El gobierno español de Mariano Rajoy ha decretado la ilegalidad del referéndum catalán y ha intentado tardíamente impedirlo usando las leyes nacionales y, frente a su ineficacia, confiando en la represión de la policía nacional. Un error garrafal que transformó un evento tradicionalmente democrático en un espectáculo visto como represión de estado por parte importante de la comunidad internacional.
A pesar de la fuerza y violencia desplegadas, más de 2,2 millones de catalanes han votado el 1º de octubre de 2017 por una república independiente (91%), acrecentando aún más su identidad en un marco de histórica resistencia al poder central de España. Porque a pesar de 40 años de democracia no está lejos de la opinión pública catalana los recuerdos de la represión de que fueron objeto por parte de la dictadura de Franco y la asociación con la casa real española representada hoy por Felipe VI de Borbón.
El pánico y la sensación de derrota nacional es la tónica con la que España amanece el día después del 1-O. Y los periódicos madrileños no agotan calificativos negativos contra los independentistas (sediciosos, golpistas, insurrectos, entre los más suaves) pero más duramente tratan al Gobierno de Rajoy por su dejación e incapacidad para anticiparse a lo que aparece como una inminente desintegración territorial del país.
Y la conclusión parece una sola: si se hubiera dialogado a tiempo (durante los últimos 7 años) España toda no se encontraría en la crisis de convivencia con que despierta a comienzos de octubre de 2017. Es unánime la sentencia: faltó política.
Porque pocos españoles han cuestionado ayer las razones que llevan a los catalanes a pedir mayor autonomía y todos reconocen su identidad, cultura y derecho a hablar su lengua y exigir un mejor balance económico, pero todos reclaman hoy como fue posible llegar a la beligerante independencia que hoy día está pronta a declarar la comunidad más productiva y próspera de España.
[cita tipo=»destaque»]La enseñanza parece evidente: la sordera de quienes están en el poder nacional (y creen que seguirán allí) para escuchar las voces de la ciudadanía regional han llevado a una situación mucho más traumática a la sociedad nacional que si esas demandas hubieran sido acogidas y enfrentadas a tiempo, distribuyendo poder.[/cita]
¿Cómo España ha llegado a semejante desaguisado de su institucionalidad democrática? Entre las razones hoy se destacan la crisis económica, institucional y de corrupción del Estado español, que no sólo han concentrado la atención de los políticos sino que en su debilidad ha servido de campo fértil para los populismos.
Sin embargo, independientemente de las razones parece haber un consenso de acción inmediata: es preciso realizar un cambio constitucional que revise la actual organización territorial de España.
La enseñanza parece evidente: la sordera de quienes están en el poder nacional (y creen que seguirán allí) para escuchar las voces de la ciudadanía regional han llevado a una situación mucho más traumática a la sociedad nacional que si esas demandas hubieran sido acogidas y enfrentadas a tiempo, distribuyendo poder.
En Chile ya es tiempo de poner en marcha la descentralización política consagrada en la Reforma Constitucional de fines de 2016. Es el momento de definir la fecha en que podremos elegir democráticamente a quienes dirigirán los destinos de nuestras regiones.
Un reciente Seminario de SUBDERE y EUROSOCIAL sobre las experiencias de resolución de conflictos de gobernanza territorial en Francia, España e Italia, mostró precisamente que existen mecanismos institucionales probados para este efecto y que los más exitosos son de tipo político, más que los judiciales.
No perdamos tiempo en buscar leyes perfectas (que son ilusorias y sólo detienen el proceso) porque lo más importante es catalizar el aparente acuerdo transversal por la descentralización en el parlamento en un consenso nacional de avance responsable y gradual, sin prisa pero sin pausa.
Es el momento. Porque Chile define su destino político en los próximos meses de 2017 y la ciudadanía requiere saber que puede esperar de sus candidatos en una materia que afecta directamente su calidad de vida y su libertad democrática y económica. Tenemos derecho.
