El tugar, tugar, salir a buscar del ministro Gómez

En recientes declaraciones formuladas al diario La Tercera el pasado 23 de septiembre, el ministro José Antonio Gómez repite un viejo guión: el comandante en Jefe del Ejército de turno dice no tener antecedentes sobre los crímenes de exterminio perpetrados durante la dictadura y el ministro de Defensa, también de turno, lo avala.

Los organismos de seguridad del régimen militar dependían TODOS de las diferentes ramas de las FF.AA. –Dina, CNI, Comando Conjunto, Sifa, Dicomcar–, con estructuras rigurosamente jerarquizadas.

Las diferentes investigaciones judiciales han permitido establecer que, al igual que bajo el régimen nazi, se documentaban todos los antecedentes de las víctimas y de sus redes políticas y sociales.  Asimismo, las órdenes de exterminio en los distintos centros secretos de detención, que comprendían la selección de las víctimas y su destino final, se entregaban por escrito y con códigos en clave.  Por ejemplo, “La Moneda” significaba entierro en fosa clandestina y “Puerto Montt”, lanzamiento al mar.

En Chile funcionaron decenas de centros secretos de reclusión y tortura. Entre ellos, Londres 38, José Domigo Cañas o “Cuartel Ollague” en jerga Dina, Villa Grimaldi o “Terranova”, Venda Sexy o “Discoteque”, Simón Bolívar y Cuartel Borgoño de la CNI, por nombrar solo algunos. En todos se aplicó el mismo “protocolo” criminal.

Los helicópteros que salían desde el aeródromo de Tobalaba, perteneciente al Comando de Aviación del Ejército, cargados con cuerpos de prisioneros políticos para ser lanzados al mar, estaban premunidos de la correspondiente bitácora de vuelo que incluía la identificación de la nave, el nombre de la tripulación y certificado de mantenimiento.

Existen testimonios judiciales que acreditan el “modus operandi” de los vuelos de la muerte. Algunas víctimas eran asesinadas en los mismos centros clandestinos y sus cuerpos ensacados y, con rieles en los pies, eran llevados a su destino final.

En otros casos los prisioneros eran trasladados vivos al recinto militar de Peldehue, donde se les inyectaba pentotal sódico, diciéndoles que se trataba de una “vacuna”, y en esas condiciones lanzados al mar.

Todos estos antecedentes forman parte de los registros institucionales de cada una de las ramas de la FF.AA. y Carabineros. El custodio de esta información, en el caso del Ejército, es su Dirección de Inteligencia.

[cita tipo=»destaque»]En el empeño de las autoridades civiles de darles “protección a las FF.AA.”, como bien dice Carmen Frei, hace recordar la Mesa de Diálogo que se trató de instalar, a través de un despliegue político y mediático sin precedentes, como la “fuente de la verdad” para saber el destino de los detenidos desaparecidos. El resultado fue la entrega de información falsa y revictimización  de los familiares, provocándoles más dolor y angustia.[/cita]

En este marco resulta absolutamente inverosímil pretender que el Ejército no dispone de información y que los perpetradores materiales de los crímenes habrían “quemado” la referida documentación. El Ejército no es una montonera ni los antecedentes formaban parte de los diarios de vida personales de los victimarios.

Si hubo “quema” de la documentación, tenemos el derecho a exigir que se informe por orden quién la realizó, cuándo, cómo y dónde.

El ministro Gómez declaró, asimismo, que habría concurrido a un lugar indicado por los comandantes en Jefe y abierto unas cajas fuertes donde solo habría encontrado “una moneda”.

Resulta insólito y desdoroso para su cargo andar “buscando” una información institucional de “caja fuerte en caja fuerte”, como si se tratara del juego infantil “tugar, tugar, salir a buscar”.

Durante los últimos meses hemos asistido a una nueva arremetida para crear un ambiente favorable a la impunidad penal, social, política y moral, por parte del mismo sector político que propició, aplaudió y justificó los crímenes de lesa humanidad. Esto ha creado una atmósfera enrarecida que intenta relativizar –y en algunos casos negar– la brutal política de exterminio de la dictadura.

En el empeño de las autoridades civiles de darles “protección a las FF.AA.”, como bien dice Carmen Frei, hace recordar la Mesa de Diálogo que se trató de instalar, a través de un despliegue político y mediático sin precedentes, como la “fuente de la verdad” para saber el destino de los detenidos desaparecidos. El resultado fue la entrega de información falsa y revictimización de los familiares, provocándoles más dolor y angustia.

Agraviar la Memoria Histórica de un pueblo que sufrió prácticas genocidas y terrorismo de Estado puede tener consecuencias muy graves para nuestro país.

Por eso mismo resulta inexplicable el ominoso silencio de vastos sectores de la dirigencia política y de muchas organizaciones sociales que no han condenado esta ofensiva por la impunidad.