En una reciente reunión de Consorcios latinoamericanos y del Caribe vinculados a algunos de los principales sistemas públicos de Ciencia y Tecnología de América Latina, se aprobó una declaración por la cual estas entidades se pronunciaron, con cierto tenor crítico, respecto de algunas de las prácticas y amenazas que afectan al acceso a la literatura científica en nuestra región.
Uno de los cuestionamientos se refiere a la ampliación en nuestra región del mecanismo APC (del inglés article processing charge) como la modalidad en la que descansaría el tránsito hacia el acceso abierto a dicha literatura.
El modelo APC –de cargo directo a los autores de artículos o papers– ha sido promovido por las empresas editoriales transnacionales que controlan la edición científica a nivel internacional (Elsevier, Springer, Wiley, entre otras).
La declaración pone también en cuestión el esquema de suscripciones por paquetes que impuso la mencionada industria editorial, proponiéndose ahora la posibilidad de revisión del mecanismo a base de contrataciones segmentadas (por títulos según disciplinas o sub-colecciones) y no por bloques cerrados, tal como ahora se verifica. En general, dos cuestiones están en la base de la postura de nuestros consorcios: de un lado, ver la forma de neutralizar el escándalo que significa el doble pago a que obliga la industria editorial, tanto por publicar en revistas indexadas, como por tener acceso a lo publicado vía contratos de suscripciones; de otro, se quiere morigerar (o evitar) la mercantilización en la producción y difusión de resultados científicos en América Latina y el Caribe (AL y C), máxime cuando entre nosotros el acceso abierto es una realidad muy extendida en sus distintas variantes.
De esta suerte, este acceso abierto debería mantenerse como factor de existencia de un ámbito científico-editorial local. Un cambio en esta práctica llevaría a la eliminación prácticamente total de esta área, con el consiguiente perjuicio a la propia ciencia latinoamericana.
Es relevante la postura pública que comentamos y, en cuanto tal, se podría saludar y respaldar; no obstante, estimamos que ella es todavía muy débil y no avanza en vistas a modificaciones más sustanciales y necesarias. Cuanto más, pareciera que la declaración sólo aspira a obtener cierta “comprensión” de las editoriales comerciales, evitando que ellas alteren las actuales condiciones de relaciones y contratos. Digamos algo más para ilustrar nuestro aserto.
La defensa que se consigna del acceso abierto en nuestros países se hace sin atender ni menos rechazar las acciones de apropiación que, de la producción científica regional, realizan las empresas del capitalismo académico: bajo subterfugios de procesamiento o mejoramiento en la presentación de resultados, estas toman no poco de nuestra producción en abierto, ofreciéndola como producto “nuevo” en distintos mercados. Una medida básica y eficaz a este respecto sería que los sistemas científicos nacionales promovieran el uso de licencias creative commons BY-NC-SA (de reconocimiento, no comercial y comparte igual) que impida la usurpación y la comercialización.
[cita tipo=»destaque»]Ante la permanente carencia de recursos que afecta a nuestras instituciones de ciencia y tecnología, bien podría disponerse de nuevos aportes si, en vez de estar solicitando tratos menos onerosos, se fuera directamente a un replanteamiento más decidido en los acuerdos y contratos con las empresas transnacionales, tal como ha empezado a ocurrir en varias universidades e instituciones de Europa y los EE.UU.[/cita]
De igual forma, el alegato que se intenta a favor del acceso abierto en AL y C no considera para nada un llamado para que las entidades nacionales aporten material, tecnológica y profesionalmente a su desarrollo, de manera que su alusión en la declaración no adquiere la centralidad necesaria. Es más, cuando se dice que el acceso abierto en América Latina cuenta con respaldo financiero gubernamental, debemos aclarar que ello, de ser cierto, lo es en una proporción muy diversa y, en varios casos, marginal.
En Chile, por ejemplo, lo fundamental del acceso abierto (al igual que casi toda la investigación universitaria) proviene de recursos individuales y de las familias que cubren los elevados aranceles de las carreras de pre y post grado, realidad que, de paso, condena a miles de sujetos a deudas con el sistema financiero. En consecuencia, el apoyo gubernamental en acceso abierto es insignificante y muy poco valorado por el propio CONICYT.
De otro lado, el llamado a modificar el modelo de contratación de suscripciones –siendo un asunto más que oportuno-, se ve seriamente diluido al no estar acompañado de los cambios que deberían hacerse respecto de los compromisos financieros actualmente en curso con las empresas editoriales. Estos son cuantiosos (decenas de millones de dólares por año), sin olvidar otros importantes flujos que van a estas empresas por vía de frecuentes contratos por estudios y asesorías que disponen del «don» de otorgar a nuestra ciencia los rangos de formalidad esperados según los criterios clasificatorios establecidos por la industria. Sobre esto, la declaración sólo apunta a pedir que los montos involucrados en los acuerdos no se incrementen demasiado pues, seguramente, ya se ha llegado a topes imposibles de incrementar. En los hechos, lo que los consorcios están diciendo a las editoriales, es «Señores, Ustedes ya obtienen bastante. No pedimos que nos bajen los precios, sino únicamente que no los eleven mucho».
¿Cuántos de los miles de títulos suscritos en paquete son efectivamente consultados por académicos, estudiantes e investigadores? ¿Cuánta de esta bibliografía es efectivamente relevante? ¿Cuántas de las revistas o journals cobijadas por las empresas no son sino revistas predatorias? En nuestra región ¿Cuánto de Scopus o WoS es efectivamente tomado en cuenta en las búsquedas y consultas hechas por nuestros investigadores? ¿Qué lugar ocupan las plataformas Scielo o RedALyC en las descargas y usos bibliográficos?
Los pocos datos que existen apuntan a que una parte muy pequeña (no más del 10-20%) de los recursos contratados con las transnacionales son vistas u ocupadas en nuestras universidades, siendo las plataformas de acceso abierto de la región (Scielo, RedALyC) fuentes preponderantes de uso. Por cierto, ni estas ni otras preguntas están en la declaración comentada, lo cual siembra dudas sobre los reales propósitos de su exposición, por más que ella llame a la colaboración regional en varios aspectos a fin de enfrentar de mejor forma los acuerdos y negociaciones, así como a no permitir reajustes excesivos en los precios.
Ante la permanente carencia de recursos que afecta a nuestras instituciones de ciencia y tecnología, bien podría disponerse de nuevos aportes si, en vez de estar solicitando tratos menos onerosos, se fuera directamente a un replanteamiento más decidido en los acuerdos y contratos con las empresas transnacionales, tal como ha empezado a ocurrir en varias universidades e instituciones de Europa y los EE.UU., llegándose incluso a la total ruptura de estas con Elsevier y varios de sus principales “productos”: Scimago, que bajo un perfil supuestamente técnico, actúa como sistema validador de lo que sería (o no) ciencia y conocimiento; y Scopus, base de indexación de publicaciones que, más allá de procedimientos de selección “objetivos” y de “excelencia”, no deja de cumplir una función extorsiva entre sus clientes.
Finalmente, otra situación no considerada en la declaración es que sus fines, aun siendo débiles, como ya se dijera, deberían considerar el llamado y participación de otros sectores directamente involucrados en la temática, comenzando por las comunidades académicas y de editores de cada país. El problema del acceso a los resultados de la labor investigativa, la acertada selección de revistas y colecciones, la relevancia de las métricas para el reconocimiento de la función académica, o la misma publicidad en la información de contratos que llevan a cabo los consorcios locales con las empresas transnacionales, etc., implica alentar y recoger la opinión de varios actores concernidos, evitándose el exclusivismo, la ausencia de prácticas transparentes y hasta el secretismo que prevalecen en la administración del quehacer científico en nuestros países.
