Señor Director:
En la reciente columna publicada “La infancia y los conflictos de interés en el INDH”, su autor expone que el hecho de que Corporación Opción no tenga residencias, no es una razón suficiente para descartar el posible conflicto de interés que pueda afectar a la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Es interesante lo planteado, porque nos permite referirnos a lo medular de la polémica sobre los conflictos de interés que supuestamente la afectan. Cabe indicar, que, según los estándares de la OCDE, el conflicto de interés es definido como la pugna entre el deber público y los intereses privados del funcionario, donde éste podría ser influenciado incorrectamente, afectando sus deberes y responsabilidades oficiales. El autor de la columna indica que, siendo Corporación Opción parte de la red de colaboradores del SENAME, es evidente que existe ese conflicto en el ejercicio del cargo de Consuelo Contreras, quien fue la directora ejecutiva de dicha institución.
La verdad es que, a la luz de los hechos y no de los titulares, es posible afirmar exactamente lo contrario. El trabajo realizado por dicha institución –fundada por Consuelo Contreras en 1990- ha sido parte de la solución, y se ha tenido que desenvolver en un complejo escenario de un sistema de protección, que innegablemente está en crisis. No desde la muerte de Lissette Villa ni desde el informe Jeldres. Ya en 1992, la otrora directora del SENAME Oriana Sansi, afirmaba con fuerza la necesidad de profundas reformas al Servicio para poder cumplir con los estándares mínimos fijados por la Convención de los Derechos del Niño.
En 1990, el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME era bajo el régimen residencial, siendo ésta prácticamente la única respuesta estatal frente a las graves vulneraciones de derechos de las cuales los niños eran víctimas. Por ejemplo, para que un niño fuera diagnosticado, pasaba seis meses interno, sin vínculo alguno con sus familias. En ese escenario, al alero de la Convención, se fundan instituciones como Opción, ACHNU, Paicabí, Tierra de Esperanza; quienes –en principio- a través de la cooperación internacional van diseñando nuevos modelos de intervención, que consideran el contexto familiar y comunitario de los niños. Corporación Opción juega un rol protagónico en el diseño de la oferta programática ambulatoria, que permitió una progresiva desinternación y una intervención con enfoque de derechos y con énfasis en el trabajo con la familia y el contexto social y comunitario de los niños. Al día de hoy, solo el 7% de los niños y niñas atendidos en el área de protección, están en residencias. Es decir, el 93% está con sus familias de origen.
Sin dudas falta muchísimo por avanzar. La derogación de la ley de menores, contar con una ley integral de protección de la infancia, la creación del servicio de protección especializada, son deudas que el Estado de Chile tiene la obligación de saldar, ya que a 27 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y luego de todo lo que hemos conocido a través de las recomendaciones que a formulado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas , de los informes del Poder Judicial, UNICEF y ahora del INDH; resulta inexplicable que no lo haya hecho. Lo que es peligroso, es no hacer las necesarias distinciones para ver cómo somos parte de la solución y no obstáculos de ella.
Lograr financiamiento estatal para financiar la oferta ambulatoria de reparación y restitución de derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de graves vulneraciones de sus derechos, es un logro y no per se, un fundamento de cuestionamiento. Debemos establecer estándares de calidad, una buena supervisión técnica, una excelente fiscalización de los recursos destinados a ello; pero poner bajo sospecha a quienes han desarrollado propuestas innovativas, a través de licitaciones abiertas, públicas y transparentes han obtenido esos recursos para llevar a cabo esa intervención, es un error que nuevamente nos aleja del que debiera ser el foco de nuestra atención: ofrecer cada día mejores condiciones y garantías para el goce efectivo de los derechos que todos los niños y las niñas tienen por el solo hecho de ser personas.
Milagros Nehgme
Directora Ejecutiva
Corporación Opción
