Opinión
Para las izquierdas el proyecto gubernamental representa un serio desafío. Se trata de lograr compatibilizar el objetivo de lograr terminar con el rol central que tienen las AFP en el sistema previsional chileno con la efectiva posibilidad de iniciar la transformación de uno de los principales legados de la dictadura. En este sentido, algunas de las críticas esbozadas por sectores vinculados al Frente amplio, más allá de la razonabilidad general que algunas de ellas puedan tener, revelan una falta de consideración de las variables políticas para avanzar en las reformas. Es el caso cuando, en la actual correlación de fuerzas, se llama a terminar con el sistema de capitalización individual, negando al mismo tiempo los avances en materia de solidaridad y de mejoramiento de las pensiones de los sectores medios del país que implica el proyecto.
Aun cuando el candidato presidencial de la Nueva Mayoría anuncia que está pronto a iniciar su campaña, es el Gobierno el que está asumiendo el liderazgo para fijar las coordenadas fundamentales que ordenarán la campaña presidencial. Desde las últimas semanas la propia Presidenta de la República ha asumido un papel activo en la defensa de las reformas y la necesidad de elegir un nuevo Gobierno de centroizquierda que asegure su proyección. En este contexto, la reforma previsional se constituye en uno de los temas fundamentales en torno a los cuales se deberán definir las candidaturas: mientras que Piñera asume como principal estandarte la defensa de las AFP y la previsión como negocio, las candidaturas de centroizquierda se deben proponer avanzar hacia un sistema de seguridad social.
Luego de un año desde que se anunciara la reforma previsional, la Presidenta de la República ha firmado finalmente tres proyectos que reforman el sistema de pensiones. Aunque todavía no se conoce el detalle de los mismos, es posible analizar su significado tanto desde el punto de vista social como político.
¿Cuáles son los contenidos principales de la reforma? Como ya había trascendido, las reformas propuestas tienen 4 proposiciones principales.
1.- La creación de un pilar de ahorro colectivo con base en una contribución patronal de 5%, de los cuales 3 puntos irán a complementar el ahorro de las cuentas individuales (que serán heredables), mientras que los otros dos estarán destinados a conformar un fondo de ahorro colectivo con el objetivo de incorporar un mecanismo de solidaridad con tres grupos beneficiarios principales: los actuales pensionados y los grupos próximos a jubilar de los grupos medios que recibirán el “Nuevo Aporte Previsional intergeneracional”, que elevará sus pensiones en promedio en un 20%; los afiliados al sistema previsional que tienen menores pensiones y las mujeres, que recibirán el “bono mujer” de monto creciente a medida que posterguen su jubilación.
2.- La creación de un entidad pública autónoma y mandato único que administrará las contribuciones patronales.
3.- La introducción de regulaciones tendientes a permitir la participación de los afiliados a las AFP mediante un representante en el Comité de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés que tienen las AFP y en el proceso de elección de directores de las sociedades anónimas donde se invierten los fondos. Del mismo modo, se busca perfeccionar el sistema de multifondos, el cobro de comisiones relacionadas con el desempeño, el fortalecimiento de la licitación de nuevos afiliados y el fortalecimiento de la regulación de las comisiones de intermediación.
4.- Al mismo tiempo, anuncia el análisis del sistema previsional de las FF.AA., en particular en lo referido a la conformación de las comisiones de sanidad y comisiones médicas que definen los casos de invalidez que se han prestado a una serie de irregularidades. Persiste, sin embargo, la necesidad de incorporar el sistema de las FF.AA. al rediseño del sistema previsional general, más allá que se contemplen sus particularidades, como debería también hacerse con otras situaciones, por ejemplo, aquellas de los trabajos pesados.
Desde el punto de vista de la necesaria reforma del sistema previsional, constituye una iniciativa tardía que solo difícilmente será aprobada, pues el tiempo legislativo, hasta que finalice el actual Gobierno, es muy limitado. Desde el punto de vista político, el proyecto se constituirá en un punto central del clivaje que dividirá al electorado en la próxima elección presidencial y parlamentaria. En efecto, obliga a definirse a aquellos que están efectivamente por introducir modificaciones de fondo al sistema de AFP, avanzando hacia un sistema mixto, y aquellos que están por defender a las AFP, como mecanismo de manejo privado del ahorro nacional, la concepción de la seguridad social como negocio, su carácter individualista y la discriminación de las mujeres por asumir tareas claves en la reproducción de la sociedad.
[cita tipo=»destaque»]Aun cuando el candidato presidencial de la Nueva Mayoría anuncia que está pronto a iniciar su campaña, es el Gobierno el que está asumiendo el liderazgo para fijar las coordenadas fundamentales que ordenarán la campaña presidencial. Desde las últimas semanas la propia Presidenta de la República ha asumido un papel activo en la defensa de las reformas y la necesidad de elegir un nuevo Gobierno de centroizquierda que asegure su proyección. En este contexto, la reforma previsional se constituye en uno de los temas fundamentales en torno a los cuales se deberán definir las candidaturas: mientras que Piñera asume como principal estandarte la defensa de las AFP y la previsión como negocio, las candidaturas de centroizquierda se deben proponer avanzar hacia un sistema de seguridad social.[/cita]
En este contexto, la iniciativa representa una ruptura parcial pero sustancial con el modelo de AFP por las siguientes razones. Rompe con la naturaleza básicamente individualista, “la suerte en la vejez depende de cada uno”, introduciendo la noción de que la vejez digna es tarea de cada uno, pero también de todos como sociedad.
En tal sentido, la reforma suma al Pilar Solidario nuevos contenidos solidarios. Rompe también el monopolio de las AFP en el manejo de los fondos previsionales de los trabajadores, al asignar a una entidad pública la tarea de administrar el 5% de contribución patronal. Rompe además con una de las excepcionalidades del caso chileno en que las empresas no colaboran con el objetivo de asegurar una pensión digna a la población. El proyecto, además, da un paso en “ni un peso más a las AFP”, tanto porque será el Estado el que administre el 5% patronal como porque decide que el aumento del tope imponible no implicará un aumento de las comisiones pagadas a las AFP.
Resulta discutible la idea de crear un nuevo organismo de rango constitucional para administrar los recursos. No se entiende por qué no puede ser una entidad existente, como el IPS, la que administre las cuentas y las mismas entidades que manejan los Fondos Soberanos sean las que asuman la gestión financiera de los recursos. Políticamente es claro que la creación de una entidad de rango constitucional requiere mayorías que será muy difícil obtener en el actual y futuro Congreso.
Las críticas que el proyecto ha recibido por parte de la oposición de derecha (incluidos sectores como los “progresistas con progreso de la DC”) son las mismas que vienen planteando los ejecutivos de las AFP (que cada vez asumen un rol más político) y la Asociación de AFP. Específicamente las críticas son las siguientes: 1. Que el aporte patronal constituye un impuesto al trabajo y por tanto es regresivo; 2. Que el Estado pide solidaridad a los trabajadores pero no contribuye a ello. 3. La principal critica apunta contra que el Estado rompa con el monopolio de las AFP en el manejo del ahorro de los chilenos. En efecto, se señala que no tiene sentido la participación del Estado cuando las AFP han demostrado que son eficientes, y que generará gastos adicionales.
El primer argumento es insostenible desde el punto de vista técnico, pues que las contribuciones patronales al sistema previsional vayan a una cuenta individual o a un cuenta colectiva traduce la idea tradicional de asociar el financiamiento de la jubilación al mundo laboral. Se falta a la verdad cuando se señala que tendría un carácter regresivo, pues financiaría a pensionados de mayor renta, ya que de lo que se trata es justamente de que quienes tienen mayores ingresos contribuyan a financiar la pensión de los que tienen menos. Es cierto, sin embargo, que es posible fortalecer el elemento de solidaridad si se pensara en aumentar, mucho más, el tope imponible de manera de alcanzar los mayores ingresos tanto de asalariados como de trabajadores independientes, sin que se aumente la comisión pagada a las AFP.
El segundo argumento, ya resulta solo plausible en el mundo de la posverdad. En efecto, como ha recordado Andras Uthoff, el Estado financia las pensiones del pilar solidario, los bonos de reconocimiento pagado a las personas que se cambiaron desde el sistema antiguo al sistema de capitalización individual, las pensiones de quienes permanecieron en el sistema antiguo y las de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Estos pagos significan un gasto público equivalente, cercanamente, a 3,5 del PIB. Las AFP y la candidatura de Piñera proponen que no sea la cotización patronal la que se utilice para introducir solidaridad. Dicen que ello debe ser financiado con impuestos generales. No obstante, cuando se habla de aumentar los impuestos, no demoran un segundo en oponerse a cualquier impuesto que no sea aumentar el IVA que, como se sabe, tiene un carácter eminentemente regresivo.
Naturalmente, las preocupaciones de fondo de las AFP y sus representantes políticos se expresan en el tercer argumento: el rol que la reforma le asigna al Estado en la administración de 5% de contribución patronal. Esto es, en efecto, central. Se explica la oposición de las AFP y de la derecha a este aspecto porque rompe el monopolio de las AFP en el manejo del ahorro nacional. Responde además a la demanda ciudadana de no seguir entregando recursos a entidades que son rechazadas por cerca del 80% de la población. La derecha y las AFP hablan de que se debe dejar a los usuarios que definan quiénes administran sus ahorros. En ese caso se debería abrir la libertad de elección, tanto para el aporte patronal que va a las cuentas individuales como a la actual cotización de 10% que manejan las AFP.
Para las izquierdas el proyecto gubernamental representa un serio desafío. Se trata de lograr compatibilizar el objetivo de lograr terminar con el rol central que tienen las AFP en el sistema previsional chileno con la efectiva posibilidad de iniciar las transformación de uno de los principales legados de la dictadura.
En este sentido, algunas de las críticas esbozadas por sectores vinculados al Frente amplio, más allá de la razonabilidad general que algunas de ellas puedan tener, revelan una falta de consideración de las variables políticas para avanzar en las reformas. Es el caso cuando, en la actual correlación de fuerzas, se llama a terminar con el sistema de capitalización individual, negando al mismo tiempo los avances en materia de solidaridad y de mejoramiento de las pensiones de los sectores medios del país que implica el proyecto.
No sirven frases generales como que el proyecto “no ayuda a construir un verdadero sistema de seguridad social”. Es necesario entender que no basta, en política, tener buenas intenciones. Se requiere también desarrollar las capacidades de gestión política necesarias, para lograr un cambio efectivo.
