EDITORIAL
La muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, calificada como homicidio por el ministro en visita Alejandro Madrid, luego de más de 15 años de investigaciones y a 35 años de ocurrido el hecho, es un crimen de Estado. Con las agravantes políticas de ser el primer asesinato de alguien que ejerció la Presidencia de la República, y la extrema indiferencia moral de la institución responsable directa del hecho: el Ejército de Chile. La decisión del magistrado de acusar a varias personas por homicidio, viene a llenar un vacío de años dejado por la omisión de vastos sectores institucionales y de opinión del país, ante un hecho que para la memoria de la ciudadanía fue siempre una verdad evidente: que Frei Montalva fue asesinado por ser opositor a la dictadura militar.
Luego de cincuenta tomos de expediente judicial con investigaciones, declaraciones, careos y extensos peritajes, el ministro Madrid resolvió cerrar el sumario (el juicio, por su antigüedad, se tramita en el antiguo procedimiento penal) y enjuiciar a seis personas como autores, cómplice y encubridores del delito de homicidio en la persona del ex Presidente: Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra Arancibia como autores directos; Pedro Samuel Valdivia Soto como cómplice; y Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere como encubridores.
El magistrado basó su decisión en el mérito probatorio de los elementos reunidos en la causa, que en resumen expresa que se encuentra legalmente acreditado que, con motivo del plebiscito que dio origen a la Constitución de 1980, Eduardo Frei Montalva empezó a encabezar la disidencia política al proceso, considerándolo ilegal por la inexistencia de registros electorales y de un tribunal electoral imparcial. Además que, en la misma época, las fuerzas políticas y gremiales opositoras habían iniciado un proceso de unidad para instar por el término de la dictadura y por una transición gradual que fijara plazos a la realización de elecciones libres, con destacada participación del ex Mandatario y de líderes gremiales agrupados en la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), que encabezaba Manuel Bustos. Y que, dado el reconocido prestigio que en Chile y el exterior tenía Frei y el aislamiento y dificultades que manifestaba la dictadura, él se transformaba en un peligroso adversario, capaz de encabezar un movimiento de reconstitución democrática con amplio apoyo interno e internacional.
Vastamente conocidos por la opinión pública –y que el expediente confirma– son los pormenores de la estrecha vigilancia e infiltración de sus círculos íntimos a que se vio sometido el ex Presidente, todo llevado a cabo por los servicios secretos de la dictadura. También se conocen las circunstancias de su enfermedad y el tratamiento médico, el cual, desde el punto de vista quirúrgico, no revestía ningún riesgo médico que pudiera hacer temer por mayores complicaciones, como luego ocurrió. La ingenuidad del entorno familiar y del propio ex Mandatario, les impidió calibrar la determinación criminal del Gobierno y el hecho cierto de que el ex Presidente había sido puesto en la mira como un opositor peligroso al que se debía eliminar. La confabulación práctica para hacerlo encontró su oportunidad propicia cuando se internó en la Clínica Santa María para una operación, momento que aprovecharon los mandos de los servicios secretos para destacar un equipo operativo de médicos, enfermeras y agentes, que terminaron con su vida.
[cita tipo=»destaque»]Poco se ha debatido en el país sobre cuáles fueron y cómo se implantaron esas técnicas de neutralización que han permitido que la institución castrense viva, durante todos estos años, la indiferencia moral frente a ese crimen, y a otros múltiples vinculados a las violaciones de derechos humanos. Es preocupante, porque tal actitud daña el centro mismo de su declarada doctrina de honor y verdad, transformándola en algo meramente formal o de escasa convicción ética.[/cita]
Las complicaciones de salud sobrevinientes a la operación quirúrgica, causadas por la intervención homicida de agentes del Estado, ha sido confirmada ahora, luego de años de ardua investigación, y debidamente aclaradas por los peritajes. De ellos quedó en evidencia que Frei fue sometido a un envenenamiento sostenido y paulatino en medio de su tratamiento médico, que lo llevó a una crisis inmunológica sistémica en el tiempo transcurrido entre sus dos internaciones en la Clínica Santa María. A su vez, las acuciosas investigaciones determinaron que los agentes que le vigilaron estrechamente y luego lo envenenaron tuvieron dependencia y órdenes del mando militar del Ejército en su actuación y que, dadas las características y circunstancias de los hechos, fue un acto de carácter institucional.
De ahí que es dable afirmar como agravante la indiferencia moral del Ejército, brazo operativo del asesinato, así como de las autoridades políticas y militares de la dictadura. Pues no solo arbitraron medidas para el mayor secreto, sigilo y encubrimiento de los hechos sino que, hasta el día de hoy, el Ejército tampoco ha entregado toda la información de que dispone, como insistentemente han sostenido los familiares y querellantes. Un ejemplo es el llamado caso Berríos, referido al homicidio del químico agente de la Dina y el CNI, cuya fuga del país bajo el amparo de círculos de inteligencia militar y su posterior asesinato en Uruguay, ocurrió en plena democracia, en la década de los 90, del siglo pasado, bajo la comandancia en Jefe de Augusto Pinochet. El hecho permitió coger una hebra investigativa que develó de manera fehaciente el uso de gases tóxicos y bacterias para asesinar a opositores a la dictadura, entre los que se encontraba Eduardo Frei Montalva. Pese a las dificultades investigativas, el caso Berríos permitió reconstruir el modus operandi seguido por los homicidas del ex Presidente, como consta en la acusación del ministro Madrid.
“Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante”, sostiene Raúl Zaffaroni, catedrático argentino, experto en derecho penal y derechos humanos. Siempre el o los responsables de la decisión y los autores materiales directos actúan bajo la convicción de tener el justificativo de un interés público, que les permite idealizar como acto heroico la eliminación de alguien calificado como un enemigo del Estado. Las admoniciones del dictador Augusto Pinochet sobre la traición a la patria de “aquellos que errando su camino vuelven a pactar con el marxismo internacional”, en alusión directa a Eduardo Frei, explicitaban pocas semanas antes del asesinato el despliegue ideológico que la dictadura hizo para cerrar filas entre sus adherentes, y los esfuerzos por generar la traición en los círculos íntimos del ex Presidente, para controlarlo y eliminarlo.
Particularmente clarificadores son los literales h) y j) del auto acusatorio del ministro Madrid: “Los partícipes se vieron favorecidos por una serie de circunstancias provocadas intencionalmente con anterioridad a la perpetración del delito, tales como, la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial, la intervención telefónica y seguimientos de que era objeto permanentemente, los hostigamientos realizados tanto a su persona como a su familia en su domicilio particular y, sobre todo, la infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile y que naturalmente, dada la estructura de esa institución no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores; (j) (…) también es necesario precisar que dentro del staff de médicos que prestaban servicios en el establecimiento asistencial antes señalado, existían algunos que paralelamente se desempeñaban en los servicios de seguridad del Gobierno, específicamente en la Clínica LONDON, que dependía de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y, resulta del caso señalar que precisamente uno de ellos ha reconocido haber ingresado a la habitación del ex Presidente FREI, el día 08 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que motivó su internación en la UCI y posteriormente fue visto en forma reiterada en las dependencias últimamente mencionadas, no obstante no desempeñar labores en ella”, se lee en el documento.
“El crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizás la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”, sostiene Zaffaroni. Pero los criminales de Estado también desarrollan técnicas de neutralización frente a los hechos, que les permiten configurar la convicción de no responsabilidad y la negación absoluta de la realidad del delito, por fuera de los valores que creen encarnar y que los motivaron al crimen.
Poco se ha debatido en el país sobre cuáles fueron y cómo se implantaron esas técnicas de neutralización que han permitido que la institución castrense viva, durante todos estos años, la indiferencia moral frente a ese crimen, y a otros múltiples vinculados a las violaciones de derechos humanos. Es preocupante, porque tal actitud daña el centro mismo de su declarada doctrina de honor y verdad, transformándola en algo meramente formal o de escasa convicción ética.
