EDITORIAL
Resulta intolerable que detrás de cada política social destinada a mejorar la calidad de vida o los ingresos de los más desposeídos del país, o cada vez que hay recursos públicos para distribuirles, se instale una trampa para birlar parte de estos recursos o se monten maquinarias burocráticas destinadas a sacar provecho de la situación.
Todo indica que un problema de probidad ronda a gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales, como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la Junaeb, el Sename, el Sence, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera.
Es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Es conocida la anécdota del ex Presidente Carlos Ibáñez del Campo, a quien, a mediados de los años 50 del siglo pasado, durante un cambio de gabinete, le propusieron un nombre que le sonaba metido en un escándalo previo. Efectivamente, el personaje había participado en un negociado de vehículos mientras estaba en un servicio público. La conclusión del Presidente Ibáñez habría sido: “El que toca camioneta, no toca ministerio”, para desechar el nombre.
Es que el origen de la apropiación corporativa del Estado y de sus políticas por grupos o verdaderas mafias tiene la puerta de entrada en la política, y en la composición de los gobiernos, cuando reclutan el personal estatal superior. Es en los ministerios o direcciones superiores de los servicios donde se deciden los grandes negocios, las compras y los beneficios que la política pública puede distribuir. Si la calidad ética de ese personal es débil o mala, y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción.
En el último tiempo, particularmente a partir de las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado, o actividades trascendentes para el ejercicio del gobierno, son lugares de corrupción o escándalos. Ha ocurrido con el Ejército, con Carabineros, con Gendarmería, con concesiones de infraestructura, entre otros, e, incluso, existe la evidencia de delitos de cohecho en la dictación de leyes fundamentales para la República.
Todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente y por muchos años, y casi sin consecuencias para los autores. Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción desatados el último tiempo nunca se ha sabido absolutamente nada, ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y enterrada burocráticamente bajo el de Ricardo Lagos. Nadie sabe qué hace o siquiera si existe todavía.
[cita tipo=»destaque»]La pregunta que vuelve una y otra vez es: ¿por qué cada vez que el Estado sale a repartir dinero, que es de todos los chilenos, generalmente destinado a los más pobres, hay gente que, desde la política y en connivencia con empresarios inescrupulosos y agentes del Estado, monta una maquinaria de “ratería” que al final del camino hace más pobres a los pobres? No solamente porque les roban materialmente algo que les pertenece, sino porque, además, simbólicamente los transforman en ciudadanos de segunda clase, cuya dignidad no vale nada, ni siquiera como un seguro para recibir los subsidios que le acuerda el Estado.[/cita]
Recientemente, junto con las terribles secuelas del llamado caso Sename, una auditoría de la Contraloría General de la República determinó un desorden monumental en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), afectando así a los más pobres entre los pobres y con menos posibilidades de defenderse.
El Ministerio Público indaga desde el 2015 en la Junaeb hechos de corrupción en torno a los contratos suscritos por la entidad, principalmente en el programa mencionado. Un ex director de la institución, José Miguel Serrano, de filiación DC, ha declarado públicamente que fue objeto de presiones por parte de Camilo Escalona, ex senador del Partido Socialista y candidato para las próximas elecciones de 2017. Ello, para adjudicar contratos directos a una empresa que no reunía los requisitos para tal asignación.
El programa en referencia implica el financiamiento de más de 1 millón 300 mil raciones diarias de alimento que se reparten en los colegios para niños con mayor riesgo social. Ellas tienen un precio promedio de entre 650 y 800 pesos por ración, lo que anualmente da una cifra de negocios para los proveedores por sobre los 200 mil millones de pesos.
De ahí la encarnizada lucha por calificar como proveedor del programa. Las irregularidades en torno a la institución no son hechos aislados. Ya en 2016 se denunció una eventual corrupción en otro contrato licitado, por 45 mil millones de pesos, en el que se habrían falsificado los antecedentes del ganador; y en un segundo, entregado mediante trato directo, por más de 25 mil millones.
El año 2011 se destapó el llamado caso “Coimas de Junaeb”, en el que varias empresas –entre ellas Alidec, de Pedro Moreira, el mismo que hoy aparece vinculado por sus hijas a la propiedad de Verfrutti, una de las compañías denunciadas por Serrano– debieron responder por millonarios adelantos financieros del Estado por servicios jamás prestados. Veinte años después de ese hecho, que tuvo connotaciones penales, el mismo empresario –cercano al Partido Socialista– aparece en un nuevo hecho denunciado como corrupción por un ex director de la Junaeb, referido a Verfrutti, de propiedad de sus hijas.
El caso de Moreira, que ilustra la mala memoria de Junaeb cuando se trata de presiones políticas, no es el único. Con vínculos notorios con el mundo político, entre los proveedores es posible encontrar esposos o parientes cercanos de ex ministros, a ex subsecretarios de Educación o ex funcionarios que en su momento tuvieron competencias regulatorias o de control respecto de las empresas para las que ahora trabajan. Tal es el caso de Cristian Martínez, quien fue director de Junaeb y luego subsecretario de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, perteneciente a la corriente de la Nueva Izquierda del ex senador Camilo Escalona y que actualmente es el representante legal de Outfood Ltda., empresa que opera como proveedora de alimentación escolar. También es frecuente que funcionarios de Junaeb pasen a desempeñarse como gerentes en las firmas proveedoras o trabajen y boleteen para ellas a base de pago de honorarios .
En la época del escándalo de las “Coimas de Junaeb”, el año 2011, el gobierno de Sebastián Piñera resolvió concentrar la demanda y hacer competir a todos por igual, según se dijo, tratando de terminar con la política de promoción de Pymes que hacía la Junaeb y se prestaba para todo tipo de negociados. Para ello, ordenó cambiar las bases de licitación. Pero el proceso no fue pulcro y lo que ocurrió es que la Junaeb se «olvidó» de realizar los trámites para la licitación y luego recurrió masivamente a la contratación directa para proveer a tiempo las raciones necesarias, con lo cual el espacio de discrecionalidad aumentó junto con el desorden y la mala administración.
Más allá de los problemas de gestión de la Junaeb y su enorme debilidad institucional –tiene poco más de 70 fiscalizadores en todo el país–, los enormes volúmenes de recursos financieros que entrega el Estado, de acuerdo a los informes de la Contraloría y lo que investiga el Ministerio Público, están mayormente mal gastados. Casi un tercio de la comida se pierde, la mayor parte de las veces por fallas de calidad y el rechazo a consumirla por parte de los estudiantes supuestamente beneficiados. Todo ello, mientras la dotación de recursos se mantiene o aumenta, con irregularidades que se multiplican y terminan judicializando toda la actividad, debido a las denuncias de tráfico de influencias y conflictos de interés.
La pregunta que vuelve una y otra vez es: ¿por qué cada vez que el Estado sale a repartir dinero, que es de todos los chilenos, generalmente destinado a los más pobres, hay gente que desde la política y en connivencia con empresarios inescrupulosos y agentes del Estado, monta una maquinaria de “ratería” que al final del camino hace más pobres a los pobres? No solamente porque les roban materialmente algo que les pertenece, sino porque, además, simbólicamente los transforman en ciudadanos de segunda clase, cuya dignidad no vale nada, ni siquiera como un seguro para recibir los subsidios que le acuerda el Estado.
Lo peor es tener que preguntarse ¿cómo es posible que sea la propia política y la burocracia estatal las que alienten – si no derechamente organicen– ese “robo” a los más pobres? Por qué el Estado y sus órganos de control se omiten o no tienen memoria sobre lo que ocurre con este verdadero asalto a la vida de los más necesitados y a las arcas fiscales? Al parecer no solo un gran vacío ético domina a la República de Chile, sino también un clivaje de inmoralidad en el que se exhibe, de modo crudo y brutal, lo peor de la política nacional.
