La posverdad de las asesorías parlamentarias: justos por pecadores - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:32

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La posverdad de las asesorías parlamentarias: justos por pecadores

por 14 septiembre, 2017

Durante los últimos días, han estado en la palestra noticiosa las asesorías parlamentarias que, distintas personas e instituciones, prestan a diputados y senadores del Congreso Nacional, todo, a propósito de una investigación realizada por el Ministerio Público en la Cámara Baja y de una serie de reportajes periodísticos que han puesto un manto de incertidumbre acerca de la referida función.

Se debe advertir previamente que no existe duda alguna que, como en todas las cosas, si se cometieron delitos, sus autores deben ser investigados y sancionados como corresponde. Además, no debemos olvidar tampoco que las asesorías parlamentarias cumplen una función pública gravitante, las que deben ejercerse por los asesores, como mandata la Constitución, conforme al principio de probidad en todas sus actuaciones, haciendo bien la sociedad en su conjunto en denunciar las acciones contrarias a ella.

Con todo, pareciera ser que existe un desconocimiento de lo que significa en los hechos las asesorías parlamentarias, incurriéndose en errores que terminan metiendo a todos en el mismo saco, sin hacer las debidas diferencias.

Y es que no existe un sólo modelo de asesorías parlamentarias. Sin embargo, para efectos pedagógicos, podemos distinguir aquellas específicas y aquellas integrales. Las primeras, consisten en la elaboración de un informe propio acerca de una determinada realidad o norma jurídica, de tal forma que, el congresista paga por un servicio específico siendo muy relevante la existencia del informe y la originalidad del mismo. Y es evidente, si el mismo informe no existe o ya existe en otra parte de forma pública, no hay razón alguna para que el Estado pague con recursos de todos los chilenos un determinado encargo. Casos como estos en donde la autoría intelectual no es tal o simplemente la referida asesoría fue “presencial”, ponen en tela de juicio, y con toda razón, el correcto uso de los fondos públicos.

Con todo, pareciera ser que existe un desconocimiento de lo que significa en los hechos las asesorías parlamentarias, incurriéndose en errores que terminan metiendo a todos en el mismo saco, sin hacer las debidas diferencias.

Por otro lado, existen aquellas asesorías parlamentarias integrales que implican la elaboración de proyectos de ley, indicaciones, minutas, informes jurídicos, asistencia técnica en comisiones y asesoría jurídica presencial a los parlamentarios en orden a su función legislativa. Pero no sólo eso, muchas veces también incluyen aspectos de otra naturaleza pero igualmente relevantes en el rol fiscalizador que muchos tienen, a través de oficios, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, denuncias ante la Contraloría General de la República o velando por la constitucionalidad de las leyes a través de requerimientos ante el Tribunal Constitucional, entre otros.

Como puede observarse, el trabajo es variado y radicalmente distinto a la asesoría específica. Son a muchas de estas personas a las que – ya sea representando a una institución o de modo individual- usualmente se les ve a diario desde temprano y hasta altas horas de la noche en los pasillos del congreso nacional en Santiago o en Valparaíso, en La Moneda y en los distintos ministerios, independiente de la afinidad política, trabajando, influyendo y orientando ya sea a una bancada de parlamentarios, o a uno o más diputados o senadores en específico. De ahí que por ejemplo, la existencia o no de un determinado informe o la especial creación del autor no sean aspectos sustanciales.

Si bien, ciertas investigaciones periodísticas, en muchos casos han evidenciado faltas a la probidad y derechamente delitos, lamentablemente en otros, han mezclado peras con manzanas debido al desconocimiento mismo de la asesoría legislativa, enlodando injustamente el trabajo profesional y el prestigio de personas e instituciones.

Aun así, es una realidad que el sistema debe perfeccionarse sustancialmente, no sólo incrementando mayores niveles de control y fiscalización sino también a través de mayores exigencias en la contratación y en la evaluación de la labor de asesoría parlamentaria, inyectándole mayor calidad, transparencia, probidad y eficacia a la misma, de manera tal, que los recursos públicos sean utilizados correctamente en pos del bien común, sirviendo debidamente y ejerciendo ejemplarmente la función.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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