Señor Director:
El domingo, en su columna habitual en el Mercurio, el profesor Carlos Peña hace una reflexión moral en torno a los dilemas bioéticos que plantean los trasplantes de órganos, a propósito del caso del Hospital Christus UC, que rechazó hacer un trasplante de órganos a la niña Daniela Vargas, por no contar con cuidados post operatorios adecuados.
A primera vista, la conclusión del profesor Peña parece razonable: “negar un recurso valioso atendiendo a la situación familiar de una persona equivale a un grave acto de discriminación”. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla.
Lo que escapa a la reflexión de Carlos Peña es la consideración del particular bien del que estamos hablando. El órgano humano es el recurso sanitario más escaso que existe, pues es el único que escapa a las redes del mercado.
No puedo comprar más órganos si se me acabaron los que tenía. Y esa es la razón por la que, en todo el mundo, mueren miles de personas diariamente, de todos los estratos sociales, en espera de un órgano (Recuérdese lo difícil que fue para el propio Steve Jobs conseguir un trasplante)
El profesor Peña confunde el origen de la discriminación (si ella es o no imputable a la persona) con la legitimidad de la misma (su justicia). Pero me temo que en el espacio del racionamiento sanitario de órganos para trasplante (y no en cambio respecto de otros bienes escasos), lo ético es distribuir considerando la eficiencia del trasplante pues la eficiencia es, ahora, un requisito de justicia.
Si las posibilidades de recuperación de una persona son muy bajas –por ejemplo, si su estado de salud es muy precario, si la persona es muy anciana o si tiene muy mal pronóstico de sobrevida, como era el caso de Jobs- será “injusto” entregarle el órgano.
Elegir al millonario Jobs y no a la paciente con mejor pronóstico de sobrevida, sería injusto (En Chile, vale la pena recordar, el 80% de los trasplantes de órganos se realiza en el sistema público de salud, es decir, no se asignan a los Jobs chilenos).
Por cierto que estamos de acuerdo en que la distribución de los demás recursos médicos debiera estar determinada únicamente por la «necesidad» sanitaria -ese es el único requisito para ser titular del derecho a cuidado sanitario- aun cuando se trate de adjudicar insumos médicos costosos pues, en última instancia, su provisión depende del mercado (puedo comprar más prótesis, marcapasos, especialistas/hora, etc). Es decir, ahora sí los Steve Jobs chilenos podrán comprar su salud.
No ocurre eso con los órganos –las reglas del mercado no juegan aquí papel alguno. Por ello, si no somos eficientes, el órgano se pierde sin posibilidad de reposición y, con él, la vida de una paciente.
Por ello en los sistemas sanitarios comparados tampoco se trasplanta a personas que no cumplen con las demandas de cuidado post operatorio que garanticen la eficiencia del procedimiento. Por ejemplo, se excluye de trasplante de pulmón al fumador empedernido, o de riñón al alcohólico, pues su «vicio» perjudica, evidentemente, el éxito del procedimiento.
Por cierto que esto no se hace en un acto de paternalismo moralista (es usted “responsable» de su condición de salud) sino que solo con el fin de garantizar que el órgano -cuya distribución implicó, no lo olvidemos, dejar que otros mueran inevitablemente- sea mejor aprovechado por aquel que tuvo la suerte de llegar a tiempo.
Quizás no debamos, entonces, buscar las responsabilidades de esta terrible situación país -al menos, no esta vez- en los proveedores sanitarios. En cambio, quizás, sea mejor fijar la mirada en quienes debieran haber estado al cuidado de esa niña. Pues ninguna niña en Chile debiera vivir en el abandono. Son las redes sociales de cuidado infantil las que han fallado hoy y las que debieran, ahora sí, ser objeto de reproche moral.
Alejandra Zuñiga Fajuri
Profesora titular de la Escuela de Derecho
Universidad de Valparaíso
