Señor Director:
Este invierno ha traído una serie de situaciones críticas en el suministro de agua potable y electricidad, las empresas responsables de estas crisis son dos: Aguas Andinas y ENEL, ambas sujetas a la ley de concesiones. La primera, filial de grupo español AGBAR, responsable del corte de suministro por efectos de lluvias e isotermas cada vez más altas con las consecuencias de no poder filtrar la turbiedad, sin poder disponer hasta el día de hoy de reservas adecuadas para enfrentar cualquier emergencia superior a 9 horas. La segunda, ENEL, del grupo italiano Enel Green Power, con una cobertura de 33 de las 52 comunas de la RM, es la que ha suspendido el suministro –de energía en este caso- de manera constante por lo que ellos llaman “causa mayor”, lo que significa que es un hecho que no se puede evitar y tampoco prever, también se le conoce como la mano de Dios. En Chile esto es la caída de ramas y árboles, vientos sobre 40 km/hr., nieve entre 5 a 10 centímetros y 15 mm de agua. Sí es así, suena previsible.
Estos dos grupos se han destacado por sostener y aumentar progresivamente su cobertura en el mercado, al punto que AGBAR tiene el monopolio de aguas de la RM pues son también parte del holding Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. ENEL también tiene ambiciones de ampliarse a lo largo del país. Son negocios rentables, de hecho, las filiales en Latinoamérica de ambos grupos tienen rentabilidades que permiten números azules en sus estados de cuenta. Lo importante acá es la debilidad de los contratos en lo referido a cautelar, proteger y vigilar los derechos de los consumidores. Es difícil tolerar explicaciones que no solucionan la base de los problemas. Se dice que las multas van a disuadir a estas empresas de mantener sus políticas de falta de inversión, profesionalismo y desidia en controlar los factores de riesgo. El caso de Aguas Andinas lo desmiente: desde 2010 a 2016 acumula 1.049 millones de pesos en multas, un gran número aún en vía judicial porque la empresa apela en tribunales y así patea los posibles pagos. Es más fácil tener un enorme equipo de abogados que aplicarse a resolver los verdaderos problemas.
En el caso de la generación y distribución de energía eléctrica, la falta de inversión en la red, de mantención de equipos y no estar constantemente aligerando el tendido de cables ya sin uso y en condiciones lamentables, es una política ciega. Ya hemos sido informados que soterrar el tendido es excesivamente caro, bien, entonces que se invierta en limpiar y mejorar equipos. Digo esto porque el evento de este fin de semana causó más estragos en las comunas con los mayores ingresos, donde se suponía que el servicio y suministro eléctrico era el más seguro, falló con una nevada calificada de ligera. La capacidad de informar de los residentes acerca de sus desgracias y pesares, tuvo un mayor impacto en los medios de comunicación y en los cuerpos políticos y administrativos. Es de justicia compartir que comunas como Lampa, Colina, Til Til, La Florida y otras, también han sufrido cortes de luz que superan los seis días y más. Está claro que las empresas señaladas tienen una política sostenida de fallas. Es necesario pues revisar las leyes de concesiones, establecer criterios de calidad y responsabilidad social, algo que, lamentablemente, lo más probable es que sea enfrentado cuando el impacto sea sobre las autoridades políticas e identificado con el voto y la denuncia judicial.
Rodrigo García
Académico Universidad Diego Portales
