Mientras a nivel mundial los tiroteos cobran la vida de personas inocentes y el control de armas se vuelve un debate cada vez más candente en diversas sociedades, José Antonio Kast, un candidato presidencial chileno de ultraderecha, aprovecha su ventana electoral para hacer un llamado demagógico e irresponsable a fomentar el uso de armas en nuestro país, como si esta fuera una medida adecuada para combatir la delincuencia.
La noción de que la delincuencia se combate con armas en manos de privados no sólo evidencia la absoluta falta de ideas en materia de prevención y persecución del delito, sino que lleva al nivel más bajo posible el insustancial argumento de la “mano dura” contra la delincuencia. Ya no se trata de organizar al Estado para que sea más severo, sino de renunciar a ser parte de la sociedad y volver a la ley del más fuerte.
Para entender el asunto es necesario un poco de contexto. Nuestro país tiene una tasa de homicidios de 3,59 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio en América Latina que llega a 16,3 por cada 100 mil habitantes. De hecho, nuestra tasa es cercana a la europea (3,0). Las propuestas demagógicas de José Antonio Kast parten de la falsa premisa de que vivimos en un país donde la violencia está fuera de control. Decir que eso es lo que sucede en Chile no sólo falso, sino también peligroso.
[cita tipo=»destaque»]Estamos frente a una propuesta que no es ningún aporte y que lo único que hace es esconder el verdadero problema de la delincuencia. Para encontrar soluciones responsables no existen recetas mágicas, pero hay cuestiones que resultan básicas: se necesita de mayores recursos, pero no para llenar las calles de policías, sino para especializar, hacer más transparente, eficiente y efectiva tanto la investigación como la persecución del delito, y para lograr una coordinación plena de los distintos actores en la materia. [/cita]
Si miramos a Estados Unidos, un país históricamente reticente al control de armas, vemos que el resultado de una política de promoción del uso de armamento es dramático. Recién el lunes 2 de octubre fuimos testigos de una brutal matanza en Las Vegas, Nevada. Este tiroteo masivo forma parte de una triste tradición de más de 130 ataques de este tipo que dicho país ha sufrido desde la segunda mitad del siglo XX, sumando casi 1.500 víctimas. Pero eso dista mucho de ser el problema principal: En Estados Unidos hay alrededor de 93 muertes al día asociadas a armas de fuego y, con apenas el 4,4% de la población mundial, este país concentra el 42% de las armas del mundo.
Todo esto está lejos de ser una realidad que queramos importar. La evidencia demuestra que las armas en manos de civiles en Estados Unidos no solo son inútiles para detener crímenes, sino que además aumentan la probabilidad de que inocentes resulten heridos o muertos. Por esto es tan grave proponer la proliferación indiscriminada de armas de fuego en nuestro país.
Adicionalmente, no es menor el peligro de equivocación de las propias víctimas: en simulaciones realizadas en EE.UU. casi un cuarto de éstas “mataron” a alguien que no era el atacante intentando repelerlo. Si a esto sumamos los peligros de accidentes domésticos, a veces causados incluso por niños, y la posibilidad de que un accidente o conflicto violento, que normalmente terminaría en lesiones leves, se convierta en uno letal, vemos cómo esta propuesta populista y desinformada de Kast no es más que un peligro para la ciudadanía.
Pero ahí no se acaban los problemas, porque según información de personas vinculadas al OS9 de Carabineros, la gran mayoría de las armas con las que en Chile se cometen delitos son aquellas que fueron adquiridas legalmente y que fueron robadas a sus dueños. Con la medida de Kast se introduciría un arsenal para ser utilizado contra los mismos ciudadanos que supuestamente se busca proteger.
Consideremos además que la violencia en nuestra sociedad se distribuye de manera desigual: Las zonas con mayor delincuencia están en sectores pobres (ahí un 34,3% declara haber escuchado balaceras en su barrio, contra 6,3% que declara lo mismo en el barrio alto). Por lo tanto, vemos que la solución de Kast o bien es elitista, porque solo ve la delincuencia desde su clase privilegiada, o bien es una invitación a debilitar al Estado, a olvidarnos de la institucionalidad y del sentido de comunidad.
Una vez más aquí estamos frente a una propuesta que no es ningún aporte y que lo único que hace es esconder el verdadero problema de la delincuencia. Para encontrar soluciones responsables no existen recetas mágicas, pero hay cuestiones que resultan básicas: se necesita de mayores recursos, pero no para llenar las calles de policías, sino para especializar, hacer más transparente, eficiente y efectiva tanto la investigación como la persecución del delito, y para lograr una coordinación plena de los distintos actores en la materia. Necesitamos recursos para preocuparnos también de apoyar y proteger a las víctimas, de manera que sean más que simplemente un medio de prueba en el proceso.
Y por sobre todo, es tiempo de entender que la delincuencia es un asunto que como fenómeno se presenta de manera distinta en cada región, en cada comuna, en cada barrio. En una de las comunas del distrito 10 se cuenta la historia de un caso en que la policía logró detener a una importante banda de narcotraficantes, pero que al hacerlo sus hijos quedaron en total desprotección. A pesar de las solicitudes que hizo la comunidad eclesiástica local, ningún organismo del Estado llegó a hacerse cargo de ellos, y todos esos hijos e hijas quedaron a la deriva, abandonados en el mundo del narcotráfico. Finalmente, esos niños y niñas tomaron el rol de sus padres, y el control que el narcotráfico ejerce sobre la comunidad terminó agudizándose. Si alguien dice que ese problema se soluciona con más armas, es que o no entiende el problema o simplemente está mintiendo.
