Señor Director:
Este lunes 12 de junio falleció Jesús Andahua Urbano, un joven peruano de 26 años que trabajaba en la construcción del proyecto inmobiliario ubicado en la intersección de Salesianos con Gran Avenida, comuna de San Miguel. El deceso se produjo cerca de las 18:15 en su lugar de trabajo, tras el derrumbe de un muro que dejó atrapado a Andahua y otros tres de sus compañeros de faena, que más tarde fueron rescatados de los escombros.
La muerte del trabajador peruano se produce en medio de un contexto de fuertes críticas de los vecinos al explosivo desarrollo inmobiliario que ha experimentado la comuna de San Miguel en los últimos siete años. E instala la duda razonable sobre las condiciones de higiene y seguridad laboral en los más de setenta y dos proyectos que actualmente están aprobados por el municipio o en fase de construcción.
En las investigaciones realizadas por los organismo de salud del SEREMI metropolitano sur, se determinó que en la obra existían serias irregularidades en materia de higiene y seguridad laboral, cuestión que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir accidentes. A esto se suman las declaraciones de los compañeros del fallecido trabajador peruano, quienes señalan que en la obra no sólo carecían de elementos básicos de seguridad, sino que también eran víctimas de constantes abusos y maltratos por parte del jefe de obra.
Todos estos antecedentes dan cuenta de la realidad que viven los trabajadores del sector inmobiliario, donde muchas veces se ven obligados a ejecutar sus labores en obras que no cuentan con los estándares mínimos de seguridad. Prueba de ello, es que este sector concentra cerca del 20% del total de muertes por “accidentes laborales” que se producen en un año, siendo superado sólo por el sector que integran las empresas del transporte urbano y rural (32%). Además, el sector inmobiliario concentra el 11% del total de trabajadores inmigrantes en el país, quienes muchas veces laburan sin contratos y en peores condiciones de seguridad que el resto de sus compañeros.
La mayoría de los accidentes laborales con resultados de muerte en el sector inmobiliario son producto de la falta de implementos de seguridad, tanto a nivel personal como de las obras. Cuestión que está directamente relacionada con la cultura organizacional de la construcción y con la política de reducción de costos que utilizan las empresas para asegurar mayores tasas de ganancias. Ambos elementos combinados pueden aumentar considerablemente el riesgos de accidentes fatales y producir un sinnúmero de violaciones a los derechos laborales de las personas.
Por ello, el rol de los órganos públicos encargados de otorgar los permisos y fiscalizar las obras de construcción se vuelve elemental para reducir el número de muertes y prevenir accidentes laborales. Mismo rol que los funcionarios del departamento de obras del municipio de San Miguel parecen haber olvidado, pues hicieron vista gorda a las irregularidades que presentaba la obra del proyecto “El Llano” de la constructora Esperanza, y que terminaron provocando un accidente que dejó un muerto y tres trabajadores heridos.
Instamos al alcalde Luis Sanhueza (RN) y al concejo municipal a tomar medidas frente a estos hechos, pues -más allá de la responsabilidad laboral y penal que le corresponde asumir a la constructora ante tribunales- hay una evidente responsabilidad política del municipio al no dotar de la fuerza necesaria a los organismos correspondientes para enfrentar la abrupta alza de construcciones, y poder fiscalizar efectivamente a las empresas constructoras, tanto en el cumplimiento de la normativa urbana vigente, como en términos laborales.
Además, consideramos necesaria la realización de una auditoría a todos los proyectos inmobiliarios tramitados antes de la aprobación del plan regulador, o que tengan quejas fundadas de los vecinos. Todo esto por haber convertido a San Miguel en una de las comunas con mayor alza de proyectos inmobiliarios de los últimos años en la Región, amparados en un plan regulador que no fue diseñado para estos fines.
Y por último, que nunca más un trabajador, sea chileno o extranjero, tenga que morir por culpa de la falta de seguridad laboral. La vida y la dignidad de las personas es lo primero que debemos proteger y no los intereses particulares de unos pocos.
Mauricio Carrasco, militante del Movimiento Autonomista
Precandidato a diputado del Frente Amplio
San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo y San Ramón
Matías Freire, militante del Movimiento Autonomista
Concejal de la comuna de San Miguel
