Opinión
En síntesis, para dar atención a cada uno de los beneficiarios del sistema público, se precisan más recursos de lo requerido para atender las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema privado, pero la realidad de las cifras muestra que –por el contrario– el actual modelo otorga más recursos a los beneficiarios del privado. En conclusión, la brecha actual de gasto sería de entre 57% y 62% a favor de los beneficiarios de Isapre. Una desigualdad de tal magnitud es imposible que sea absorbida por economías de escala o por una red pública integrada.
Recientemente, la Asociación de Isapres de Chile A. G., agrupación gremial que reúne a cinco de las seis isapres abiertas que operan en el mercado, dio a conocer un análisis que subtitula “Se igualan los recursos per cápita disponibles para atenciones de salud”. Básicamente sostiene que “la diferencia en gasto en salud entre Fonasa/Isapres se cerró” (sic) y que “la brecha de inequidad en el financiamiento per cápita (…), se cerró” (sic). De allí concluye tres consecuencias de política: 1) la urgente necesidad de revisar la institucionalidad de la red pública; 2) la necesidad de perfeccionar el modelo de financiamiento del sector salud; y 3) que el aporte que brinda el sector privado de salud permite que el Estado le delegue 3 millones y medio de beneficiarios, sin que ello represente costo para el Estado (sic).
Sobre estas consecuencias volveremos al finalizar estas líneas. Lo primero es aclarar las cifras.
El análisis de la Asociación de Isapres señala que el gasto en atenciones de salud por beneficiario al año en las isapres sería de $ 510.937, mientras que en Fonasa sería de $ 491.045. De esta forma, aun con una diferencia de 4,05% (superior para los beneficiarios de isapres), concluye que la brecha de recursos entre ambos subsistemas está virtualmente cerrada.
Lamentablemente y sin ánimo de iniciar una polémica académica sobre el punto, la conclusión es errada y no representa la realidad desigual que ha caracterizado (y aun lo hace) a ambos subsistemas. El análisis comete varios errores, como, por ejemplo, comparar información parcial de gasto isapre para el año 2017, con la proyección de gasto Fonasa para el año 2018 consignada en el proyecto de Ley de Presupuesto (aún en trámite); habla de disponibilidad de recursos (es decir, financiamiento), pero analiza el gasto realizado; incluye en el gasto de atenciones de salud de los beneficiarios de Fonasa, partidas que corresponden a la Autoridad Sanitaria y la rectoría de todo el sistema, y considera los aportes –extraordinariamente desiguales– que realizan algunos municipios y que se concentran especialmente en comunas de altos ingresos.
Un análisis razonado de las cifras y comparable entre ambos subsistemas, muestra que el año 2016, último año para el cual se dispone de datos de gasto devengado, el gasto en atenciones de salud por beneficiario al año fue de $ 509.632 en el caso de las isapres abiertas, mientras en Fonasa alcanzó $ 400.592. Esto representa una diferencia de 27,22% a favor de los beneficiarios de isapres.
El análisis de la Asociación de Isapres, si bien reconoce las diferencias en el riesgo sanitario entre los beneficiarios de ambos subsistemas, minimiza la magnitud y complejidad del problema. Mediante un uso metodológicamente inadecuado de tablas factores de riesgo de las isapres, sostiene que esta diferencia sería de 17% (considera 1,79 en Fonasa y 1,49 en Isapres) y que esta diferencia desaparecería por las economías de escala (tamaño de la cartera) y la integración vertical (red pública propia) que posee el sistema público.
Respecto del mayor riesgo sanitario de los beneficiarios de Fonasa, enfatiza que esto se expresa en una población envejecida y en la dispersión geográfica. No obstante, no hace mención a las enormes diferencias en la carga de enfermedad (estado de salud) que enfrentan ambos subsistemas, corrigiendo por edad y por dispersión geográfica.
[cita tipo=»destaque»]Uno de los pocos estudios nacionales que ha cuantificado el riesgo sanitario de ambas carteras, realizado por Cid (2011), titulado “Problemas y desafíos del seguro de salud y su financiamiento en Chile: el cuestionamiento a las ISAPRE y la solución funcional”, muestra que el factor de riesgo “normalizado” de Fonasa es de alrededor de 1,15, mientras en en las isapres es de alrededor de 0,86 en promedio, con un mínimo inferior a 0,80. De acuerdo con esas cifras, para el periodo 2000-2009, concluye que los beneficiarios de Fonasa tendrían un riesgo sanitario entre un 30% y un 35% mayor a los beneficiarios de isapres.[/cita]
Uno de los pocos estudios nacionales que ha cuantificado el riesgo sanitario de ambas carteras, realizado por Cid (2011), titulado “Problemas y desafíos del seguro de salud y su financiamiento en Chile: el cuestionamiento a las ISAPRE y la solución funcional”, muestra que el factor de riesgo “normalizado” de Fonasa es de alrededor de 1,15, mientras en en las isapres es de alrededor de 0,86 en promedio, con un mínimo inferior a 0,80. De acuerdo con esas cifras, para el periodo 2000-2009, concluye que los beneficiarios de Fonasa tendrían un riesgo sanitario entre un 30% y un 35% mayor a los beneficiarios de isapres.
En síntesis, para dar atención a cada uno de los beneficiarios del sistema público, se precisan más recursos de lo requerido para atender las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema privado, pero la realidad de las cifras muestra que –por el contrario– el actual modelo otorga más recursos a los beneficiarios del privado. En conclusión, la brecha actual de gasto sería de entre 57% y 62% a favor de los beneficiarios de isapre. Una desigualdad de tal magnitud es imposible que sea absorbida por economías de escala o por una red pública integrada.
Respecto de las consecuencias de política que señala la Asociación de Isapres, resulta ineludible referirse a su propuesta central: “El ejercicio realizado demostró que en Chile no es irreal plantearse la idea que el Estado, bajo ciertas condiciones de compensación de riesgos y evaluación de resultados según cumplimiento de políticas de salud, permitiese que sus cotizantes pudiesen optar por el sistema de su preferencia con parte de su cápita (subsidio)” (sic).
Por el contrario, las cifras muestran que la desigualdad actual del gasto entre ambos subsistemas sigue siendo enorme, a pesar de haber disminuido sobre la base del gran esfuerzo fiscal que se ha materializado en los últimos 27 años de democracia, como lo muestran las estadísticas que publica Fonasa. Abrir la puerta a la portabilidad del subsidio no solo incrementará esta desigualdad, sino que también terminará por desfinanciar al sistema público de salud, el que hoy, con grandes deficiencias y sin duda con muchas carencias, otorga derecho a la protección de la salud a más tres de cada cuatro de nuestros compatriotas.
