Señor Director:
En los últimos tiempos se ha vuelto una demanda común los problemas que tienen los proyectos de inversión y desarrollo frente a la lentitud y complejidad en la tramitación de los permisos ambientales, tales como los que tramita el Consejo de Monumentos Nacionales en su rol de organismo con competencia ambiental frente al Servicio de Evaluación Ambiental. Es obvio que el Estado debe revisar la manera en que funcionan estos procedimientos, para lo cual es posible seguir dos caminos. Por un lado, se puede tratar de que las evaluaciones sean menos intensivas y/o rebajar los estándares de protección que se aplican, camino que llevaría a nuestro país a incumplir los estándares internacionales en protección medioambiental aplicados al comercio globalizado.
Por otro lado, siguiendo el camino de un país que pretende ser Desarrollado, el Estado debe hacer las inversiones necesarias para agilizar la tramitación ambiental, fortaleciendo con personal e infraestructura adecuada a los organismos que tienen la obligación legal de preocuparse por la protección ambiental y patrimonial. Uno de estos organismos donde es evidente este problema es el Consejo de Monumentos Nacionales, especialmente en el campo de la evaluación del impacto en el patrimonio arqueológico presente en el área de proyectos de inversión o desarrollo. La Secretaría Técnica del Consejo, además de preocuparse de los casos relativos a la Ley de Monumentos Nacionales, tramita más de 1300 relacionados con impacto ambiental al año, muchos de los cuales comprenden varias etapas y requieren complejas decisiones técnicas. Sin embargo, para esta vasta tarea se cuenta con una planta de solo 14 profesionales arqueólogos, los cuales se desempeñan en condiciones contractuales inaceptables, algunos incluso contratados como Bienes y Servicios por unos pocos meses, y en un ambiente laboral que en los últimos años ha estado marcado por decisiones arbitrarias de las autoridades administrativas de la entidad.
En este contexto, para lograr que el Consejo de Monumentos Nacionales dé un tratamiento oportuno a los permisos ambientales relacionados con el patrimonio, se requiere aumentar significativamente de la planta de arqueólogos evaluadores, entregándoles estabilidad laboral, posibilidades de perfeccionamiento y un ambiente de trabajo que sea adecuado a la alta función que deben cumplir. Se requiere también el financiamiento necesario para que realicen sus actividades, que además de trabajo de oficina, incluye visitas a terreno y estudio de materiales. Los pequeños costos que esto signifique para el estado, sin duda, serán recompensados por el gran beneficio que recibirán los planes de inversión y desarrollo tanto de sector privado como público.
Luis E. Cornejo B.
Arqueólogo
Universidad Alberto Hurtado
Ex Consejero
Consejo de Monumentos Nacionales
