Para ponerlo en referencia con algo conocido: 173.397 canastas básicas, 10 millones 606 mil 60 pasajes de metro y 7.000 viviendas sociales. Eso costará al Estado de Chile la visita del Papa: 7 mil millones de pesos.
Resulta agraviante para una sociedad como la chilena, cuyos ingresos son tan desiguales que el Estado gaste, repito, 7 mil millones de pesos en la visita del Papa.
Como es ampliamente sabido en un círculo reducido de académicos y gente educada, pero aparentemente desconocido para la mayoría de los opinantes, la separación entre la Iglesia Católica y el Estado de Chile se definió con la Constitución Política del Estado en 1925 (art. 10). Lo que fue ratificado por la Constitución de 1980 (art. 19), que fue redactada por las cabezas más conservadoras de la segunda mitad del siglo XX, entre los que se contaba Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán y Jorge Alessandri.
Entre otros efectos, esto liberó a la Iglesia de las intervenciones del Estado en sus asuntos y liberó al Estado de financiar a la entidad religiosa.
A pesar de que eso ocurrió hace casi un siglo, las relaciones sociales de la Iglesia le han permitido tejer una red de vínculos que le facilita recibir financiación del Estado, sobre todo en obras de gran valor e impacto social. Todo ello forma parte de una relación muy virtuosa, como es poner a la mayor parte de las personas detrás de cusas de gran valor moral y social, como es el bienestar de los más desposeídos.
Una parte de la Iglesia chilena construyó una obra significativa que bien le ha merecido el agradecimiento y reconocimiento de la mayoría de los chilenos, especialmente en su incansable y valiente lucha por la defensa de los derechos humanos. Otra parte de ella, sin embargo, ha protagonizado una historia oscura de abusos flagrantes, encubrimientos y delitos que hasta hoy insiste en negar. En consecuencia, se puede afirmar que la Iglesia Católica es una institución cuya imagen no es transversalmente aceptada.
Con todo, no me refiero a la Iglesia, no hablo de la religión católica y mucho menos de Dios. Me estoy refiriendo al enorme costo fiscal de recibir al Papa en un realidad como la nuestra.
[cita tipo=»destaque»]En este contexto, una visita del Papa a Chile tiene, principalmente, un valor pastoral. En tal sentido y más allá de las formalidades diplomáticas, es una cuestión que le incumbe exclusivamente a los católicos.[/cita]
El viaje del Papa a Chile puede considerarse como una visita de Estado, pero ese tipo de actividad no son financiadas por el país receptor más allá de la reciprocidad diplomática. Máxime cuando se trata de un Jefe de Estado cuya agenda internacional está en contra de los intereses de Chile. La adhesión explícita del Papa a Bolivia por el contencioso en La Haya, por ejemplo, fue un hecho público y notorio, respecto del cual no ha habido una explicación equivalente por parte del Vaticano y, si la hubo, fue con un escaso impacto mediático, al punto de pasar desapercibida. Ergo, a no mediar retractación o aclaración pública y notoria, seguimos entendiendo que el Papa tomó una opción que mantiene hasta hoy.
En este contexto, una visita del Papa a Chile tiene, principalmente, un valor pastoral. En tal sentido y más allá de las formalidades diplomáticas, es una cuestión que le incumbe exclusivamente a los católicos.
Es obvio que si invitáramos al Dalai Lama o a cualquier otro líder espiritual del mundo musulmán, judío o protestante, no sería muy aceptable para los católicos que el Estado desembolsara 7 mil millones de pesos de sus impuestos en los gastos asociados al viaje y actividades del Pontífice. Se trata de una visita oficial, del titular de una religión que no hace parte del Estado y en que el erario nacional gastará recursos públicos escasos. Francamente esto es inconsistente por donde se le mire.
Según el Censo de 2002, la población que en Chile se identificaba con el catolicismo alcanzaba al 69,96%, estimación que en el Censo de 2012 rebajó a 67,37%. Pero esta cifra sigue cayendo: Según los datos de un reportaje de La Segunda, publicado el 16 de abril de 2014, los católicos pasaron de representar el 74% en 1995 al 57% de la población en 2013.
Más allá de las cifras exactas, es obvio que los católicos en Chile representan un alto porcentaje de la población, pero no a todos los chilenos. La pregunta obvia es ¿por qué usar los recursos de todos para satisfacer los intereses de algunos?
Según Felipe Herrera (El Mercurio, Octubre 23 de 2017), Director de Comunicaciones de la Comisión Nacional de la visita papal, se movilizará alrededor de un millón 200 mil personas, lo que –según él- “generaría trabajo y un dinamismo económico importante». Pero se trata de un argumento que carece de demostración empírica. Es evidente que se crearán oportunidades laborales temporales y otras externalidades positivas, la cuestión es si aquellas generarán impuestos por una suma equivalente a 7 mil millones, de modo que la visita no redunde en un perjuicio fiscal más allá de las molestias que provocará en el tránsito.
Después y quizá frente a la fragilidad de ese argumento, Benito Baranda, coordinador del Estado para la visita, informó que «más del 80% del presupuesto del Estado se va a destinar a los pasos fronterizos por la gran concurrencia de personas de Argentina, de Perú y un poco menos de Bolivia que se espera, y a las policías, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones» (El Mercurio, Octubre 25 de 2017). Otra vez, sería muy útil que una línea argumental tan rotunda como esa fuese respaldada por evidencia cuantitativa acreditable. De lo contrario se trataría de argumentos fútiles y no de pruebas.
Lo único claro hasta aquí es que el gasto público por la visita del Papa de algunos chilenos, dañará el patrimonio de todos los chilenos, como si las intensas discusiones sobre el presupuesto y la mayor o menor responsabilidad fiscal sobre el gasto público no hubieran existido, como si las bajas jubilaciones, la gratuidad acorralada y los escasos fondos para bomberos, en una etapa previa a los clásicos incendios del verano, no fueran relevantes.
Si los católicos quieren invitar al Papa a Chile, que lo financien directamente, que se reúnan con él y que vivan su fe a plenitud, pero no nos metan le mano al bolsillo al resto de los chilenos para una causa que solo le pertenece a ellos, máxime cuando se dan el lujo, por ejemplo, de negarse a aplicar políticas públicas de salud en sus hospitales, mismos que co-financian con recursos de un Estado cuya visión del mundo rechazan.
