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Proyecto de nueva educación pública escolar

por 14 julio, 2017

Hoy el gobierno intenta sacar adelante tres reformas educacionales que ha definido como prioritarias para terminar con éxito su ciclo de reformas enfocadas en derechos sociales. Hablamos del proyecto de ley que crea un nuevo marco regulatorio para Educación Superior, el que regula el funcionamiento de las Universidades del Estado y el que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública Escolar. Estos tres proyectos tienen dos cosas en común:

  1. Son integradas al programa de gobierno de la Nueva Mayoría como respuesta política a las movilizaciones sociales de estudiantes y docentes de los últimos años, las que exigían un cambio estructural del sistema educativo, desde uno basado en la competencia de mercado, individualismo y exclusión, a otro que se base en la colaboración pública, la solidaridad y la inclusión en todas las dimensiones del fenómeno educativo.
  2. Estas reformas han sido elaboradas y tramitadas con exclusión de los actores sociales arriba mencionados, estando al día de hoy, ambos sectores en contra de las reformas de educación en cuestión.

¿Qué debe hacer el Frente Amplio en un escenario donde, por un lado, la Nueva Mayoría intenta aprobar a toda costa proyectos de reforma bajo la amenaza de que “con Piñera será imposible hacer cualquier cosa”, pero, por otro, los actores sociales que constituyen el sentido y legitimidad política del Frente Amplio están en contra de las reformas planteadas?

No se puede aprobar a toda costa un proyecto que genera altos niveles de rechazo en sus principales actores sociales; es insostenible en el tiempo mantener una política pública en educación escolar sin la legitimidad, particularmente, del cuerpo docente.

Para responder esta pregunta es fundamental comprender que, si bien creemos necesario entrar a disputar en el escenario político construido por la transición, esta disputa debe responder a principios y lógicas diferentes a las que hemos estado acostumbrados las últimas décadas. Así, cuando hablamos de derechos sociales, no hablamos solo de acceso universal y gratuito a servicios públicos (¡ni mucho menos de focalización del gasto público para hacerlo posible!), sino también de la participación vinculante de las personas que son objeto de la regulación estatal en la elaboración y gestión de la norma (por ejemplo docentes y estudiantes en los proyectos de educación). Cuando hablamos de representación en cargos del Estado, no lo hacemos pensando en beneficios personales ni en el de la organización como fin en sí mismo, lo hacemos con el único fin de que quienes han sido excluidos de la política estatal puedan hacerla suya para el beneficio de su comunidad (como la Alcaldía Ciudadana en Valparaíso, el uso de la sede de nuestra diputación en Magallanes, las escuelas abiertas de la Municipalidad de Recoleta, entre otros buenos ejemplos). Y, finalmente, cuando hablamos de la proyección de movimientos y luchas sociales, hacemos una distinción y propuesta política que marca una diferencia radical con la política de la transición: no somos un grupo de expertos o burócratas que desde el aparato del Estado decide finalmente el rumbo de las soluciones; al contrario, creemos firmemente que es solo con los actores sociales que pujan por una forma de vida más digna puede construirse respuestas para los conflictos actuales. Sin ellos no hay avance posible hacia el horizonte que queremos construir.

Entonces ¿en qué condiciones se debe apoyar el proyecto de nueva educación pública escolar?

  1. En primer lugar, debe existir un diálogo real y vinculante con las organizaciones que, ligadas a la comunidad educativa, han empujado hace años la necesidad de desmunicipalizar con un enfoque de derechos sociales, en concreto, profesores y estudiantes. No se puede aprobar a toda costa un proyecto que genera altos niveles de rechazo en sus principales actores sociales; es insostenible en el tiempo mantener una política pública en educación escolar sin la legitimidad, particularmente, del cuerpo docente.
  2. En cuanto al proyecto en sí, es urgente y necesario desmunicipalizar, pero ello no puede realizarse sin tocar los pilares centrales del mercado educativo chileno:
    1. El sistema de financiamiento a la demanda, principal mecanismo de segregación y competencia para el sistema educativo nacional.
    2. El sistema de aseguramiento de la calidad, en concreto, los mecanismos y lógicas de evaluación y la clasificación de escuelas, que afectan tanto a los establecimientos educativos como a trabajadores y estudiantes.
    3. La delegación de responsabilidad política del Estado en instituciones descentralizadas. Este proyecto, cambia la figura del sostenedor desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación (SLE). El problema, es que son simplemente “supervigilados” por el MINEDUC, siendo el “retorno al Estado” más un mito que propiamente un retorno a la responsabilidad política que debe asumir el Estado con el sistema en su conjunto (además no se sabe aún cómo se coordinarán estas nuevas figuras con las SEREMIS y DEPROV de educación).
    4. La caída exponencial de la matrícula pública. No existe un énfasis en la propuesta legal de proyectar el crecimiento de la matrícula pública para convertirse en hegemonía del sistema al largo plazo. Esta idea es central para hacer posible una educación basada en derechos sociales.
    5. No existe aún solución alguna respecto del no pago de la “deuda histórica” hacia los docentes. Por otra parte, si bien el proyecto establece garantías de protección laboral para pagar deudas previsionales municipales, deudas contraídas con terceros y sus respectivos reajustes o intereses, omite las deudas por no pago de las remuneraciones, cuestión que hoy es un problema grave y al que las y los trabajadores de la educación sólo pueden recurrir judicialmente para encontrar alguna solución al problema.
    6. La falta de participación vinculante de la comunidad educativa en la gestión del sistema. El proyecto otorga mucho poder a los SLE (de carácter tecnocrático) y muy poco a la comunidad educativa.
  3. El proyecto actualmente se encuentra en tramitación en el Senado. Una vez aprobado en su comisión de educación, pasará a votación en particular en la sala. Hacemos un llamado a que se agreguen propuestas concretas que avancen en los dos puntos anteriores, cuestión que de no ocurrir, traerá como consecuencia nuestro rechazo en la Cámara de Diputados y nuestro apoyo a las eventuales movilizaciones y protestas sociales a favor del rechazo de este proyecto.

Estamos ante una oportunidad realmente histórica. Por primera vez en muchos años tenemos la oportunidad de discutir sobre una reforma profunda que reconstruya nuestra alicaída educación pública. Si no avanzamos en la dirección correcta, si omitimos de la reforma los pilares centrales que la han ido destruyendo, le daremos un golpe definitivo a las aspiraciones de un país, a la posibilidad de superar este modelo de desarrollo, de crear una convivencia y cultura más rica y solidaria. Al final del día, le estaremos cerrando la puerta a la idea de construir un mundo donde (como decía la gran Rosa Luxemburgo) seamos “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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