Aunque Trump se niegue a dar crédito al fenómeno del calentamiento global, en Latinoamérica la temperatura del conflicto político sigue aumentando aceleradamente, amenazando incluso con fundir las bases democráticas en el continente.
Después de las masivas protestas anti-neoliberales en Argentina (que tuvieron su punto más alto en el primer Paro General de Trabajadores contra Macri el pasado 6 de abril), durante abril y mayo las derechas latinoamericanas han desplegado con mayor audacia sus piezas en el tablero latinoamericano. Así hemos visto imágenes dramáticas del conflicto político en Venezuela, acompañadas del estallido de una nueva crisis institucional en Brasil. Intentaremos en estas letras aproximar una lectura productiva de los antecedentes de estas crisis, el calentamiento continental y sus posibles salidas.
La ofensiva de la derecha en Venezuela
El conflicto político en Venezuela no ha parado de escalar desde las elecciones de fines del 2016, cuando la derecha opositora agrupada en la autodenominada Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró una mayoría relativa en la Asamblea Nacional Bolivariana, posición desde donde ha orquestado un intento institucional de bloqueo político (gridlock) al gobierno, poniendo en jaque la institucionalidad democrática del Estado Venezolano. Las respuestas constitucionalmente existentes a este gridlock tuvieron un rechazo importante y muchas de ellas debieron ser revocadas, pero al final del día la derecha no logró su objetivo principal: la desestabilización final del gobierno democráticamente electo.
Constatada la insuficiencia del jaque institucional, la jugada siguiente consistió en utilizar a la OEA como instrumento externo. Así, a petición de México este organismo pasó flagrantemente por encima de la presidencia de su Consejo Permanente (en manos de Bolivia) y convocó a una reunión para solicitar la aplicación de la ‘carta democrática’ en Venezuela.
[cita tipo=»destaque»]La respuesta del gobierno, vale decir el llamado a una nueva Asamblea Constituyente, es una apuesta arriesgada en un contexto de sostenida inestabilidad, debido que la participación puede verse afectada, sea por el cansancio de parte importante de la población, o bien por campañas de deslegitimación del proceso, como vienen haciendo de manera cada vez más destemplada los voceros del MUD.[/cita]
La carta democrática de la OEA establecería que este país ha dejado de comportarse como una democracia, lo que significa despejar el camino para una intervención más directa aún desde el extranjero, evidenciando la imposibilidad de la derecha venezolana de derrocar al gobierno por mano propia.
De este modo, la OEA refleja su razón de ser profunda: un instrumento de la política exterior norteamericana contra los gobiernos que intentar un programa distinto del recetario neoliberal.
Hoy día el pueblo venezolano sufre un bloqueo económico informal pero de enormes proporciones, lo cual se expresa en un dramático desabastecimiento interno de mercancías básicas. Se trata de un escenario bien conocido en Chile, y que guarda muchas similitudes con la táctica de la derecha empresarial criolla de sabotaje económico al gobierno de Allende: acaparamiento, especulación, desabastecimiento y sensación de caos económico. Esto es reflejo tanto del control que mantiene el gran empresariado sobre la economía del país, como de su falta de escrúpulos cuando se trata de defender sus intereses.
Sin embargo, en el mismo sentido de la experiencia chilena, queda claro que ni el jaque institucional ni el bloqueo económico resultan suficientes para derrotar al movimiento bolivariano; por mientras, la temperatura del conflicto sigue en ascenso, y las piezas de la derecha se enfilan abiertamente a la intentona golpista.
Aunque el ánimo injerencista de la OEA fue en alguna medida aplacado, la agitación interna no para de crecer y, con ella la presión y desinformación mediática internacional. Durante el último mes, más de 60 personas han muerto en alguna de las manifestaciones de violencia callejera o política atizadas por líderes y adherentes del MUD. Pero, al contrario de lo que dicen muchos de los medios masivos, estas muertes pertenecen mayoritariamente al lado bolivariano.
Ante la imposibilidad de un jaque mate elegante, la derecha en Venezuela viene decidida a patear el tablero: las bombas de excremento usadas contra manifestantes del lado contrario, la quema de edificios públicos (hospitales entre ellos) y de personas (¡sí, personas vivas!) en las calles, y el establecimiento de algunas milicias paramilitares que han asesinado selectivamente a partidarios de gobierno, son todas expresiones de esta decisión.
El llamado a una Nueva Asamblea Constituyente
Ante el llamado inmediato a nuevas elecciones agitado por el MUD, el gobierno de Maduro decidió hacer precisamente eso: convocar a elecciones para la conformación de una nueva Asamblea Constituyente en julio, y para gobernadores regionales en diciembre. Por cierto, el foco de la oposición estaba puesto en las elecciones presidenciales, tal vez confiada en mantener el impulso electoral del año pasado en un enfrentamiento directo contra el actual presidente Maduro. No obstante, la actual Constitución Bolivariana establece que, en casos de conflictos políticos como el actual, que conllevan la parálisis temporal del sistema administrativo y de gobierno, corresponde una solución institucional más drástica: el llamado a una nueva Asamblea Constituyente, en la que sea el pueblo en su conjunto quien ratifique y profundice, o bien rectifique y reoriente, la República Bolivariana de Venezuela.
El domingo pasado se anunció elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 30 de julio.
Poniendo las cosas en su contexto, los gobiernos Bolivarianos transformaron a pesar de la tenaz oposición reaccionaria local y continental (con golpe de Estado incluido) un aparato estatal totalmente corrupto en uno más moderno, democrático y participativo, aunque no carente de vicios que son, por lo demás transversales a muchos de los estados latinoamericanos.
Según los datos de Latinobarómetro, Venezuela es el país de mayor participación política de la región: el 2013 más de un 49% de la población participaba en política en alguna de sus formas, mientras que sólo el 6% de la población no se clasifica en el esquema izquierda / derecha (a diferencia de Chile, donde esta cifra llega al 38%), y finalmente la perspectiva de que la democracia es la la mejor forma de gobierno no ha parado de crecer desde el primer mandato de Hugo Chávez.
Sin dejar de reconocer algunos puntos oscuros en la política interior (como son por ejemplo las condiciones de encarcelamiento), para todos los estándares latinoamericanos Venezuela es una democracia: imperfecta como todas, y que hoy se debate entre su perfeccionamiento con protagonismo popular, o en su desmoronamiento sedicioso.
El gobierno del Comandante Chávez también dio inicio a un proceso de reorganización de una economía que, si bien no califica como socialista y mantiene una dependencia importante de la exportación del petróleo, sí posibilitó una drástica reducción de la pobreza: sólo entre 2003 y 2006 ésta se redujo de un 55 a un 30%, mediante la democratización de derechos y beneficios sociales. Asimismo, su gobierno levantó (y en algunos casos creó desde la nada) una enorme diversidad de programas sociales en salud, educación y alfabetización, vivienda y capacitación productiva, esfuerzos que incluso trascendieron sus propias fronteras como la generosa Misión Milagros, que permitió a miles de personas acceder a la visión negada por sus propios sistemas de salud nacionales.
Intensificando la participación popular
Sin llevar este argumento a ninguna apología, es un hecho que en la Venezuela de hoy la calidad de vida ha aumentado para los pobres de campo y la ciudad. No es casual, en consecuencia, que sean éstos los sectores que salen primero a defender la constitucionalidad y legitimidad del proceso Bolivariano, resistiendo el asedio económico e institucional de una derecha desesperada y desvergonzada.
Y es que, con todos sus defectos y dificultades, el proceso Bolivariano se encuentra en un momento decisivo, y que trasciende sus fronteras, donde los llamados al diálogo y la solución pacífica del conflicto deben ser acompañados de una intensificación de la participación: responder a la desestabilización y el terror con un nuevo ímpetu democratizador, social y popular. Porque, al contrario de lo que transmite la prensa oficial en Chile y otros países, en el conflicto venezolano la alternativa democrática no se encuentra en la derecha y su llamado al imperio a resolver la crisis.
La respuesta del gobierno, vale decir el llamado a una nueva Asamblea Constituyente, es una apuesta arriesgada en un contexto de sostenida inestabilidad, debido que la participación puede verse afectada, sea por el cansancio de parte importante de la población, o bien por campañas de deslegitimación del proceso, como vienen haciendo de manera cada vez más destemplada los voceros del MUD.
De todos modos, se trata de una apuesta que pone nuevamente a prueba la capacidad popular de enfrentar el conflicto por vía de su politización y apertura democrática, poniendo en tensión la capacidad institucional y de conducción del movimiento bolivariano para confrontarse con la derecha, que es la expresión local del interés norteamericano.
Una actitud consecuente y productiva de la izquierda latinoamericana se torna urgente y necesaria, llamando activamente a la defensa de la legitimidad del proceso bolivariano, enfatizando su carácter popular y democratizante; denunciando y oponiéndose tanto el injerencismo norteamericano y de cualquier intento por acabar unilateralmente con el esfuerzo (imperfecto y perfectible) de la Revolución Bolivariana; y denunciando firmemente los irresponsables llamados a la violencia de la derecha en Venezuela.
Pareciera que el principal enemigo de los procesos de democratización política, económica y social en Latinoamérica sigue estando en las derechas y su relación con el imperio.
