Opinión
Chile empezó a vender su poder normativo o regulatorio sobre un bien que la Constitución declara no concesionable, como lo es el litio, y, bajo el pretexto de mejorar su administración, omite valiosas consideraciones de soberanía y dignidad, y exactamente por un ingreso previsto total de 10 mil millones de dólares en 12 años, es decir, unos 830 millones anuales o 69 millones mensuales o 2 millones trescientos mil diarios, millones más o millones menos. El resto de los aspectos –no menores– no importan, esto es: ser SQM un negocio montado sobre los rastrojos económicos del Estado gánster que fue la dictadura militar (según lo escrito por Edgardo Boenninger), legitimado por la democracia a través de la concesión administrativa de 1993, y hoy liberado de soberanía con el actual acuerdo, pese a sus trapacerías éticas.
La norma fundamental de Hans Kelsen: “Sea Constitución lo que quiso el primer constituyente”, que cierra la hermenéutica de su teoría pura del derecho, en estricto rigor lo que hace es, al llegar a la cima de la pirámide normativa, invertirla y abrir su fundamento estructural a las relaciones de poder en la sociedad. Es una ventana a la sociología del poder y al reconocimiento que los Estados y su poder constituyente no son el resultado de una abstracción racional sobre la formalidad jurídica de las cosas sin un contenido específico (“sea Constitución lo que quiso el primer constituyente”), sino una relación sociopolítica de poder y de fuerza práctica, también expresada en el contenido del derecho.
Este es el campo donde el derecho político diverge del constitucional, ampliando las perspectivas más estrechas y formales de este, y donde la relación fuerza-derecho adquiere su significado real en el funcionamiento de todo el sistema, no solo como presunción de la validez formal de las normas, sino como supuesto de su eficacia y, por lo tanto, de la validez de todo el sistema.
Esto, que a un lego en temas teóricos sobre lo jurídico le puede parecer muy enrevesado, es tremendamente práctico para analizar con detenimiento lo que subyace al fondo de controversias como la enfrentada por el Estado de Chile con la empresa Soquimich (SQM), que en parte ha sido simplificada en una operación matemática simple de contabilidad acerca de pérdidas y ganancias patrimoniales, sin considerar muchos otros aspectos, tangibles unos, intangibles o simbólicos otros, propios de las relaciones de poder entre un Estado y un particular.
Que al común de los ciudadanos lo obrado hasta ahora en dicha controversia le resulte oscuro y no lo entienda, no significa que no sea trascendente, y que llame poderosamente la atención el cómo la política nacional y los analistas y periodistas económicos solo se detienen en la contabilidad y no en el orden público.
En el argumento final del acuerdo SQM-Corfo, solo les importa el cuánto recibirá en metálico Chile producto del mismo y cuánto poder de administración en la empresa cedió Julio Ponce Lerou, verdadero poder negociador de SQM por derechos de propiedad. El acuerdo no es con SQM, sino con Julio Ponce L. acerca de la empresa.
Un análisis de derecho político, con leyes en manos, pero también con la sociología del poder, permite ver que el empresario empató la soberanía del Estado de Chile. Este finalmente dio por subsanadas las infracciones de la empresa al contrato de concesión vigente desde 1993, y con el acuerdo se llevará –hasta su contabilidad e imagen corporativa– la imagen corporativa de la mismísima Codelco (pueden llegar a ser socios en Maricunga).
Y lo más preocupante es que, dado que Julio Ponce Lerou es un tremendo animal de poder, probablemente no se perderá la oportunidad única de tomarse “la foto” al momento de la firma del acuerdo entre su empresa y Codelco, triunfo estratégico que podrá lucir como un blasón, para llegar al negocio final con los chinos o norteamericanos, transformando a su hija predilecta, la empresa SQM, en princesa de la nueva corte político económica global. En su momento, igual que su suegro, Augusto Pinochet, se levantará de su silla y caminará con paso seguro al altar, oportunidad en la cual seguramente los contadores del Estado de Chile esconderán con cierto rubor sus libros de contabilidad, los actuales responsables de Corfo reconocerán su soledad e ingenuidad frente al acuerdo, y Ponce, denlo por seguro, verá orgulloso el nacimiento de la primera empresa chilena libre de la soberanía estatal, criatura producto de todo su vigor.
[cita tipo=»destaque»]Y lo más preocupante es que, dado que Julio Ponce Lerou es un tremendo animal de poder, probablemente no se perderá la oportunidad única de tomarse “la foto” al momento de la firma del acuerdo entre su empresa y Codelco, triunfo estratégico que podrá lucir como un blasón, para llegar al negocio final con los chinos o norteamericanos, transformando a su hija predilecta, la empresa SQM, en princesa de la nueva corte político económica global. En su momento, igual que su suegro, Augusto Pinochet, se levantará de su silla y caminará con paso seguro al altar, oportunidad en la cual seguramente los contadores del Estado de Chile esconderán con cierto rubor sus libros de contabilidad, los actuales responsables de Corfo reconocerán su soledad e ingenuidad frente al acuerdo, y Ponce, denlo por seguro, verá orgulloso el nacimiento de la primera empresa chilena libre de la soberanía estatal, criatura producto de todo su vigor.[/cita]
Por cierto, se puede sostener que esta es una opinión como cualquier otra. Pero como quiera que se mire, Chile empezó a vender su poder normativo o regulatorio sobre un bien que la Constitución declara no concesionable, como lo es el litio, y, bajo el pretexto de mejorar su administración, omite valiosas consideraciones de soberanía y dignidad, y exactamente por un ingreso previsto total de 10 mil millones de dólares en 12 años, es decir, unos 830 millones anuales o 69 millones mensuales o 2 millones trescientos mil diarios, millones más o millones menos. El resto de los aspectos –no menores– no importan, esto es: ser SQM un negocio montado sobre los rastrojos económicos del Estado gánster que fue la dictadura militar (según lo escrito por Edgardo Boenninger), legitimado por la democracia a través de la concesión administrativa de 1993, y hoy liberado de soberanía con el actual acuerdo, pese a sus trapacerías éticas. No importa, porque el acento está puesto solo en la contabilidad.
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, dice un conocido aforismo jurídico. Pues bien, toda la actividad política depredadora de SQM; las invenciones jurídicas para quedarse con el control de la empresa; la lesión a minoritarios; la compra de parlamentarios de izquierda, centro y derecha; el sostenimiento de lobbistas y la corrupción sistémica de la ética pública y empresarial, seguramente seguirán el curso de lo principal. Así al menos queda esbozado –o explicitado según el caso– por las declaraciones y vocerías públicas de instituciones y personas con representación política.
De esta manera adquieren sentido lo que hace o hará el ministerio público en las aristas SQM del financiamiento ilegal de la política, incluida la responsabilidad penal de la empresa. También las omisiones del fiscal nacional a la hora de no pelear su competencia constitucional como responsable de la acción penal pública frente al SII; las presiones ejercidas desde La Moneda hacia este último organismo por el tema, y las omisiones del propio Congreso Nacional, juez y parte del escándalo de las platas políticas.
Queda para el anecdotario histórico si las infracciones de SQM al contrato de 1993 –administrativas, ambientales, de información productiva, de elusión tributaria– permitían que se caducara su concesión, debido a la reiteración por años de tales faltas. Lo mismo que si su actuar doloso y corruptor frente al sistema político en procura de poder y ganancias –just bussines– era un agravante de lo anterior, que lo hacía no rehabilitable para contratar con el Estado.
Por último, flotando queda la pregunta de si Chile y su institucionalidad no serán simplemente un tigre de papel, o todavía alguien quiere y puede agriar la sopa, más allá de los reclamos de la sociedad civil.
