Más protección y participación para nuestros niños, niñas y adolescentes - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 13:07

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Más protección y participación para nuestros niños, niñas y adolescentes

por 12 noviembre, 2017

El programa de niñez y adolescencia del Frente Amplio se hace cargo del atraso de Chile en materia de reconocimiento de derechos de nuestros niños y niñas. Asume la existencia de problemáticas que requieren de una intervención urgente, fundamentalmente aquellas ligadas a la crisis de SENAME, aunque no pierde de vista la necesidad de una mirada integral, que nos permita pasar de un Estado tutelar en materia de niñez a uno que promueva, asegure y restablezca los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, dentro de nuestras prioridades está la creación de una Comisión Transitoria de Emergencia y Desinternación, alojada en el gobierno central, que tendrá como objetivos: 1) evaluar los casos de niños/as y adolescentes institucionalizados proponiendo, en los casos que lo ameriten, la eventual reintegración a sus familias (nucleares o ampliadas) o a programas de cuidados alternativos no residenciales; 2) revisar las resoluciones judiciales relativas a niños/as y adolescentes residentes en estos centros, para descartar infracciones al derecho al debido proceso que hayan podido originar la separación de sus familias de origen; y 3) entregar justicia, reconocimiento y reparación a niños/as y adolescentes que hayan sufrido vulneraciones graves a sus derechos en los centros de la red SENAME.

Esta comisión será parte de una estrategia para avanzar en la mejora de las modalidades de cuidado alternativo, la generación de intervenciones con la familia de origen, el fortalecimiento de la oferta preventiva y la consolidación de un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. De esta manera, se buscará abrir el camino para reducir en su totalidad a las niñas y niños institucionalizados de 0 a 3 años y transitar progresivamente en la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años.

Dentro de nuestras prioridades también está avanzar hacia un mayor empoderamiento de niños/as y adolescentes. Consideramos que la situación de desmedro en la que se encuentran actualmente está estrechamente relacionada con sus escasas posibilidades de opinión y consideración de éstas en los asuntos que les afectan. Tenemos la convicción de que en la medida que les otorguemos mayores espacios de participación social, podrán mejorar sus condiciones de vida. En esa línea, nos parece discriminatorio que los/as adolescentes tengan desde los 14 años una responsabilidad penal, pero no una responsabilidad cívica.

Dentro de nuestras prioridades también está avanzar hacia un mayor empoderamiento de niños/as y adolescentes. Consideramos que la situación de desmedro en la que se encuentran actualmente está estrechamente relacionada con sus escasas posibilidades de opinión y consideración de éstas en los asuntos que les afectan. Tenemos la convicción de que en la medida que les otorguemos mayores espacios de participación social, podrán mejorar sus condiciones de vida. En esa línea, nos parece discriminatorio que los/as adolescentes tengan desde los 14 años una responsabilidad penal, pero no una responsabilidad cívica.

En consecuencia, desarrollaremos una serie de medidas para acercar y ampliar los canales de participación ciudadana. Entre ellas se encuentra el envío de un proyecto de ley que reconozca la participación electoral desde los 16 años. Ello irá acompañado de un impulso a los programas escolares de educación ciudadana. Experiencias de otros países de Europa y Latinoamérica (como Argentina, Ecuador y Brasil), reconocen el voto facultativo o voluntario a personas menores de 18 años, mostrando la viabilidad de esta iniciativa.

El voto, sin embargo, es una más de las instancias de participación efectiva. Por ello, enviaremos además un proyecto para reformar la Ley N°20.500 sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de manera que señale expresamente la obligación de todas las entidades públicas y privadas de consultar a los niños/as y adolescentes cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los involucren. Estas y otras medidas serán pasos previos para que en una futura Nueva Constitución, más participativa y democrática, se entregue un reconocimiento explícito a niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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