Áreas protegidas y presupuesto: una mala sorpresa - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 11:50

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Áreas protegidas y presupuesto: una mala sorpresa

por 18 octubre, 2017

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la encargada de administrar y gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estador más conocido como SNASPE. En este sistema se encuentra la mayor superficie terrestre de áreas puestas bajo protección, reúne parques, Reservas y monumentos nacionales. Sin duda estas áreas protegidas le dan un sello distintivo al país y lo posicionan como un actor relevante en actividades como el turismo de naturaleza.

Lo que pocos saben es que el presupuesto destinado a CONAF para financiar el funcionamiento de las áreas protegidas a su cargo no proviene exclusivamente de las arcas fiscales, pues éstas aportan solo una parte. La otra parte proviene de lo que técnicamente se llama “ingresos de operación”. Es así como el presupuesto del SNASPE, se compone por una parte del aporte estatal y por otra de los ingresos que provienen fundamentalmente de la recaudación que hace la institución por el cobro de entradas a las áreas protegidas. Esto se puede revisar a cabalidad en la página web de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) partida 13, capítulo 05, programa 04, donde también se presenta una comparación entre el presupuesto asignado para el año en curso 2017 y el que se está discutiendo en el Parlamento.

Para ponerlo en cifras, el presupuesto total -estatal y de operación- consignado para el año en curso fue de casi 17.500 millones de pesos, de estos el Estado aportó 8.600 millones de pesos, es decir un 53%, mientras que se esperaba recaudar por operación alrededor de 7.600 millones de pesos es decir un 47%. Sin embargo en este mismo presupuesto se consiga que el gasto en personal es de 11.250 millones de pesos, o sea el aporte del Estado cubre solo el 76% del gasto de personal asignado al programa de áreas protegidas. Esto sin considerar el déficit de personal que existe en dichas áreas, pues de las 101 unidades existentes, solo 80 cuentan con guardaparques.

Es frecuente ver el valor patrimonial que le asignan autoridades públicas y parlamentarios a los parques nacionales, pero  pareciera que estos no tienen la misma dedicación cuando revisan el presupuesto asignado a su gestión y administración, pues este fue aprobado sin reparos la semana pasada por la subcomisión mixta de presupuestos.

Esto no es todo, ya que al revisar el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda  para el año 2018, la sorpresa fue mayor pues en vez de aumentar los fondos destinados al cuidado de nuestras áreas protegidas, estos disminuyen en  tres por ciento. Si revisamos de donde proviene esta disminución la sorpresa aumenta aún más, pues está dada por el recorte al aporte estatal, el que cae 10,8%, lo que implica una disminución del financiamiento estatal a las áreas protegidas del orden de 700 millones de pesos. Sin embargo, el gasto en personal se mantiene relativamente establ, siendo 11.500 millones de pesos para 2018. La situación quedó reflejada por la OCDE en un informe sobre desempeño ambiental publicado en 2016, donde señala que Chile es uno de los países que menos financiamiento destina a sus áreas protegidas, considerando los fondos públicos y el aporte por concepto de operación.

Hace ya varios años que desde la Fundación Terram hacemos un seguimiento al presupuesto del SNASPE, pues al ser las áreas protegidas parte del patrimonio natural que pertenece a todos los habitantes del país, nos preocupa e importa su destino, así como que estas se gestionen y administren adecuadamente. Además de que cuenten con un presupuesto público de acuerdo a los compromisos y desafíos que ha asumido Chile, ya que estas áreas son importantes a la hora de hablar de conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural, de los espacios para la investigación científica, como también para el uso público. Por eso nos preocupa entender cómo, con este precario presupuesto, Chile pretende cumplir las metas establecidas en el ODS 15.

Sin duda el proyecto de Ley  de Presupuesto no tiene relación con la imagen pública que tenemos sobre la importancia que le asigna el Estado al patrimonio natural, representado en las áreas protegidas. Es frecuente ver el valor patrimonial que le asignan autoridades públicas y parlamentarios a los parques nacionales, pero  pareciera que estos no tienen la misma dedicación cuando revisan el presupuesto asignado a su gestión y administración, pues este fue aprobado sin reparos la semana pasada por la subcomisión mixta de presupuestos.

Ojala hubiese parlamentarios que se dieran el trabajo de revisar el programa 04 correspondiente al SNASPE y escarbaran un poco más en la realidad de las áreas protegidas en nuestro país, pues el aporte estatal no solo no cubre el gasto de personal, sino que tampoco considera un financiamiento estable para la renovación de vehículos, equipamiento de oficinas, mantenimiento o arreglo de las instalaciones existentes  y menos aún inversión en nueva infraestructura.

Si efectivamente este gobierno, o el que le suceda, así como al Parlamento le importa la conservación del patrimonio natural del país, es hora de involucrarse en serio en esta discusión y plantear nuevos desafíos. Estamos convencidos de que la primera meta a cumplir, en el más breve plazo, debe ser que el aporte estatal financie el sueldo de los trabajadores. Este es el mínimo del cual se debe partir.

El Proyecto de Ley de presupuestos 2018 aún no ha sido aprobado  por la salas de la Cámara de Diputados y Senado: ¿Quedará algún espacio para introducir mejoras en el financiamiento?

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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