Opinión
Las comunidades regionales no pueden esperar hasta 2020 para simplemente marcar una cruz sobre una nueva papeleta. A partir de 2018 es el momento de hacer emerger los mejores liderazgos que el sistema político centralista inhibió o torció, para hacer del territorio una escuela de la democracia deliberativa. Es la oportunidad para comenzar a generar nuevas formas de gobernanza territorial, como las que impulsa Corfo con sus ya seis pilotos de fomento productivo.
Hace casi tres décadas, en diciembre de 1989, Chile retornó a la democracia al elegir libremente a sus autoridades nacionales. El 28 de junio de 1992 las comunas pudieron elegir en forma indirecta a sus alcaldes, los que solo el 31 de octubre de 2004 pudieron ser electos en forma directa y separada de los concejales, mediante la mayoría simple de los votos de la ciudadanía local.
En octubre de 2020, 31 años después del retorno a la democracia nacional y a 16 años de la municipal, tendremos finalmente y por primera vez en la historia nacional, la posibilidad de elegir a los gobernadores regionales, responsables de conducir el desarrollo de nuestros entornos.
La difícil, aunque finalmente casi unánime, aprobación del Parlamento de la Reforma y leyes orgánicas constitucionales que permiten la elección del gobernador regional, revelan las aprensiones de la clase política sobre los posibles riesgos de tal transformación en el funcionamiento del aparato del Estado. Porque, si bien a la hora de enumerar los beneficios de la descentralización política existen amplios consensos, en el momento de evaluar sus riesgos aparecen los fantasmas, algunos de ellos heredados de experiencias internacionales fallidas.
Una de las expresiones más claras de esta desconfianza de los legisladores ha sido el intento de “normarlo todo” en materia de traspaso de competencias, para así evitar institucionalmente no solo las contiendas de competencias interniveles de gobierno o el endeudamiento regional más allá de lo razonable, sino también para dar continuidad a la supuesta eficiencia del Estado en el territorio. El costo de ello ha sido 6 años y 2 meses y medio de tramitación de la descentralización administrativa, la que completará casi una década antes de entrar plenamente en funciones.
Se trata, por consiguiente, de plazos más que razonables para disponer de un mecanismo eficiente para asegurar que las nuevas autoridades regionales puedan disponer de un conjunto de recursos legales para “gobernar la región”. En los próximos meses se agregará a ello (gracias al reciente consenso de las candidaturas presidenciales) la descentralización fiscal, la que, aunque inicialmente tímida, irá entregando progresivamente los recursos financieros para ejercer las nuevas competencias en propiedad.
[cita tipo=»destaque»]La construcción de la democracia regional debería ser la oportunidad para reencantar y reconciliar a la ciudadanía con nuestras nuevas instituciones públicas y de gestar una coordinación social y económica, que sustituya la increíblemente ineficiente pero poco cuestionada gestión centralista del Estado, que inhibe el desarrollo del país. A fin de cuentas, la construcción de una visión compartida del territorio, que impulse el desarrollo inclusivo y mejore la productividad de nuestras regiones y el país, requiere de instituciones legitimadas por la nueva ciudadanía regional.[/cita]
Sin embargo, el tema más importante para la clase política nacional y las comunidades regionales, y que afecta el resultado global del proceso descentralizador, es ¿qué tipo de democracia regional tendremos a partir de 2020?
No se trata, por cierto, de las definiciones respecto del sistema de elección del gobernador regional, las que se encuentran ya aprobadas en la LOC respectiva, sino de temas más de fondo, asociados con la actual situación política regional y las demandas ciudadanas nacionales de renovación de la política chilena.
Porque, ¿seguiremos creyendo que…?:
O, por el contrario, ¿es el momento de entender que, en un país como Chile, de elevada escolarización y con predominio de ingresos medios, pero de gran heterogeneidad geográfica, social y económica, la nueva democracia regional (incluyendo el fortalecimiento de la comunal) es el espacio para gestar una toma de decisiones más participativa y un control democrático más cercano y eficiente de las autoridades electas?
La construcción de la democracia regional debería ser la oportunidad para reencantar y reconciliar a la ciudadanía con nuestras nuevas instituciones públicas y de gestar una coordinación social y económica, que sustituya la increíblemente ineficiente pero poco cuestionada gestión centralista del Estado, que inhibe el desarrollo del país.
A fin de cuentas, la construcción de una visión compartida del territorio, que impulse el desarrollo inclusivo y mejore la productividad de nuestras regiones y el país, requiere de instituciones legitimadas por la nueva ciudadanía regional.
Las comunidades regionales no pueden esperar hasta 2020 para simplemente marcar una cruz sobre una nueva papeleta. A partir de 2018 es el momento de hacer emerger los mejores liderazgos que el sistema político centralista inhibió o torció, para hacer del territorio una escuela de la democracia deliberativa.
Es la oportunidad para comenzar a generar nuevas formas de gobernanza territorial, como las que impulsa Corfo con sus ya seis pilotos de fomento productivo (CRDP de Antofagasta, Biobío, Los Ríos y los nuevos Comités de O’Higgins, Maule y La Araucanía). O como las experiencias de Subdere con las Divisiones de Fomento, Desarrollo social e Infraestructura y transporte.
Y es el momento para que el gobierno nacional (y los regionales) apoyen las innovaciones sociales que comienzan a multiplicarse por los territorios del país y que apuntan a descubrir sus economías ocultas e introducir la lógica del equilibrio colaborativo, tal como nos recordó Jorge Marshall en un reciente Seminario de las Fundaciones Chile Descentralizado y Superación de la Pobreza.
