“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”. Esta máxima de Nicolás Maquiavelo (1469-1527,) considerado el padre de la ciencia política, siempre tan contemporáneo, es el autor que desliga la moral y lo ético en la política definiéndola como un ejercicio basado en el engaño para conseguir sus propósitos. Sin duda, una ilustración de maquiavelismo es la práctica de la oposición de usar el Tribunal Constitucional (TC) para obstaculizar cada una de las reformas estructurales de la Administración Bachelet. La última, la despenalización del aborto terapéutico.
En efecto, en 1981, la dictadura cívico-militar, (lo “cívico” fue aportado por los dos partidos que aún están en la primera línea política, el Partido Nacional (PN) y la Unión Democrática Independiente (UD)) con manu militar convirtieron el sistema educativo en apologista y devoto de la segregación, el copago, la discriminación en la selección de los estudiantes; basado en el lucro por sobre la calidad y clasificándola como un bien de consumo y no como un derecho garantizado. Estos mismos partidos presenta en el TC un requerimiento de inconstitucionalidad a la gratuidad universitaria propuesta por la reforma bacheletista, argumentando que sería discriminatoria ya que, en el primer año, abarca a un estamento sólo de estudiantes vulnerables discriminando a los demás. Los padres de la discriminación defendiendo la no discriminación en el sistema educacional se transforman en una operación política macro maquiavélica.
Con esta maniobra maquiavélica, la centro derecha, beata del neoliberalismo más salvaje y que ve el sistema educacional sólo como un nicho más dentro del mercado con posibilidades de lucro, defienden, en rigor, la gratuidad universitaria de estudiantes de algunas universidades privadas, llevando el maquiavelismo a su expresión máxima: quieren continuar recibiendo dinero público para sus universidades privadas y así continuar lucrando.
Pero lo más esperpéntico, es que estos auténticos lobos maquiavélicos al recurrir al TC han judicializado la política y politizado la justicia porque no tienen los votos en el Parlamento (léase el apoyo ciudadano) para abortar las reformas estructurales bacheletistas que, en este caso, delimita la discriminación y el lucro en el aparato educacional universitario otorgando una gratuidad gradual y progresiva. Acudieron puntualmente al TC con otras dos reformas estructurales, la tributaria y la laboral.
Sin duda, y a pesar de todos los baches en la gestión de las reformas, existe una férrea voluntad política en la Administración Bachelet de cumplir lo prometido. El centro derecha, por otra parte, tiene una sola línea de oposición al proceso de reformas estructurales, que cambian parámetros centrales del neoliberalismo salvaje heredados de la dictadura: la obstrucción total a las reformas, sí o sí. Sin los votos en el Parlamento, sólo les quedó el TC, una institución modificada en la Constitución de la dictadura para atajar reformas en caso de que la voluntad mayoritaria en el Parlamente no sea de centroderecha, como es el caso bajo la Administración Bachelet.
El uso y abuso de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria, educacional, laboral y ahora la despenalización del aborto terapéutico por el centro derecha en el TC, es una operación política que otorga a esta institución un rol equívoco y excesivo, y un efecto perverso: convierten la democracia representativa en una farsa maquiavélica al convertir el TC en un auténtico búnker contra la voluntad popular. El TC, a pesar de la reforma de calado en 2005, ejerce la coacción política contra las mayorías elegidas democráticamente, y es, en los hechos, una institución anómala que quebranta la convivencia democrática.
[cita tipo=»destaque»]El uso y abuso de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria, educacional, laboral y ahora la despenalización del aborto terapéutico por el centro derecha en el TC, es una operación política que otorga a esta institución un rol equívoco y excesivo, y un efecto perverso: convierten la democracia representativa en una farsa maquiavélica al convertir el TC en un auténtico búnker contra la voluntad popular.[/cita]
La nueva Constitución propuesta por Bachelet, debe otorgarle una nueva institucionalidad al TC: velar por el respeto de las instituciones de la democracia a la Constitución y no como ahora que, en rigor, impugna las reformas que deben tratarse en su integridad en el Parlamento por los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente. El TC, verdaderamente, se ha convertido, por el ejercicio de una oposición irresponsable, en una tercera Cámara que tiene la potestad, tan indebida como absurda, de acoger o rechazar cualquier reforma sólo con una presentación de una presunta inconstitucionalidad, como la última que presentará la centro derecha contra la despenalización del aborto en tres variables: riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación.
La institucionalidad vigente permite que al TC llegue hasta paroxismo la máxima maquiavélica “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” basada en otro axioma del maestro: “el fin justifica los medios”.
Sin duda, la alumna, la centroderecha, ha superado al maestro.
