Señor Director:
La libertad de expresión y la libertad de culto bajo ningún punto de vista racional, en un Estado de Derecho democrático, pueden justificar el discurso de odio. La acción verbal o física con el único fin de promover y alimentar la discriminación y odio respecto de un grupo específico de personas, sea por su etnia, nacionalidad, religión, identidad de género u orientación sexual, no puede ser tolerado y, de hecho, debe ser rechazado.
El rechazo al discurso de odio, creo, es una condición necesaria para que los individuos puedan vivir dentro de un contexto social de libertad y respeto. Este rechazo, para ser efectivo, no basta con que sea expresado por la mayoría de la sociedad en conversaciones o vía internet, sino que requiere de una respuesta punitiva por parte del Estado para desalentar la conducta en cuestión y recordarle a aquellos grupos objeto del discurso de odio que la sociedad, como un todo, los respalda.
El caso vivido por José Miguel Villouta con el Pastor Soto es un ejemplo de ello. No puede ser que un periodista, cuya orientación sexual es conocida por cualquier persona que lo siga, deba soportar que un entrevistado tome la bandera del arcoíris, la pise y diga que es “un trapo de inmundicia” frente a sus ojos. Este lamentable hecho es un nuevo ejemplo del discurso de odio presente en Chile y lo necesario que es una legislación penal adecuada que responda a estos hechos.
En cualquier caso, chapeau para el periodista, no todos hubiesen actuado con el profesionalismo que él mantuvo durante este lamentable hecho.
Lucas Arteaga Gatica
Abogado y ayudante de Derecho Penal
