Opinión
Mientras más convicción pública se genere, transmitiendo que los cotizantes son dueños de “su ahorro obligatorio”, serán mayores las posibilidades de que, en algún momento, se aglutine “una masa crítica” que termine exigiendo el retiro de una parte o del total de los dineros de la cuenta individual para fines distintos a los previsionales, atendiendo, sencillamente, “a que son míos”. Y frente a esta alternativa, los mismos predicadores se verán compelidos a ser “consecuentes” con sus dichos o, lo que es peor, será muy difícil para cualquier autoridad resistir la demanda social por el rescate de los dineros “que me pertenecen”. En este escenario, las AFP no tienen más alternativa que detener su errado discurso que ha confundido y desinformado al público por décadas.
En una columna anterior en El Mostrador, sostuvimos que es “una falacia” afirmar que los trabajadores son dueños de su cuenta individual en la AFP. Dijimos que las cotizaciones “obligatorias” –por mandato constitucional– no pueden tener otra finalidad que financiar el derecho a la seguridad social y que, precisamente, por eso el sistema de pensiones “no puede ser sino solidario”. Concluimos que la cotización obligatoria solo puede generar “un derecho de propiedad sobre el derecho a la seguridad social y no sobre los dineros que se aportan a ella”. Por último, expresamos que no existe «causa jurídica legítima» para que –aunque sea en casos excepcionales–se entreguen en herencia los saldos de las cuentas individuales, ya que ello significa adulterar el destino constitucional de las cotizaciones obligatorias.
Reafirmamos lo anterior, expresando que, por el mismo fundamento constitucional, no existen cuentas individuales en el Fonasa ni en las Isapres y que tampoco existe derecho de propiedad alguno sobre la cotización obligatoria de 7% al sistema de salud. Que, por el contrario, incluso, el sistema privado –independientemente de las justificadas críticas que pesen sobre él– es “técnicamente” solidario, ya que el trabajador –aunque nunca haya pisado la consulta de un médico– cotiza el 7% obligatorio al seguro de una Isapre y esta, a su vez, le presta en clínicas u hospitales los servicios contemplados en el plan de salud elegido.
Pues bien, en esta columna veremos que ha sido una irresponsabilidad o una “locura” –si no una “trampa”– haber repetido, durante 36 años, a través de la propaganda de las AFP, la “frasecita” de que los cotizantes son dueños de los “ahorros” reflejados en sus cuentas individuales, hasta hacerles creer que se trata de una “verdad absoluta”.
Porque mientras más convicción pública se genere, transmitiendo que los cotizantes son dueños de “su ahorro obligatorio”, serán mayores las posibilidades de que, en algún momento, se aglutine “una masa crítica” que termine exigiendo el retiro de una parte o del total de los dineros de la cuenta individual para fines distintos a los previsionales, atendiendo, sencillamente, “a que son míos”. Y frente a esta alternativa, los mismos predicadores se verán compelidos a ser “consecuentes” con sus dichos o, lo que es peor, será muy difícil para cualquier autoridad resistir la demanda social por el rescate de los dineros “que me pertenecen”. En este escenario, las AFP no tienen más alternativa que detener su errado discurso que ha confundido y desinformado al público por décadas.
Resulta, por eso, inaceptable que los agentes que manejan la publicidad de las AFP y que sectores empresariales y políticos interesados, continúen repitiendo este “cantito” que conduce a la “locura absurda” de abrir la puerta para que los cotizantes exijan el retiro del total de la suma que indica su cuenta individual, dando paso con ello a lo que podría denominarse “un sistema de ahorro obligatorio sin pensiones”. Una locura, ¿verdad?
[cita tipo=»destaque»]Nunca, en alguna parte del mundo, ha existido un sistema de previsión social “exitoso”. Siempre han requerido ajustes, modificaciones profundas o, simplemente, han sido «rehechos». La razón es simple. Por una parte, los ciclos de cualquier sistema de previsión social son muy largos. No pueden evaluarse en menos de 45 años, que es un tiempo aproximado entre el momento en que alguien ingresa a trabajar y el día en que cumple la edad de jubilar. Y, por la otra, los países son distintos y sus características culturales, sociales, económicas, políticas y paramétricas, también. Por tanto, cada sistema termina siendo «único».[/cita]
Para observar qué podría acontecer si se autorizase el retiro total o parcial de las sumas que indican las cuentas individuales, basta mirar lo que ocurrió en Perú, a partir de julio del año pasado (2016): pese a la oposición del Gobierno de Ollanta Humala, se impuso una ley que permite retirar el 95,5% de los dineros de la cuenta individual de las AFP peruanas al cumplirse la edad de jubilar. O bien, pedir a la AFP, en cualquier momento, el traspaso al banco del cotizante de hasta el 25% del monto que indica su cuenta para la compra de la primera vivienda.
O sea, la prédica de que “eres dueño de la plata de tu cuenta” puede conducir –como en el Perú– a poner una lápida al sistema de pensiones. Se trata, pues, de poner fin a una “publicidad engañosa”, y, por eso, a una irresponsabilidad sin nombre.
Agreguemos que algo similar ocurre cuando se hace heredable, aunque sea para situaciones excepcionales, el saldo de la cuenta individual originado en cotizaciones obligatorias, porque, además de desviarlas de su destino constitucional, queda en evidencia la distorsión que es poner a los herederos de un cotizante en la expectativa de repartirse el total del “ahorro obligatorio” reunido por aquel durante su vida laboral, o, bien, lo absurdo que es imaginarse al cotizante juntando el 10% de todos los ingresos de su vida para “dejárselos” a sus herederos… Otra locura, ¿verdad?… ¡Ah! Y es bueno recordar que, si no los hay, de conformidad a las reglas de la sucesión por causa de muerte, el fisco es el último heredero.
Sin perjuicio de manifestar que la reforma previsional es una muy buena oportunidad para clarificar definitivamente el concepto de seguridad social que la Constitución, en términos imperativos, indica como destino de las cotizaciones obligatorias, nos permitimos efectuar cuatro comentarios que pueden ser útiles al debate público y parlamentario.
Sin embargo, consideramos que la propuesta incorpora elementos de la solidaridad, cuestión que es de la esencia de todo sistema de seguridad social.
Deja a un lado el proyecto que creaba una AFP Estatal, porque se habría entendido como más de lo mismo. Propone, en su lugar, la creación de una entidad pública autónoma (Consejo de Ahorro Colectivo, CAC), sin fines de lucro, que promete dar transparencia en la administración del 5% de cotización patronal obligatoria. Y, algo muy importante, no afecta la posibilidad de desarrollar el CAC, abriéndolo, a futuro, a quienes quieran emigrar desde las AFP a un sistema con solidaridad creciente. Con ello, se consolidaría un elemento esencial para la vida de un país de personas que creen en la libertad: tener la posibilidad de optar entre el sistema de capitalización individual de las AFP y un sistema público que tenga a la solidaridad como su sustento básico.
