositivos “de espera” para gestionarlas y administrarlas, dificultándose significativamente el trabajo social de base.
Por otra parte, la elección de los usuarios de los servicios de protección social según características intrínsecas (menores, mujeres, discapacitados, personas mayores, minorías étnicas, inmigrantes…) que deben caracterizar a los servicios especializados y, por tanto, subsidiarios de los servicios sociales generales, produce prácticas de “doblaje social” y de estigmatización peligrosas y enormemente ineficientes, ya que se fundamenta la intervención social sobre condiciones invariables, consolidando la idea de que un usuario de los servicios sociales siempre será dependiente de ayudas, puesto que reúne condiciones personales que lo definen y automarginan.
En este sentido, el interesante proyecto Chile Solidario, con la excepción del Programa Puente, está fundamentado en los dos principios mencionados.
Estos problemas, muy establecidos en el sistema (sistemas) de protección social en Chile, son claramente reconocibles tanto en los servicios sociales de tipo general (familias desfavorecidas) como en los especializados. Y es fácil observar un error estratégico que se comete cuando las autoridades intentan abordar la problemática (déficits atencionales, crisis puntuales…) de la protección social chilena (Sename, dramático ejemplo actual): se aumentan recursos allí donde se produce un foco de problemas, se modifica la legislación para garantizar la provisión de recursos focalizados y se diseñan métodos para identificar y etiquetar a los beneficiarios. O, lo que es lo mismo, se intenta resolver los problemas utilizando la misma metodología que consolidó su existencia, sin considerar la cuestión de fondo: la carencia absoluta de un sistema público de protección social basado en la garantía de derechos y universalización de prestaciones.
Por eso, la existencia de casos, por frecuentes que hayan sido, de graves problemas en la población infantil residente en centros del Sename no es solamente un problema de mal funcionamiento o negligencia culpable de ese servicio, sino la dramática manifestación de la inexistencia de recursos de prevención primaria y secundaria que eviten que los usuarios de estos centros sean, siempre y sistemáticamente, niños y niñas en situación de gran desventaja social y con sus derechos gravemente vulnerados.
Por otra parte, Chile ha articulado una estructura de atención/protección social complicada y sobreburocratizada. Es decir, los dos niveles de atención, general y especializado, que debieran situarse en los municipios, el primero, y en organismos ad hoc (seguramente regionales), el segundo, se pierden en una maraña de instituciones y organismos prestadores de subsidios, ayudas o servicios que, además, en muchas ocasiones se solapan y resultan de baja efectividad.
Pero resulta que Chile está en condiciones económicas de emprender una inversión suficiente para la adaptación y mejora de recursos que garanticen la implantación y mantenimiento de un sólido sistema público de servicios sociales (en adelante, SPSS), entre otras causas porque en la actualidad Chile Solidario, el programa más importante y claramente propio de un sistema de servicios sociales público, solo representa aproximadamente 0.1% del PIB (proyecto de Ley de Presupuestos 2017), lo que indica que el gasto/inversión en lucha contra la pobreza es claramente incrementable, al tiempo que, en este mismo proyecto de Ley de Presupuestos, se aumenta significativamente el gasto en servicios especializados, como los dirigidos a menores en centros de protección, sin afrontar decididamente el origen del problema de los niños y niñas en situación de desventaja social en Chile.
[cita tipo=»destaque»]Chile ha articulado una estructura de atención/protección social complicada y sobreburocratizada. Es decir, los dos niveles de atención, general y especializado, que debieran situarse en los municipios, el primero, y en organismos ad hoc (seguramente regionales), el segundo, se pierden en una maraña de instituciones y organismos prestadores de subsidios, ayudas o servicios que, además, en muchas ocasiones se solapan y resultan de baja efectividad.[/cita]
Un SPSS fundamentado en la garantía de derechos, en la universalidad de acceso y la normalización de prestaciones, no tiene por qué ser caro, sino económicamente eficiente y, por supuesto, de alta rentabilidad social: en el primer nivel (servicios sociales generales) se debe contener la mayor parte de las necesidades sociales, ya que cumple una función preventiva de primer orden y, como servicios subsidiarios de los generales, los recursos especializados han de atender situaciones que requieren una intervención específica y dirigida siempre al retorno de los usuarios a su entorno natural.
Chile necesita (y podría), por tanto, llevar adelante un proyecto político-técnico basado en la garantía de derechos, en la normalización de recursos y en la universalización de acceso a los mismos. Este tipo de modelo tiene dos características que lo distinguen del asistencialismo clásico: en primer lugar, se organiza en función de necesidades sociales de la población en su conjunto y, en segundo lugar, el criterio básico para proveer de prestaciones a usuarios del sistema es la posición social que ocupan (mayor o menor desventaja social), en ningún caso condiciones intrínsecas o características inmodificables.
¿Cuáles son entonces las características básicas con las que debería contar un nuevo sistema público de servicios sociales en Chile?
En primer lugar, se debería impulsar un régimen de prestaciones básicas de servicios sociales generales en los municipios, que responda a las necesidades de información, orientación, convivencia e integración social. Este primer nivel, de prevención primaria y secundaria, debe contener la mayor parte de la demanda técnica e interviene en la comunidad, a través de unidades de atención social de base. Por otra parte, se deben desarrollar redes de servicios sociales especializados (subsidiarios de los anteriores): menores de edad, dependencia y discapacidad, minorías étnicas, inmigración, etc.
Siguiendo con el ejemplo de los menores de edad en situación de dificultad social, se debe considerar que, si se cuenta con un sólido sistema público de servicios sociales (es el caso de España), aproximadamente el 75% de las situaciones de desprotección y riesgo para la infancia son tratadas y resueltas en el nivel comunitario, derivándose a los servicios de protección de menores (en Chile sería el Sename) solo el 25% restante, con lo que eso representa de disminución de las intervenciones traumáticas y de ahorro en recursos especializados.
Finalmente, ambos niveles han de estar basados en los principios de universalidad, normalización y garantía de derechos. Es decir, los criterios de creación/implantación y gestión de dispositivos proveedores de prestaciones sociales, han de ser geográficos y poblacionales; asimismo, los criterios claves para dispensar prestaciones y recursos de apoyo social, han de tener un doble componente: criterio de acceso, la posición de desventaja social; y, criterio técnico, la incorporación de recursos y habilidades que fomenten la autonomía e independencia de los usuarios.
Al mismo tiempo, para implantar sólidamente este sistema en Chile, se requiere de un pacto político que puede y debe liderar el Poder Ejecutivo; por lo tanto, el Gobierno (el nuevo Gobierno) debería manifestar su firme voluntad de asumir el liderazgo para la implantación y desarrollo de un SPSS garantista de derechos, universal y normalizado. También, desde el propio Gobierno se debería considerar, desde su origen, que se trata de una propuesta estratégica, con vocación de estabilidad en el tiempo, que requerirá de un marco legislativo prácticamente consensuado y, por lo tanto, debe contar con el acuerdo y apoyo de las diferentes fuerzas políticas, así como de la iniciativa social.
La implantación y desarrollo de un nuevo y potente sistema público de servicios sociales en Chile, su diseño y propuesta organizacional, no suele aparecer en el discurso político ni técnico de Chile, ni siquiera parece estar en el imaginario político chileno. Pero, como ocurre casi siempre en el análisis social, esta dificultad puede transformarse en una oportunidad si se aborda el reto de diseñar, a partir de cero, un moderno y poderoso sistema de servicios sociales en Chile, ya que se tendrá la oportunidad tanto de innovar como de aprender de la experiencia de otras sociedades con sistemas de protección social avanzados y consolidados. De ahí el interés de incluir en la agenda política, en el programa electoral de candidaturas a la Presidencia de la República, una propuesta de implantación y desarrollo de un potente y moderno SPSS en Chile.
Este tipo de proyectos, ambiciosos y de largo aliento, requiere de un Poder Ejecutivo con capacidad de liderazgo, que protagonice e impulse esta importante iniciativa, lo que suele entenderse como proyecto tanto de programa electoral como de ejecución en la primera parte del mandato presidencial. Esto significa que se abre la posibilidad al nuevo Gobierno de protagonizar una iniciativa novedosa y bien fundamentada, que, por su naturaleza, ha de concitar amplio acuerdo y apoyo social.
