Señor Director:
Tras ver frustradas todas las negociaciones de paz con las autoridades ocupantes israelíes, la sociedad civil palestina se organizó formando la organización BDS (Boicot Desinversión, Sanciones) que tiene como fin declarado poner termino a la opresión israelí y presionar a Israel para que cumpla con sus obligaciones de acuerdo a la Ley Internacional. Se trata de un movimiento al cual adhieren personas y organizaciones de todo el mundo, de todas las nacionalidades, credos y religiones, y que se basa en el principio de la no violencia, y que en Chile ha concitado cada día más apoyo, especialmente dentro de las organizaciones universitarias.
En una columna titulada “BDS en Chile: antisemitismo restringiendo la libertad académica” (El Mostrador 03/11/2017), Colodro y López critican al BDS, bajo el fundamento que su causa tiene por objeto la protección de los derechos humanos de los palestinos y que el Estado de Israel haya creado un régimen de Apartheid sobre la población palestina. ¿Es cierto lo anterior?
Antes de entrar de lleno en los argumentos –si es que pueden llamarse así- que esgrimieron para defender sus dichos, creo necesario referirme a una sorprendente afirmación con la cual arrancan su texto, esto es, que el brazo del BDS que desarrolla sus actividad de apoyo a la causa palestina dentro de la Universidad de Chile (BDS UChile), sería una entidad “pro-yihadista”. Es decir, siguiendo la común concepción que en occidente se tiene del término yihad; BDS UChile sería una corriente islamista que busca, por la fuerza, imponer sus convicciones religiosas y políticas. Por lo tanto, cuando las organizaciones universitarias estudiantiles chilenas adhieren –como lo están haciendo por consideraciones humanitarias cada día con más fuerza- al boicot contra Israel, estarían adhiriendo a la yihad.
¿En qué se basaron para sostener algo así? Una posibilidad sería –siendo muy generosos con ellos- que no obstante aventurarse a escribir sobre el tema, no comprenden el significado de dicho concepto. La otra alternativa sería que estamos ante la clásica reacción de quienes se ven imposibilitados de ofrecer argumentos para defender regímenes totalitarios, colonialistas o que violan sistemáticamente los derechos humanos. ¿En cuál de estas dos alternativas debiéramos encasillar la afirmación de Colodro y López? Si bien solo ellos saben la respuesta, algunas pistas podríamos encontrar al leer lo que sigue.
Ahora bien, entremos al fondo del asunto. ¿Viven los palestinos en un régimen de Apartheid? Veamos lo que nos dicen voces autorizadas al respecto. La Agencia de la ONU, conocida como la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, concluyó sobre la base de abundante evidencia que “Israel es culpable del crimen de Apartheid” (sobre estas conclusiones el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel declaró que el informe era propaganda antisemita, ¿les suena esto conocido?). Una opinión similar tienen quienes más saben de este asunto, los sudafricanos. En efecto, Human Rights Council de Sudáfrica concluyó a través de un completo informe, que las prácticas israelíes en los territorios ocupados eran abrumadoramente consistentes con el apartheid. Pero si alguien estima que estas podrían ser conclusiones parciales, les comento que hace muy pocos años el propio “Departamento de Estado de Estados Unidos –sí, el más fiel aliado de Israel- destacó que los ciudadanos palestinos que viven, ya no en los territorios ocupados, sino que dentro del territorio israelí, enfrentan “una discriminación institucional y social”. Pero esto no es todo, organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos, como B’Tselem, llegan a las mismas conclusiones, señalando que la discriminación hacia los palestinos basada en su origen nacional, es una reminiscencia del sistema del Aparheid que existió en Sudáfrica (se recomienda visitar la página de esta organización israelí sobre derechos humanos, para conocer de primera fuente el horror que vive la población palestina a manos del ejercito israelí).
Pero lo cierto es que enfocarse solo en si Israel mantiene una política de apartheid en contra de la población palestina constituye una reducción de un problema de mayor magnitud. Y ello pues -aunque se les haya olvidado mencionarlo a Colodro y López- Israel controla de facto desde 1967 todo el territorio que de acuerdo al consenso internacional es Palestina: Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania (es la ocupación más larga de la historia reciente). Si bien Israel se retiró de Gaza el 2005, mantiene de hecho el control de su territorio (sus fronteras y espacio aéreo). De ahí que Gaza sea habitualmente descrita como una gran cárcel a cielo abierto –nadie puede entrar o salir sin autorización israelí- o como un gran campo de concentración. A Cisjordania, en cambio, los sucesivos gobiernos israelíes la han incorporado sostenidamente al tejido Estatal, mediante el control militar, asentamientos, redes de caminos, check points, etc.
Lo anterior no solo significa negarle el derecho a la autodeterminación a los casi tres millones de palestinos que viven en los territorios ocupados, sino que además someterlos a duras restricciones sobre sus derechos humanos más básicos.
Con el objeto de apropiarse ilegalmente de parte de los territorios ocupados, Israel construye asentamientos (el año 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU, reafirmó que el establecimiento de todos los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania son ilegales y que no tienen validez), lo que implica la confiscación de tierras palestinas, la demolición de hogares y la transferencia forzosa de palestinos (si quiere impresionarse respecto del número de viviendas demolidas en los últimos años, vea los datos que informa el Comité Israelí en Contra de la Demolición de Hogares en su página web).
El derecho a movilizarse también es objeto de perturbadoras restricciones. Como informa B´Tselem, existe en los territorios ocupados un “Régimen de Caminos Prohibidos”, que discrimina según origen étnico, teniendo sorprendentes similitudes, aunque más arbitrario, que el de Sudáfrica hasta 1994. Desde 1991 Israel mantiene una política, al igual que el régimen Sudafricano, que obliga a los palestinos a obtener permisos para moverse de un lugar a otro dentro del país. Los palestinos deben utilizar caminos excesivamente extensos, sujetos a controles y revisiones humillantes, que los hace esperar durante horas bajo el frio o el calor abrazador para lograr llegar a destino. Este régimen se basa en la premisa de que todos los palestinos son un riesgo para la seguridad, por lo que es justificable restringir sus derechos de movimiento. Se trata de una premisa claramente racista, que lleva a una política que daña indiscriminadamente a toda la población palestina.
En materia judicial los palestinos no disfrutan del debido proceso, el cual es reemplazado por detenciones administrativas. Basta con que la autoridad militar ocupante aduzca “razones de seguridad”, para mantener hasta por seis meses a un palestino preso sin juicio, lo que se puede extender en forma indefinida (incluyendo a menores de edad).
En virtud del la Orden Militar 101 dictada por Israel, la población palestina desde hace más de 50 años (sí, leyó bien: cincuenta años) tiene prohibido, entre otras cosas, asistir a procesiones, reuniones o vigilias de 10 o más personas con un fin político; también las expresiones verbales en apoyo o solidaridad a cualquier organización considerada ilegal en virtud de las ordenes militares están prohibidas incluso para organizaciones estudiantiles, por lo que a diferencia de lo que ocurre en Chile, no podrían juntarse a votar a favor del BDS.
Estos, y otros antecedentes igual de graves, han llevado a intelectuales judíos de la talla de Noam Chomsky a afirmar que los palestinos en los territorios ocupados viven una situación peor que la que afectaba a la población negra en la Sudáfrica del Apartheid, pues a diferencia de la minoría blanca que necesitaba de la mano de obra de la población negra para desarrollar sus industrias, los israelíes mantienen un proceso de limpieza étnica que busca, junto con apropiarse de tierras, crear un Estado lo más libre –o purificado, como lo entenderían los sionistas que apoyan los asentamientos- de palestinos.
Sobre la base de estos hechos -que el lector puede verificar ingresando a los sitios de internet de las cada día más numerosas organizaciones israelíes que intentan poner fin a la ocupación- BDS comenzó su campaña de boicot contra Israel, buscando así replicar el mismo y único método pacifista que logró derribar al régimen segregacionistas sudafricano. Por ello, como señala el periodista, escritor y activista por los derechos humanos, Ben Withe, el régimen de Aparheid y la ocupación israelí es lo que debiera causar indignación, y no las campañas o el boicot en apoyo a los derechos de la población palestina.
De ahí, que como ya habrá advertido el lector, el BDS no tiene nada de antisemita como lo califican Colodro y López –aunque luego de atribuirle el carácter de yihadista nada debería sorprendernos-, sino más bien se trata de una causa noble que busca el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho internacional, algo que para Israel, lógicamente, dada la propia forma en que se ha configurado políticamente desde su existencia, constituye un acto que va en contra de su naturaleza.
Marcelo Hadwa Issa
